México se encuentra en el centro de la atención mundial. Pero no por lo que a los mexicanos —y seguramente al gobierno— le gustaría: no es por el Mundial, el regreso del Checo Pérez a la F1 o por sus destinos paradisiacos, sino por las extorsiones del narco, los desaparecidos, la violencia e inseguridad.
No es sólo que México llegue a los noticiarios internacionales por una bronca entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Es el gobierno de Donald Trump advirtiendo que los cárteles controlan el territorio; es Ted Cruz diciendo que “mejor cooperen por las buenas”. Es la Organización de Naciones Unidas, presionando al gobierno mexicano para que entregue información sobre el tema de los desaparecidos que permita definir si se trata ya de una práctica sistemática, generalizada, que merezca ser debatida por el pleno de la Asamblea General.
Los plazos se vencen. Después de que en abril el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) iniciara un procedimiento bajo el artículo 34 de la Convención y solicitara a México informar sobre los indicios existentes en torno a los desaparecidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum subrayó que en México no hay desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado y que éste está haciendo todos los esfuerzos para enfrentar al crimen organizado que, afirma, está detrás de las desapariciones.
La ONU reconoció los esfuerzos mexicanos, pero insistió en que existen indicios de que las desapariciones se han convertido en una práctica generalizada y, esta vez, lanzó un plazo: México tiene hasta el 18 de septiembre para entregar información, porque se aproxima la Asamblea General de la ONU y el comité quiere revisar los datos que envíe México para tomar una decisión acerca de si el tema va o no al pleno.
Apenas este domingo se realizaron en el país una serie de marchas, en el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, para reclamar al gobierno acciones más contundentes para localizar a los desaparecidos, para evitar que haya impunidad, para que los criminales que se llevaron a sus familiares rindan cuentas ante la Justicia.
El informe sobre Derechos Humanos que dio a conocer el Departamento estadounidense de Estado señala que, en el caso de México, no hay muchos cambios respecto del informe del año pasado. Entre esas cosas que no cambiaron, habla de “reportes creíbles de asesinatos arbitrarios o ilegales, desapariciones, tortura, tratamiento cruel” y de la falta de castigo a los responsables en un país donde, señaló, “la impunidad y tasas extremadamente bajas de enjuiciamientos permanecen como problema para todo tipo de crímenes, incluyendo vulneración de las libertades civiles”.
El senador Cruz no tuvo reparos en decir, durante su visita a México, que sí, entiende el “deseo de México... de proteger su soberanía”, para luego enviar un mensaje al gobierno mexicano: “Acepten nuestra oferta” de combatir a los cárteles “como amigos”. Una “advertencia” que se produce en vísperas de la primera visita, este miércoles, del secretario de Estado, Marco Rubio, al país, y que se suma también a la actualización de alertas de viaje de Estados Unidos a México donde, por primera vez, incluye la categoría de “amenaza de ataque terrorista” bajo la cual se encuentra, desde su punto de vista, la mayoría del país.
Las advertencias se acumulan y la paciencia, parece, se agota.
[Publicidad]