San José - Tras ilegalizar en martes pasado a la Academia Nicaragüense de la Lengua en una decisión que impuso en la Asamblea Nacional (Congreso unicameral), el cuestionado gobierno de Nicaragua enfrenta ahora las acusaciones de que se enrumba hacia el totalitarismo y copia a Cuba: nada fuera del régimen, todo dentro del régimen.
La meta del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se cumple: la represión persiste, los políticos opositores están en el exilio o presos en cárceles nicaragüenses, los verdaderos partidos adversarios están paralizados o dejaron de existir, las organizaciones independientes o no estatales de la sociedad civil están en vías de desaparición y el libre ejercicio del periodismo está bajo constante amenaza de ataque.
Para agravar el panorama, la Iglesia Católica en Nicaragua, cuya jerarquía fue utilizada por la pareja gobernante en 2005 y 2006 para recuperar el poder en 2007, está bajo el acoso constante de las fuerzas policiales y paramilitares de Ortega y Murillo.
La receta que Cuba aplicó tras el triunfo revolucionario de 1959 de que “dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada”, comenzó a reproducirse con rapidez en Nicaragua, en especial a partir de que una ola de protestas antigubernamentales estalló en 2018 para exigir democracia y libertad y repudiar como dictadura dinástica a Ortega y a Murillo.
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Con el dominio del omnipresente Partido Comunista de Cuba (PCC), único legal en ese país, todo germen disidente fue enfrentado por la revolución cubana con cárcel a opositores o su expulsión al exilio, mientras que los que optaron por sobrevivir en la ilegalidad soportan el temor diario de estar bajo vigilancia y en riesgo de arresto.
“Objetivo del régimen Ortega-Murillo: desaparecer el espacio para la sociedad civil independiente”, denunció esta semana la (no estatal) Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), una instancia mundial con sede en París.
“El espacio para la sociedad civil en Nicaragua sigue reduciéndose con la cancelación arbitraria, en menos de un mes, de la personalidad jurídica de otras 177 organizaciones sin fines de lucro y fundaciones nicaragüenses”, describió.
En una declaración que envió a EL UNIVERSAL , la FIDH recordó el jueves anterior que desde diciembre de 2018 “las autoridades nicaragüenses han ilegalizado” al menos 336 organizaciones no gubernamentales, de las que 253 fueron “arbitrariamente cerradas” en 2022, con el pronóstico de que habrá 96 nuevas cancelaciones para completar 432 anuladas.
Las “cancelaciones” buscan eliminar toda visión social y política “que difiera” a la del régimen”, en un “acoso sistemático, característico de un Estado totalitario”, advirtió.
Ortega y Murillo, que siempre desmintieron la represión a sus opositores, adujeron que su gobierno sufrió en 2018 un intento terrorista de golpe de Estado de la oposición con apoyo de Estados Unidos, negaron ser una dictadura y aseveraron que las organizaciones ilegalizadas incumplieron con la norma de inscribirse como agentes extranjeros.
La crisis nicaragüense se agudizó con la reelección de Ortega y Murillo para gobernar al menos hasta 2027 en un cuarto periodo consecutivo, en unos comicios calificados como ilegítimos por instituciones externas y sin que los opositores pudieran participar por estar encarcelados.
El diputado nicaragüense Moisés Pastora, del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), escribió en El19digital, un medio del oficialismo, que los opositores son “mentes torcidas y divorciadas del mundo moderno que nos quieren poner los grilletes de la esclavitud con modelos prehistóricos y arcaicos”.
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Son “agentes, voceros y empleados del amo extranjero (EU)”, añadió.
¿Y México?
“¿Qué medidas concertadas podemos esperar para evitar que Nicaragua llegue a los extremos de Cuba? Nada”, lamentó el abogado chileno José Miguel Vivanco, consultor internacional de derechos humanos y ex director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), agrupación no estatal mundial de Washington de defensa de garantías civiles.
“El gobierno de México es el único que tiene peso y capacidad regional para poder liderar un esfuerzo por obligar a Nicaragua a transitar a la democracia, pero está liderado por Andrés Manuel López Obrador, que considera al régimen cubano como modelo y ejemplo para el mundo”, alegó Vivanco a EL UNIVERSAL.
López Obrador “es un gran admirador de la dictadura cubana”, por lo que “la tiranía de Ortega y Murillo puede seguir gobernando de manera arbitraria”, señaló.
La abogada nicaragüense Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del (no estatal y también ilegalizado) Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), aseguró, por su parte, que “Nicaragua ya está en un totalitarismo como Cuba. Lo que Ortega y Murillo hacen es característico de un régimen totalitario y un Estado terrorista”.
“Ya están ejecutando las cosas que solo un régimen totalitario realiza. Es un comportamiento irracional. Quieren profundizar cada día su centralización y usurpación definitiva del poder en todas sus expresiones y dimensiones”, relató Núñez a este diario.
“Saben que perdieron la posibilidad de resolver el problema que ellos mismos crearon y liquidan toda expresión visible de posiciones diferentes a sus estrategias contra la democracia. Ortega y Murillo ejecutan una política de tierra arrasada”, insistió.
Al preguntársele si el gobierno nicaragüense cae progresivamente a un aislamiento mundial, contestó que “en los organismos internacionales no existen instrumentos efectivos de sancionar con la capacidad de remover a Ortega y Murillo del poder que tienen usurpados”.
Apoyados en el mando que tienen sobre las fuerzas militares y policiales, el presidente y la vicepresidenta controlan los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, precisó. “Á nivel internacional no hay unidad de criterio contra el régimen”, lamentó, al reafirmar que Ortega y Murillo “le apuestan al modelo totalitario de Cuba”.
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