San José.— “Cuidar de la Madre Tierra es urgente porque el tiempo corre en nuestra contra. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y la humanidad en general deben disfrutar de un medio ambiente sano, limpio, digno y seguro”, exigió Joselim, peruana de 17 años.
“El cambio climático está afectando a nuestro derecho a la salud de muchas maneras (…) muertes y enfermedades por olas de calor extremo, tormentas e inundaciones, contaminación tóxica del aire, sequías, escasez de alimentos, propagación (…) del cólera y del dengue y graves infecciones por el aumento de enfermedades animales que se transmiten a las personas”, denunció Camila, salvadoreña de 14.
Ambas llevaron ayer las voces de malestar de millones de niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por la crisis climática, provocada por la intensificación del efecto invernadero ante las emisiones industriales por la quema de combustibles fósiles y otros factores. “Todo esto (…) genera pobreza y desplazamientos”, narró Camila, de la (no estatal) Red Latinoamericana y Caribeña de Niñas, Niños y Adolescentes. “Respetar a nuestra Madre Tierra, preservarla y cuidarla”, pidió Joselim, del (no estatal) Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores.
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La Corte se enfrentó ayer en Brasil al agravamiento en 2024 de la emergencia climática versus el respeto a los derechos humanos, con el alegato de que América Latina y el Caribe deberán asumir “responsabilidad histórica menor” que los grandes países desarrollados por el masivo deterioro ambiental. La Corte debatió en Brasil una solicitud de opinión consultiva que Chile y Colombia le plantearon en 2023 acerca del impacto de la crisis climática “sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales, la naturaleza y la sobrevivencia humana en nuestro planeta”.
La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), recibió un pedido de Chile y Colombia para “aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el (…) derecho internacional de los derechos humanos”, ante “las afectaciones diferenciadas” ambientales. “Ambos países viven el desafío cotidiano de lidiar con las consecuencias de la emergencia climática, incluyendo la proliferación de sequías, inundaciones, deslaves e incendios (…). Dichos fenómenos ponen de manifiesto la necesidad de responder de manera urgente y sobre la base de (…) equidad, justicia, cooperación y sostenibilidad, con un enfoque de derechos humanos”, adujeron.
“Estas afectaciones al medio ambiente se extienden a lo largo y lo ancho de las Américas y del mundo, generando importantes impactos en los derechos de las personas y poniendo en riesgo a las generaciones futuras”, advirtieron.
En una de las sesiones que la Corte-IDH realiza en Brasilia del 20 al 29 de este mes, Joselim y Camila exhibieron el drama directo, en primera persona, del indiscriminado —sin diferencias de sexo o de edad — azote climático. (Los apellidos se reservaron por seguridad)
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Camila recordó que “la población infantil global se encuentra diariamente expuesta a niveles de material contaminado que exceden las pautas establecidas” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Tras destacar que “el cambio climático favorece la migración”, indicó que “cada vez son más las familias que migran junto con sus hijos e hijas por peligros relacionados con el clima”.
“Sólo en 2022 se produjeron 32 millones 600 mil nuevos desplazamientos internos [en todo el mundo] debido a las inundaciones, tormentas, sequías y perdidas de cosechas, acceso a servicios básicos. Todo esto favorece la transmisión de enfermedades”, precisó. Clamó por “un plan que atienda el impacto climático” y con presupuesto para comprar medicinas, abastecer centros de salud con insumos para enfermedades respiratorias, de la piel y alergias, entre otras.
“El cambio climático causará 250 mil muertes adicionales al año entre 2030 y 2050”, afirmó. Joselim describió que en la zona “amenazas climáticas y medioambientales, como los desastres y brotes de enfermedades, ocasionan que cada año se interrumpa educación de más de 37 millones de niñas, niños y adolescentes”.
“Esta cifra representa casi la mitad de 75 millones de los y las niñas, niños y adolescentes [en todo el mundo] cuya educación se ha interrumpido por una emergencia o una crisis. Se detiene porque el cambio climático no sólo interrumpe el acceso a la educación, sino que también a la capacidad de aprendizaje”, lamentó. Al plantear que “buscamos transformar un continente y un mundo con valores ambientales, respeto a nuestra Madre Tierra”, señaló que “exigimos el diálogo amigable con la niñez, desde nuestra lengua materna, respetando nuestras culturas e identidades. Buscamos no convivir en una sociedad con adulto centrismo”.
Abogó para que justicia ambiental y protección de derechos humanos estén “inextricablemente vinculadas” y por “vivir en comunidad de ayuda mutua y reciprocidad”, en respeto a la naturaleza.
Uno de los factores centrales expuestos en la audiencia de la Corte por los adultos fue la responsabilidad o la culpa por los conflictos ambientales, que se agudizaron sin cesar en el siglo XXI. “Los países que no causaron el problema pueden ayudar a la solución del problema”, argumentó el brasileño Luiz Figueiredo Machado, embajador para Cambio del Clima del Ministerio das Relaciones Exteriores de Brasil, en referencia a que las naciones latinoamericanas y caribeños “somos afectados, aunque tengamos una responsabilidad menor”.
En otra responsabilidad quedaron los países que, como los desarrollados o industrializados, “quemaron carbón, aceite y petróleo” a partir del siglo XIX, aseveró. Sin distingo de culpas, sugirió, persistirá “obligación de actuar” de todos los Estados.