Bruselas.— El poner a circular entre la población mercancía falsa decomisada, como juguetes, ropa y aparatos eléctricos supone un riesgo para la salud pública, alerta Pedro Duarte, jefe del proyecto IP Key América Latina implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
También va en perjuicio del fomento de la creatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico, al tiempo que vulnera los intereses legítimos de los operadores de las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual, como marcas y patentes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno afina una reforma administrativa para que todo lo que se confisque llegue a manos de las personas más pobres en lugar de que terminen en los incineradores. Duarte asegura que la organización no tiene la capacidad de comentar las decisiones tomadas por otros países y, por tanto, no están en condición de hacer una valoración sobre esa iniciativa.
No obstante, señala a EL UNIVERSAL los riesgos de repartir los bienes decomisados en zonas pobres. “Se ha demostrado que los productos falsificados pueden tener efectos peligrosos y perjudiciales para la salud y la seguridad de los consumidores”, afirma.
“Tras analizar los datos aportados por las autoridades de vigilancia del mercado, la EUIPO ha documentado los peligros para la salud y la seguridad de los consumidores derivados de los productos falsificados, como juguetes, ropa, aparatos eléctricos y otros bienes de consumo comunes (...) Todos los consumidores, indiferentemente de su situación económica, deben estar protegidos de los productos falsificados y para ello estos productos tienen que ser retirados del mercado”.
Habla de la importancia de proteger la propiedad intelectual, así como las implicaciones a la economía nacional que tiene el tolerar la venta de mercancías falsas, una actividad asociada a la delincuencia organizada. “Nuestros estudios confirman que los delitos contra la propiedad intelectual están vinculados al crimen organizado. Las pruebas han confirmado la implicación entre los delitos contra la propiedad intelectual y otros delitos, como el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, el fraude y el blanqueo de capitales”.
Afirma que la propiedad intelectual desempeña un papel muy importante a nivel socioeconómico, al ser fundamental en el fomento de la creatividad, la innovación y el desarrollo tecnológico. Hace referencia a un estudio realizado en 2019 por la EUIPO, en colaboración con la Oficina Europea de Patentes (OEP), el cual determinó que la contribución total de los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual (DPI) a la economía de la UE representa aproximadamente 45% del Producto Interno Bruto (PIB) y 29% del empleo.
En el caso de México, dice que los sectores que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con patentes, diseños industriales, marcas e indicaciones geográficas generan 47.8% del PIB (24.2 mil millones de pesos) anualmente y representan 17.6 millones de empleos (33.6% del total de los puestos de trabajo) con un salario 10.7% más elevado que en otros sectores. En el caso de la industria manufacturera, ésta llega a alcanzar 18.1% del total de empleos.
Los productos falsificados representan 5.8% de las importaciones de la UE, equivalente a 119 mil millones de euros; su comercio en 11 sectores genera pérdidas para las empresas europeas y el fisco por 83 mil millones y 15 mil millones de euros, respectivamente. Duarte está convencido de que el fortalecimiento de la lucha contra la piratería ayudaría a acelerar la recuperación económica ante la crisis por la pandemia. “Evidentemente, entre otras muchas estrategias que se requiere llevar a cabo para la recuperación de las economías, la lucha en contra de la piratería y las falsificaciones constituye una muy importante (...) De cara al futuro, los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual en general, y las Pymes que están innovando con nuevas tecnologías en particular, pueden esperar desempeñar un papel crucial para sacar a la economía europea de la crisis posterior a la pandemia”.
Para el analista, los delitos de propiedad intelectual deben considerarse una prioridad y verse en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.
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