San José. – América Latina y el Caribe deberían buscar vías para juzgar a algunos de sus gobernantes en tribunales nacionales, regionales e internacionales por su débil respuesta al minimizar el impacto del coronavirus, por la corrupción que se desató bajo pretexto de compras estatales de urgencia para atacar la pandemia y por el abuso a los derechos humanos al amparo de las reglas de confinamiento social.
La sugerencia fue lanzada por expertos consultados por EL UNIVERSAL y confrontados a datos del mayor azote a la salud regional en más de 100 años: América Latina y el Caribe son hoy el epicentro mundial del Covid—19 luego de que el 25 de febrero de 2020 se confirmó en Brasil el primer caso.
Los 33 países latinoamericanos y caribeños, que el 13 de junio de 2020 llegaron a un millón 558 mil 369 pacientes y 76 mil 556 fallecidos, alcanzaron el 20 de este mes un acumulado de 27 millones 324 mil 121 enfermos y 867 mil 905 decesos, según cifras oficiales.
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“Esta es la zona más afectada porque los gobiernos no asumieron, con diligencia y responsabilidad, su gestión para evitar la propagación”, dijo el abogado colombiano Reynaldo Villalba, vicepresidente de la (no estatal) Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de París.
“Los estados nacionales deben responderle a la sociedad por su responsabilidad internacional por centenares de miles de muertes que pudieron evitarse. En cada país debiera denunciarse penalmente a los responsables”, explicó Villalba a EL UNIVERSAL.
Paralelo al asedio del SARS-CoV-2 (siglas en inglés de síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2), irrumpió la corrupción. Los escándalos por presuntos manejos ilícitos de recursos estatales para comprar y administrar ventiladores, vacunas, cubrebocas y otros insumos en negocios de emergencia estallaron en México, Costa Rica, Colombia, Perú, Panamá, Honduras y Guatemala, entre otras naciones.
Para el abogado panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho Constitucional de la (estatal) Universidad de Panamá, hay dos rutas para los reclamos: la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga por crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad y está en Holanda, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), máximo tribunal hemisférico y con sede en Costa Rica.
“Nuestros países carecen de los instrumentos más efectivos para enfrentar los desmanes perpetrados en los últimos 15 meses por esta empresa criminal conjunta que ha tenido la desfachatez, no solo de comerciar con la salud de los pueblos, sino de enriquecerse cada vez más por todos los medios a su alcance”, contestó.
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“Hay suficientes indicios de culpa para llevarlos a tribunales internacionales”, recalcó.
A juicio del brasileño Paulo Abrao, ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los procesos que llegarían a la CPI podrían vincularse más con “violaciones concretas en marcha decisivamente agravadas por omisiones” en el combate al virus, que con “casos propios y exclusivos” de la crisis.
Sin temor. “¡Hay que abrazarse! ¡No pasa nada!”, afirmó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en marzo de 2020.
El mandatario rechazó decretar urgentes medidas sanitarias de contención, prosiguió con su práctica de besar y abrazar a personas en sus actividades e invitó a los mexicanos a visitar sitios públicos.
Un informe hemisférico de la CIDH del pasado 16 de abril precisó que, en marzo 2020, “cuando otros países habían adoptado severas medidas restrictivas, en México se siguieron llevando eventos públicos multitudinarios”.
La estrategia de López Obrador “descartó la necesidad de implementar medidas coercitivas”, se alejó de un “enfoque punitivo”, priorizó la “concientización social voluntaria” y México ignoró “recomendaciones” internacionales sobre uso de cubrebocas, añadió.
López Obrador y sus colegas de Brasil, Jair Bolsonaro, y de Nicaragua, Daniel Ortega, fueron cuestionados con dureza por responder con lentitud o restar importancia e ignorar el peligro real de lo que el gobernante brasileño insistió en llamar “gripecita”.
Bolsonaro descartó el aislamiento y convocó a aglomeraciones. Ortega nunca aceptó un cierre de actividades. Los tres atribuyeron los ataques a intereses partidistas y defendieron su accionar.
La CIDH admitió “con preocupación” sobre discursos de autoridades brasileñas que, además de haber actuado contra los planes de contención, “indicarían intentos de propagación intencional del virus. Al respecto, la CIDH observó reportes sobre declaraciones de autoridades públicas que incentivarían aglomeraciones de personas”.
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“La irresponsabilidad del presidente resulta en más de 374 mil muertes en Brasil y en un caos social”, narró la brasileña Deysi Cioccari, politóloga, comunicóloga y académica.
¿Cuál presidente rechaza una vacuna para su pueblo? Desafortunadamente el de Brasil”, indicó Cioccari a este diario.
Por su lado, Abrao mencionó a este medio que Brasil abrió una indagación legislativa para evaluar “si hubo deliberada omisión del gobierno” al afrontar la enfermedad por su “postura pública negacionista” pese a alertas, estudios técnicos y propuestas internas y externas.
“Comprobada esta hipótesis, se podría establecer un nexo de causalidad entre los millares de muertes en Brasil, que están más altos que los promedios mundiales, con las actitudes del presidente y su gobierno”, aclaró.
La CIDH fustigó a Nicaragua por ser “omiso” con el distanciamiento para evitar la propagación y a Cuba por perseguir aperiodistas independientes (no oficiales) por denunciar cifras tergiversadas del régimen sobre el Covid-19, planteó. Antes de atenderla como asunto de salud pública, Venezuela la “asumió” como lío “de seguridad exterior” al militarizar fronteras, añadió.
La CIDH expresó “consternación” porque en Ecuador desaparecieron cadáveres y lamentó los arrestos ilegales ejecutados por policías y militares de El Salvador contra “múltiples personas” con el alegato de que violaron el toque de queda.
Los hospitales de Honduras “no contaban” con equipos de bioseguridad y camas suficientes y “muchos pacientes” debieron “esperar por horas en sillas antes de ser atendidos”, detalló.
Ningún gobierno aludido respondió todavía a la CIDH
“Hay gran responsabilidad en los gobiernos que no tomaron con seriedad el problema y son culpables de miles de muertes”, declaró a este periódico el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
“El sistema de justicia de cada país debe funcionar o, de lo contrario, acudir al sistema interamericano y al universal. Esto no debe quedar en impunidad, que le hace mucho daño a la democracia en América Latina y el Caribe”, advirtió.
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