San José. – La vieja ruta de cárcel o exilio impuesta en los siglos XX y XXI por las dictaduras de derecha o de izquierda en América Latina y el Caribe para cualquiera que se atreva a cuestionarlas se repite—y otra vez en los últimos 52 meses—en Nicaragua, pero ahora la amenazante oferta está en la mesa de un jerarca católico nicaragüense: monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa.
Ante la honda división que sufre la cúpula católica de Nicaragua en su nexo con el gobierno—un sector abiertamente enfrentado, otro sometido a la timidez y extrema cautela y uno en prolongado silencio—, el presidente de ese país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aprovecharon y ordenaron a sus fuerzas policiales desde el 5 de agosto anterior recluir a Álvarez en casa por cárcel o arresto domiciliario.
En un caso signado por el secretismo del gobierno y del episcopado, la situación parecería un choque específico y particular del régimen con Álvarez, pero en el trasfondo emergió lo que sería un diferendo para dirimir el futuro de los vínculos de Ortega y Murillo con la dirigencia católica: sojuzgada y callada, encarcelada o desterrada.
También lee: Castillo, ¿la familia criminal de Perú?
“Los Ortega Murillo siempre han aplastado, de una u otra forma, toda expresión que vaya en contra de su régimen, de su poder, de su riqueza y de sus interese”, afirmó el abogado nicaragüense Álvaro Leiva, secretario general de la (no estatal) Asociación Nicaragüense Pro—Derechos Humanos (ANPDH) y en el exilio en Costa Rica.
“Se acomodan y callan solo aquellos que viven sometidos por miedo o los que son cooptados por la dictadura, para, a cambio de su silencio y sometimiento, tener acceso a una vida de lujos y comodidades, pero despojada de dignidad”, dijo Leiva a EL UNIVERSAL.
Los informes de que el desenlace está entre exilio o prisión fueron compartidos a este diario por fuentes opositoras de Nicaragua.
Retención
En compañía de cinco sacerdotes, dos seminaristas, un corista y dos camarógrafos, Álvarez está retenido en la Curia Episcopal de la ciudad de Matagalpa, capital del norcentral departamento (estado) de Matagalpa.
La pareja presidencial ordenó rodear la Curia con efectivos policiales para impedir el ingreso de alimentos, medicinas y artículos de sobrevivencia básica y la salida de Álvarez o de sus acompañantes, en una maniobra de asfixia que presuntamente obligará al obispo a decidir: si sale de la sede religiosa será rumbo al exilio o a la cárcel.
El régimen acusó a Álvarez de “organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad” para “desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
El acoso al prelado recrudeció el primero de agosto anterior, cuando el gobierno clausuró 10 radioemisoras católicas de Matagalpa al aducir que perdieron las licencias.
El cierre provocó fuertes protestas en Matagalpa y la policía respondió con gases lacrimógenos, arrestos y represión. La puntería se concentró en Álvarez, enfrentado al régimen.
En varios mensajes, Álvarez negó que las radioemisoras carecían de permisos, insinuó que el objetivo gubernamental fue “a propósito cerrar nuestros medios de comunicación” y advirtió: “Nos han cerrado todas nuestras radios. Pero la Palabra de Dios, no la callarán”.
También lee: Incendios arrasan en Francia; UE, al rescate
Al catalogar a Álvarez de “fariseo”, el nicaragüense Moisés Pastora, defensor de Ortega y Murillo en los medios digitales del gobierno, aseguró que en Álvarez identifica “a un traidor de su propio país”.
“Es ver en él a un adulador del imperio (estadounidense) que le paga para hacer lo que hace no como obispo sino como mercenario”, añadió.
El gobierno instaló el 4 de este mes un contingente policial en el portón de la Curia e impidió la salida de Álvarez y al día siguiente ejecutó el arresto domiciliario, en la continuidad la hostilidad oficialista hacia las autoridades católicas en más de cuatro años.
La crisis estalló en abril de 2018 con masivas protestas antigubernamentales que, tras tildar a Ortega y Murillo de dictadura dinástica, exigieron democracia y libertad y causaron una violenta respuesta oficial que dejó más de 300 muertos, miles de heridos y centenares de heridos. El dúo gobernante negó haber reprimido y acusó que sufrió un intento terrorista de golpe de Estado promovido por Estados Unidos con los opositores.
Con unos 180 reos políticos (en prisión o arresto domiciliario), centenares de dirigentes opositores en el exilio y miles de migrantes irregulares nicaragüenses en el exterior, la oposición quedó fuera de la contienda electoral de noviembre de 2021 en la que Ortega y Murillo se reeligieron para gobernar al menos hasta 2027 y completar 20 años de gestión.
Los comicios fueron calificados, dentro y fuera de Nicaragua, como farsa, pero el gobierno defendió su legitimidad y definió a los presos de “hijos de perra” al servicio de EU.
Asedio a religiosos
Entre otros hechos, el arzobispo polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico (embajador de la Santa Sede) en Nicaragua desde 2018, fue expulsado el 6 de marzo anterior por Ortega y Murillo por pedir la libertad de los presos políticos nicaragüenses.
El régimen detuvo este año a dos sacerdotes nicaragüenses. El cura Manuel García fue condenado en junio a dos años de cárcel por amenazas con arma blanca a cinco personas y a una multa. Monseñor Leonardo Urbina fue detenido en julio anterior por el presunto delito de violación sexual y lesiones sicológicas a una menor de edad.
En junio pasado, el gobierno clausuró la Orden de las Misioneras de la Caridad Madre Teresa de Calcuta al aducir que incumplió la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En julio, 18 misioneras fueron expulsadas a Costa Rica y, según el gobierno, carecían de permisos para sus tareas.
Migrar al exterior fue la opción para numerosos religiosos católicos nicaragüenses, como la que monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, siguió en 2019 porque, al permanecer en Nicaragua, decidió su destino frente a la vieja doble ruta: cárcel o destierro.
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.