¿Qué tratados viola la Reforma Eléctrica?

Los textos del T-MEC y el TIPAT incluyen cláusulas contra el trato diferenciado a empresas y acceso a mercados, entre otros

¿Qué tratados viola la Reforma Eléctrica?
De acuerdo con expertos, de aprobarse la iniciativa de reforma eléctrica, México incumpliría tratados, lo que le obligaría a pagar indemnizaciones millonarias. Foto: Archivo. El Universal
Mundo 08/11/2021 02:04 Ivette Saldaña Actualizada 03:24
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La iniciativa de reforma eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador va en contra de la letra de tratados comerciales internacionales, de manera que pueden esperarse litigios por diversas vías, coinciden expertos.

Los textos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, también llamado CPTPP o TPP-11) especifican claramente los compromisos en los cuales el gobierno mexicano puede caer en incumplimiento si es que se aprueban los cambios al marco legal con los que se pretende limitar la participación del sector privado en la industria.

Para el jurista, panelista en casos de comercio exterior y expresidente del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ricardo Ramírez, hay muchas preguntas que debe responder el gobierno mexicano para demostrar que su reforma no es violatoria.

Por ejemplo, cuestiona, “¿no será violatorio del compromiso de trato nacional el que haya un trato distinto hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otro para los generadores extranjeros, según lo previsto en el capítulo 14 y 15 el T-MEC?”.

Otra duda clave, explica a EL UNIVERSAL, es “¿cómo se va a asegurar que no se cometan actos caprichosos contra las plantas generadoras del sector privado por parte de la empresa del Estado al desaparecer los órganos reguladores?”.

México se comprometió también en el TIPAT a un grado de apertura en el sector eléctrico.

Ante ello, añade Ramírez, “¿cómo se puede reservar al Estado la generación eléctrica, cuando ya se consolidó la apertura en el T-MEC y en el TIPAT?”.

El artículo 14.12 del texto del T-MEC se refiere al respeto a las inversiones y al trato nacional, mientras que el artículo 15.7 tiene que ver con el trato que se debe dar a los inversionistas extranjeros del sector servicios, menciona el experto.

En tanto, el artículo 32.1 establece las disposiciones específicas sobre comercio transfronterizo de servicios, inversión y empresas de propiedad del Estado y monopolios designados para México, y en él se establece que no se pueden tomar medidas más restrictivas a las que se consolidaron en el momento en que inició la vigencia del tratado.

“México se reserva el derecho de adoptar o mantener una medida con respecto a un sector o subsector para el cual México no haya tomado una reserva específica en sus Listas a los Anexos I, II y IV de este Tratado, sólo en la medida en que sea compatible con las medidas menos restrictivas que México pueda adoptar o mantener conforme los términos de las reservas aplicables y las excepciones a obligaciones paralelas en otros tratados comerciales y de inversión que México ha ratificado antes de la entrada en vigor de este Tratado, incluido el Acuerdo sobre la OMC, sin importar si esos otros tratados han entrado en vigor”, dice el texto del T-MEC.

Por su parte, la International Chamber of Commerce México (ICC México) asegura que el gobierno mexicano no solamente irá en contra del T-MEC con la iniciativa de reforma eléctrica, pues los inversionistas pueden demandar al gobierno mexicano a través de lo que fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De esta forma, se puede presentar un litigio en contra del gobierno mexicano vía el TLCAN, T-MEC, e incluso por los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, o acudir al mecanismo de arbitraje del Banco Mundial (BM).

La ICC México afirma que, “en el plano internacional, la iniciativa violenta principios insertos en los instrumentos internacionales que incluyen trato nacional, nación más favorecida, acceso a mercados, requisitos de desempeño y presencia local, asistencia no comercial”.

También incumple “medidas disconformes y comercio transfronterizo de servicios, inversión y empresas de propiedad del Estado y monopolios designados, entre otros, todos diseñados para prevenir acciones arbitrarias de los Estados Parte, que afecten el comercio y las inversiones de sus socios comerciales”.

El organismo empresarial destaca que la reforma eléctrica, como todas las demás, está “obligada a tutelar los derechos humanos de los mexicanos a un medio ambiente sano, a la salud y a la participación”.

Esos derechos están protegidos por el reciente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, que garantiza el derecho humano a la participación y la consulta.

Sin embargo, “tanto el gobierno federal como el Congreso de la Unión han sido omisos” a estos temas de derechos humanos y respeto al medio ambiente, señala ICC México.

Los incumplimientos pueden llevar a que México deba pagar indemnizaciones millonarias, pero también se abre la posibilidad de que se le impongan aranceles a cualquiera de los productos mexicanos de exportación, advierte el exjefe negociador del T-MEC por parte del gobierno mexicano, y actualmente socio de la consultora AGON, Kenneth Smith.

Lo anterior, explica, debido a que dentro del tratado se estableció que ante un incumplimiento se puede abrir un panel que puede terminar con un fallo para imponer represalias, es decir aranceles a cualquier producto.

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