Bruselas.— La organización especializada en solución de conflictos, International Crisis Group, alerta en un informe sobre la posible infiltración del en las estructuras de poder durante los comicios intermedios en México.

Sostiene que mientras las distintas fracciones políticas tratan de conseguir votos desacreditando al bando opositor, “los grupos criminales del país compiten por instrumentalizar las elecciones para incrementar sus ganancias y poder.

“Los grupos criminales se han mantenido ocupados buscando potenciales aliados entre los futuros funcionarios, independientemente de su filiación política”.

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Asegura que la lucha entre las distintas agrupaciones criminales por conseguir una mayor influencia sobre el Estado, ha resultado en una ola de violencia electoral que al menos ha cobrado la vida de 89 personas.

“Es probable que la complicidad entre autoridades estatales y grupos ilegales continúe, provocando aún más derramamiento de sangre, si no se toman medidas para frenar la corrupción y la impunidad durante y después de las elecciones”.

El informe Violencia electoral e influencia ilícita en Tierra Caliente fue publicado por la organización con sede en Bruselas a cinco días de la jornada electoral más grande en la historia de México, en la que se decidirán 21 mil cargos.

Sostiene que los comicios se celebran en un ambiente político altamente polarizado, con partidos políticos débiles y en un contexto en el que la línea que separa al gobierno y el crimen organizado es cada vez más fina a causa de políticas de seguridad que perpetúan la violencia.

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“En el lado del gobierno, Morena, el partido de López Obrador que fue creado en 2014 para promover sus aspiraciones presidenciales, carece de cohesión y ha sido explotado por interesados que ven al partido como un vehículo útil para alcanzar el poder.

“Por su parte, los partidos de la oposición están estancados, con pocos líderes de peso y muchas fisuras internas”.

El documento fechado en Bruselas, Ciudad de México y Bogotá, está dividido en tres grandes capítulos; uno está dedicado a lo que representan los comicios para AMLO y su Cuarta Transformación, y otro a lo que se debe hacer para cortar los vínculos entre delincuentes y funcionarios.

Un tercer apartado está dedicado a exhibir la interacción entre la contienda electoral y la aparente corrupción poniendo como ejemplo más sólido la región de Tierra Caliente, en Michoacán, descrita como la más devastada por el conflicto, en donde grupos criminales rivales buscan obtener una ventaja competitiva al establecer pactos con aspirantes a elección popular.

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La investigación sobre la batalla que se libra en Michoacán está basada en conversaciones con miembros de alto rango de grupos armados y oficiales de seguridad, incluyendo miembros de las fuerzas armadas.

Entre las conversaciones, hay criminales que dicen disfrutar de “pláticas” de rutina con la policía estatal y los comandantes militares, “lo que lleva a acuerdos que incluyen el intercambio de inteligencia y la actuación conjunta contra otros grupos criminales. Contar con la participación de las fuerzas de seguridad del Estado, dijeron, puede inclinar la balanza a favor de una red armada u otra”.

El documento recuerda que los turbios acuerdos entre funcionarios del Estado y grupos criminales han sido parte de la historia de México, pero a medida que las bandas delictivas se fragmentan, esta relación, basada en transacciones, se ha vuelto cada vez más tóxica. “Contar con acceso al Estado mexicano es crucial para la supervivencia y expansión de los grupos delictivos”, indica.

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En sus conclusiones destaca que la promesa de AMLO de un liderazgo moral ejemplar y sus esfuerzos por concentrar el poder a fin de gobernar de manera más efectiva han demostrado ser ampliamente populares, pero sin los resultados esperados. “Hasta el momento, en gran medida, no ha logrado fortalecer un aparato estatal permisivo y fragmentado”.

Afirma que la solución incluye la adopción de políticas de seguridad adaptadas a los desafíos de cada región, el replanteamiento de la estrategia basada en el uso de la fuerza que tanto ha promovido EU, la limpieza de las instituciones locales y el impulso a programas que aborden los desafíos socioeconómicos. “Una solución rápida no es una opción”, puntualiza.