¡Silencio!: Represión más allá de las fronteras

El secuestro de un vuelo comercial por parte del gobierno bielorruso de Alexandr Lukashenko para poner bajo custodia a Roman Protasevich forma parte de métodos de gobiernos para callar a opositores

¡Silencio!: Represión más allá de las fronteras
Miembros de la comunidad bielorrusa, en Varsovia, Polonia, en una manifestación con la líder opositora Svetlana Tijanovskaya, el pasado jueves 3 de junio. Foto: Czarek Sokolowski/ AP.
Mundo 07/06/2021 02:45 Inder Bugarin / Corresponsal Actualizada 18:38
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Bruselas.— El secuestro del vuelo comercial FR4978 por parte del gobierno del presidente bielorruso Alexandr Lukashenko, para poner bajo custodia a Roman Protasevich, antiguo editor del medio digital Nexta, no fue un crimen aislado.

Decenas de regímenes en todo el mundo están empleando temibles métodos para silenciar a las voces opositoras que se encuentran en el extranjero.

Si bien no es una herramienta de hoy, el antiguo dictador libio Muammar Gaddafi solía perseguir a los opositores en el exilio, a los que llamaba “perros callejeros”, las acciones van en aumento y son cada vez menos discretas, exhibiendo tanto la brutalidad de los Estados como la incapacidad de la comunidad internacional por hacer valer los compromisos globales de los que supuestamente son parte.

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En una reciente investigación sobre “represión transnacional”, la organización Freedom House contabilizó 608 casos entre 2014 y febrero pasado.

Los incidentes habrían sido orquestados por 31 estados de origen y perpetrados en 79 países de acogida.

Las autoridades que dieron la orden lograron poner la mano encima a sus críticos en el extranjero mediante operaciones de secuestro, agresión, intimidación física, deportación ilegal o presunto asesinato.

Los investigadores de la organización estadounidense sostienen que aparentemente se trata de incidentes aislados; sin embargo, la realidad es que es una “amenaza perniciosa y omnipresente para la libertad y la seguridad humana”.

Las consecuencias van más allá de la agresión a la persona, puesto que el impacto sicológico de las acciones se propaga en el resto de la comunidad opositora, de ahí que los incidentes extraterritoriales contabilizados deben verse como la punta del iceberg de una problemática aún mayor.

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“Para millones de personas en todo el mundo, la represión transnacional no se ha convertido en una herramienta excepcional, sino en una práctica común e institucionalizada utilizada por decenas de regímenes para controlar a las personas fuera de sus fronteras”.

Un fenómeno “normal”

Sostienen que los incidentes registrados en los últimos siete años exhiben que la represión transnacional se está convirtiendo en un fenómeno “normal”.

También muestran cómo el repertorio de tácticas utilizadas contra los enemigos del Estado es cada vez más amplio, desde amenazas digitales, el uso de software espía y el abuso de la orden de entrega y captura de Interpol, hasta el acercamiento con las familias de los exiliados, y asesinatos por encargo.

Aunque en la mayoría de los casos, la cooptación de los gobiernos anfitriones es crucial para llegar a los exiliados y así facilitar su entrega ilegal al país de origen.

La organización que aboga por los derechos civiles señala que para ponerle alto a la represión transnacional no se necesitan de nuevos tratados, más bien restablecer las normas dirigidas a garantizar el debido proceso legal y castigar la violencia extraterritorial. La respuesta internacional ante estos acontecimientos suele ser el silencio, enviando a los perpetradores un sólido mensaje de impunidad.

Más allá de los daños causados a su imagen, hasta el día de hoy son pocas repercusiones para el estado saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul por un escuadrón especial de asesinos que llegó desde Riad.

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Si bien Estados Unidos implementó sanciones contra 17 ciudadanos sauditas por su papel en el asesinato de Khashoggi, el rey Salman bin Abdulaziz fue excluido de la lista a pesar de que la CIA aseguró que la muerte del informador fue por orden directa del monarca.

En julio de 2020, Reino Unido también introdujo sanciones selectivas similares contra 20 funcionarios sauditas involucrados en el asesinato, pero Salman bin nuevamente fue excluido. Al menos tres Estados del Golfo, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, colaboran con el régimen de Riad en entregas de ciudadanos sauditas.

Tampoco el gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha enfrentado sanciones por tener en curso lo que podría considerarse como la campaña de entregas más activa a nivel global.

Desde el intento fallido de golpe de Estado en julio de 2016, el gobierno de Erdogan ha perseguido “enemigos” en al menos 31 países de América, Europa, Medio Oriente, África y Asia. 

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La campaña se distingue por la capacidad del gobierno y sus servicios de inteligencia de persuadir a los países anfitriones para entregar a supuestos “criminales”. Freedom House identifica 58 entregas procedentes de 17 países, incluyendo Brasil, desde 2014, “aunque los casos documentados son con certeza un recuento insuficiente”.

Rusia también estaría actuando con cheque en blanco. De manera exitosa ha logrado privar de su vida a enemigos radicados en Ucrania, Bulgaria, Turquía, Alemania y el Reino Unido. El checheno georgiano Zelimkhan Khangoshvili fue asesinado en agosto de 2019 en un parque de Berlín, presuntamente por el servicio secreto ruso, mientras que los antiguos combatientes chechenos Ruslan Israpilov y Abdulwahid Edelgiriev perdieron la vida en Turquía en 2016 por miembros del servicio secreto ruso.

“El gobierno ruso lleva a cabo agresivas actividades de represión transnacional en el extranjero. Su campaña, que se basa en gran medida en el asesinato como herramienta, está dirigida a antiguos miembros de la comunidad y a otras personas que son percibidas como amenazas a la seguridad del régimen”, detalla el documento.

En África, el gobierno ruandés ha salido ileso de sus intervenciones extraterritoriales en al menos siete países desde 2014, incluyendo Kenia, República Democrática del Congo, Estados Unidos, Canadá y Australia.

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Uno de los eventos más emblemáticos fue el arresto del activista humanitario Paul Rusesabagina en Dubái en agosto del año pasado. Proyectado por Hollywood como héroe en la película Hotel Ruanda, por sus esfuerzos por salvar a cientos de tutsis del genocidio de 1994, Rusesabagina actualmente enfrenta cargos de terrorismo. En su exilio en Estados Unidos se caracterizó por ser un feroz crítico del presidente ruandés Paul Kagame.

Irán es otra nación que ha perpetrado acciones fuera de sus fronteras sin consecuencia alguna. La finalidad no es otra que eliminar a todo aquel que represente una amenaza para la República. Operaciones contra iraníes se han perpetrado en al menos nueve países de Europa, Medio Oriente y Norteamérica.

Hay una intensificación en las operaciones en Europa y Turquía, sumando cinco asesinatos o intentos de muerte en tres países desde 2014, y al menos dos operaciones frustradas.

Entre los casos se encuentra el de Mohammad Reza Kolahi Samadi, un refugiado que vivía en los Países Bajos desde 1981, y asesinado frente a su casa en Almere en 2015; así como el del periodista Ruhollah Zam, secuestrado en Irak en 2019 para ser ejecutado al año siguiente tras un breve juicio.

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En América Latina está el caso de Nicaragua, en donde el ejército persigue más allá de las fronteras a opositores que participaron en las protestas contra el gobierno en 2018.

El gobierno de Venezuela también persigue a exiliados en el extranjero: en 2014 logró la deportación “ilegal” de Colombia de dos líderes de la oposición, Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles Sguerzi, “desde entonces, el régimen no ha logrado que otros disidentes regresen al país o sean detenidos a solicitud del gobierno, a pesar de los intentos”.

Entre otras naciones involucradas en operaciones extraterritoriales para callar a los críticos figuran Tailandia, Laos, Vietnam, Paquistán, Corea del Norte, India, Kazajistán, Uzbekistán y Azerbaiyán.

Para Freedom House, sólo en el caso chino la comunidad internacional comienza a alzar la voz. El documento afirma que el Partido Comunista Chino es autor de la campaña represiva transnacional más sofisticada y completa en el mundo. Está dirigida contra múltiples minorías étnicas y religiosas, disidentes políticos, activistas de derechos humanos, periodistas y antiguos miembros del gobierno acusados ​​de corrupción.

La organización contabiliza 214 casos, aunque considera que sólo es una fracción de los incidentes reales, y estima que las tácticas represivas estarían afectando a millones de chinos residentes en todos los continentes.

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