Pobreza y vulnerabilidad, la verdad tras los incendios de edificios en EU

Estos “accidentes” afectan sobre todo a población en riesgo, de bajos recursos y minorías, que viven en espacios sobrepoblados

MEMORIAL
Memorial dedicado a las víctimas del incendio de un edificio en el distrito del Bronx, en Nueva York. Foto: Seth Wenig. AP
Mundo 14/01/2022 04:08 Víctor Sancho / corresponsal Actualizada 08:15
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Washington. En menos de una semana, Estados Unidos vivió dos de los incendios en viviendas más mortales de las últimas décadas, dos sucesos fatales que además de la tragedia tienen un punto en común: sucedieron en edificios ocupados por familias de rentas bajas. Este elemento, para muchos, es clave para entender el porqué de lo que pasó, dejando en evidencia la situación de vulnerabilidad e inseguridad en la que millones de personas en la Unión Americana viven, víctimas de un sistema de vivienda insuficiente. 

En el fuego del edificio del Bronx (17 muertos, incluyendo ocho niños, con todavía muchos heridos de gravedad en el peor incendio de las últimas décadas en Nueva York), el sistema de alarmas y de puertas antifuego parece que no funcionó y está siendo investigado. Algunos de sus residentes, como Dana Nicole Campbell, aseguró que normalmente las alarmas suenan cinco o seis veces al día y por tanto nadie les hace caso.  

En el incendio en Philadelphia (12 muertos, entre ellos nueve menores), la casa solo tenía un extintor en todo el edificio y no tenía aspersores, detectores de humos o escalera de incendios. 

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“En el año 2022 nadie debería morir en un incendio. La razón por la que hay gente que muere en fuegos en 2022 es porque la conversación es sobre calentadores rotos y no sobre quienes únicamente tienen acceso a vivienda que es intrínsecamente inseguras”, escribió en Twitter la periodista Jessie Singer. 

Singer está por publicar el libro ‘There are no accidents: the deadly rise of injury and disaster -who profits and who pays the price’ (No hay accidentes: el aumento mortal de lesiones y desastres; quién se beneficia y quién paga el precio), donde (entre otros) sale al paso de las voces que definen sucesos como estos incendios como “accidentes”, cuando -casualmente- es habitual que solo afecten a poblaciones en riesgo, de bajos recursos y minorías; y cuando además son temas fácilmente prevenibles con mejor actualización, mejoras, reparaciones y cuidado de instalaciones y condiciones de vivienda. 

“Hay muchas cosas erróneas con esa palabra (accidente) y sus connotaciones de casualidad e impredecibilidad”, escribió Singer en una columna en The Washington Post. “Si nos fijamos en quién murió en el incendio, y quiénes son asesinados en fuegos ‘accidentales’ en los Estados Unidos, queda claro que no es un accidente. Es un fallo de funcionarios de gobierno y propietarios corporativos en la seguridad de vivienda, especialmente en gente de color”, expuso. 

La relación entre pobreza y riesgo de ser víctimas de incendios es reconocida, está documentada y probada. “Prácticamente todos los estudios de las características socioeconómicas han demostrado que los niveles más bajos de ingresos están relacionados directa o indirectamente con un mayor riesgo de incendio”, se recoge en el estudio del gobierno federal ‘Factores socioeconómicos y la incidencia del fuego’, publicado en 1997 pero que sigue vigente en el análisis. 

“No podemos esperar encontrar la pobreza identificada como un factor que contribuyó a un incendio en el hogar en los informes de investigación de incendios, pero su influencia es bastante real”, apuntan desde la National Fire Protection Association (NFPA), en su informe ‘Poverty and the risk of fire’ (Pobreza y el riesgo de incendios) publicado el año pasado. 

En el que sucedió en el Bronx, la causa del fuego pone en evidencia uno de los principales problemas: la pobreza energética en la que muchas personas están obligadas a vivir, ya sea por paupérrimo aislamiento térmico o poca capacidad de calefacción; ante el invierno se ven obligadas a poner calefactores externos, y con eso hay más riesgo de que una falla provoque la chispa de un incendio. Según registros municipales, en ese edificio eran comunes las quejas por falta de calefacción, radiadores que no funcionaban y puertas que no cerraban correctamente. 

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El uso de calefactores está probado en estudios que está directamente relacionado al lugar de residencia: cuándo más pobre el barrio, más necesidad de medidas supletorias de calor. 

En la casa de Philadelphia, por su parte, se descubrió que vivían 18 personas en una vivienda de cuatro habitaciones que no cumplía con los mínimos de seguridad, poniendo en evidencia otra de las consecuencias de la pobreza: la sobrepoblación de espacios, haciéndolo más riesgoso. 

El propio estado de Nueva York, en su página web oficial, reconoce que los fuegos en espacios residenciales impactan de manera “desproporcionada” a poblaciones vulnerables, incluyendo minorías y adultos mayores. “Hay un incremento de las tasas de incidencia en fuegos y muertes asociadas con poblaciones de bajos ingresos, aquellos que viven bajo el umbral de pobreza”, recoge el portal. Los registros de incendios mortales en residencias son casi el doble entre comunidades de minorías que entre la población blanca. 

“Los factores asociados con la pobreza y el riesgo elevado de incendio incluyen la estabilidad familiar, el hacinamiento, el porcentaje de viviendas ocupadas por sus propietarios, viviendas antiguas, la proporción de viviendas desocupadas y la capacidad de hablar inglés”, recoge el informe de la NFPA. 

A eso también hay que añadir la dificultad de las poblaciones de ingresos bajos en las quejas y protestas, hecho que tiene muchas aristas y razones: el tener miedo por estatus migratorio, o por largas jornadas laborales para poder salir adelante, por ejemplo. Si llegan a presentar queja la respuesta es escasa o nula. 

La vulnerabilidad de la pobreza es evidente. Mucha población de ingresos bajos no puede permitirse vivienda de mayor coste a pesar de las deficiencias en seguridad, aunque sean requeridas por legislación local, estatal o federal. La falta de renovación hace estas viviendas más baratas, y por tanto más asequibles y habitables para población de bajos ingresos. Y, de ahí, el aumento del riesgo a estos mal definidos “accidentes” que serían prevenibles y evitables. 

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