Miami.— En el primer minuto de hoy entró en vigor la temida ley HB1718 en Florida, considerada como la más antiinmigrante jamás firmada en la Unión Americana. Las familias de indocumentados que debatían si quedarse o irse, ya no cuentan con tiempo de gracia. Otros cientos sí se fueron, se mudaron a estados más amigables, “se llevaron consigo su mano de obra, su entrega al trabajo y su amor a la familia y a la tierra donde vivían”, dice cabizbaja la activista Sonia Moreno, líder de Florida Immigrant Coalition (FIC). “Pero estamos en la lucha para los que se quedan y los que quieran volver”.
El gobernador Ron DeSantis firmó la ley antiinmigrante el pasado 10 de mayo, después de haber sido votada y aprobada en el Senado estatal. La fecha de entrada en vigor fue marcada para el día de hoy, 1 de julio. Durante 51 días organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes en colaboración con el Consulado General de México en Miami han estado informando y orientando a sus connacionales y de otras nacionalidades también.
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Orientación y demandas
“En un estado como Florida donde su población migrante es enorme, es muy sorprendente que esto esté ocurriendo”, dijo en exclusiva a EL UNIVERSAL el cónsul General de México en Miami, Jonathan Chait, “desde mayo, inmediatamente activamos -los grupos de información- buscando las comunidades más alejadas también, donde tenemos concentraciones de trabajadores agrícolas o de construcción o en turismo”. El programa que se creó en el consulado mexicano se llama ‘Conoce tus Derechos’.
Una de las apuestas de las autoridades de relaciones exteriores de México y de abogados especialistas en inmigración, junto con las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, es que las leyes federales de Estados Unidos logren frenar total o parcialmente el contenido y aplicación de la HB1718.
Para ello, el gobierno mexicano ha desarrollado una estrategia, la cual fue explicada a este medio por la directora General de Protección a Mexicanos en el Exterior, Vanessa Calva, quien se encuentra en Florida desde hace semanas, coordinando todo el esfuerzo para apoyar a los mexicanos migrantes.
“No somos directamente nosotros como autoridad -mexicana- la que está poniendo un recurso -legal- ante una corte, aquí en Estados Unidos”, explica la funcionaria. “Lo hacen justamente las organizaciones -proinmigrantes- que también tienen esta preocupación seria de este tipo de situación”, y recordó que en Arizona con la ley 1060 tuvieron que enfrentarse a una situación similar. “Vamos a estar acompañando a estas organizaciones -aquí en Florida- en estos esfuerzos”.
La punta de lanza para llevar a cabo varias de las demandas es la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). “Estábamos esperando que se llegara este día -que entra en vigor la ley HB1718- para comenzar a promover las primeras demandas”, explica a EL UNIVERSAL una vocera abogada de ACLU; “el proceso a partir de ahora tarda alrededor de 30 días y una vez archivada, comenzamos a pelear. Estamos buscando que un juez federal invalide la ley porque hay provisiones en ella que chocan con leyes federales”.
Muchos de los indocumentados que se quedaron lo hicieron precisamente con la esperanza de que la HB1718 sea congelada por algún juez federal, tal y como sucedió también en 1994 en California cuando el entonces gobernador Pete Wilson puso a consideración en las urnas, durante su reelección, una ley muy similar, la 187, y aunque fue aprobada por mayoría para su entrada en vigor, jamás pudo aplicarse porque la congeló una jueza federal y posteriormente fue desechada.
Ambición política
Para líderes comunitarios, esta ley “es una herramienta para construir un camino que gane adeptos y votos a favor de los conservadores republicanos”, explica a EL UNIVERSAL Soraya Márquez de Mi Familia Vota en Florida, “tenemos un gobernador -Ron DeSantis- con aspiraciones presidenciales que está tratando de enviar un mensaje muy claro a la extrema derecha, a través de este tipo de leyes, y que se identifican con este tipo de acciones. Lamentablemente esto es sólo el principio de muchas otras cosas que él va a querer hacer contra nuestras comunidades. Esta ley es como el detonante para Florida, de lo que pasó -en su momento- en Arizona y California, para crear un movimiento conservador antiinmigrante, especialmente en una época electoral”.
“El gobernador -DeSantis- hace esto por su ambición política desmedida”, dice la activista Moreno, “pero la realidad de sus acciones va a hacer que tope con pared. La mano de obra se está debilitando, los dueños de tierras y de constructoras tienen más miedo que sus propios trabajadores por el dinero que van a perder y así la bola de nieve que se va a ir haciendo más y más grande hasta caerle encima al gobernador”.
Desantis sueña con ser el presidente 47 de Estados Unidos, pero su mayor obstáculo lo tiene dentro de su partido. En este momento el gobernador de Florida se ubica en segundo lugar de las preferencias republicanas con un 22.4%, muy por debajo del favorito Donald Trump, quien goza de 53.2% y quien descubrió, en el inicio de su campaña presidencial de 2016, que el tema de inmigración y particularmente de la intransigencia contra los indocumentados mexicanos y latinoamericanos en general, es una plataforma mágica para ganar adeptos de millones de votantes.
“Si vemos esto -la actitud de DeSantis- como un timing muy cercano a los mismos objetivos políticos electorales -de Donald Trump- que tiene el gobernador de Florida”, señala la funcionaria mexicana Vanessa Calva. “De ahí que haya esta preocupación adicional, de cómo este tipo de legislación no nada más impacta lo que hemos platicado, también impacta la relación positiva entre México y Florida”.
Los números
De acuerdo con Migration Policy Institute (MPI), en Florida viven alrededor de 772 mil migrantes sin estatus legal, de los cuales, 455 mil forman parte de la fuerza laboral del estado. Es decir, 59% de la mano de obra de Florida ha sido amenazada con esta ley. “En el pecado lleva la penitencia, dice un dicho; DeSantis va a ser responsable de la crisis económica que se avecina en Florida por su culpa”, comenta Soraya Márquez; “y le va a suceder en plena campaña presidencial”.
El MPI confirmó a este diario que “tan sólo el primer año -de estar en vigor la HB1718- Florida perdería poco más del uno por ciento del Producto Interno Bruto”, lo que se traduce en poco más de 12 mil millones y medio de dólares”.
Visto por industria, los trabajadores agrícolas indocumentados de Florida representan 47% de la fuerza laboral; de la construcción, 24%; gestión de residuos, 17%; turismo y entretenimiento, 15%, y comercio y otros servicios, 17%.
La ley
La ley HB1718, en términos generales consiste en multas y penalizaciones más fuertes para todo tipo de compañías que contraten a indocumentados. Además, todas las empresas que cuenten con 25 o más empleados deben ejecutar la aplicación e-verify para confirmar el estatus de los trabajadores.
Hospitales y clínicas que aceptan seguros del gobierno federal o estatal deben solicitar el estatus de sus pacientes y aquellos que sean indocumentados, deben ser reportados a las autoridades de migración.
Ningún indocumentado puede procesar su licencia de conducir y algunos otros documentos estatales. Tampoco se reconocerá a indocumentados con licencia para conducir de otros estados de la Unión Americana.
La nueva ley no sólo afecta a los indocumentados, sino "a cualquier persona que tenga alguna relación directa o indirecta con ellos”, explica el abogado José Jordán, especialista en inmigración. “Uno de los puntos de esta ley habla sobre quienes transporten hacia Florida a indocumentados o dentro del estado, serán considerados criminales en tercer grado y podrían alcanzar hasta cinco años de cárcel y 5 mil dólares de multa por indocumentado transportado”.
Quizá una buena noticia sea que varios condados de Florida han declarado que, al menos de momento, no van a poner en marcha la nueva ley debido a los gastos que implica. “El gobernador DeSantis quizá no se detuvo a checar cuánto iba a costar aplicar su ley y francamente es muy costoso”, comenta el abogado Jordán; “solamente tener encarcelada a cada persona que fuera señalada como transportadora de un indocumentado, aun cuando se tratase de su abuelita o de su papá, resulta carísimo”.
De acuerdo con el análisis de MPI, una persona condenada en Florida, le cuesta al estado entre 152 mil dólares y $481 mil dólares, según sea el grado que se le considere. Por ejemplo, una persona detenida por transportar de uno a cinco indocumentados, se le considera un delito grave de tercer grado. Pero si son más de cinco o es recurrente, se le considera delito grave de segundo grado.
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No están solos
Otro respiro dentro del infierno que los indocumentados están comenzando a vivir en Florida es que la gran mayoría de los departamentos de Policía estatal, del condado y locales han declarado que no van a llevar a cabo ninguna solicitud de identificación de estatus a ninguna persona y menos aún hacer algún reporte al US Immigration and Custom Enforcement (ICE).
“Al final de cuentas, las funciones migratorias no le corresponden a la policía. Ya hay departamentos de policías y alguaciles que nos han manifestado que no van a hacer las funciones de agentes de inmigración”, comenta el cónsul General de México en Miami, Jonathan Chait. “Con la ley activada tendremos que ver cómo se activan las diferentes policías, porque en sí, esa -detener a un inmigrante por su estatus legal- no es función de la policía y eso, en un momento dado también podría hacer parte de las demandas”.
Adicionalmente hay que considerar que, más allá de no ser molestado por la autoridad en la calle, “es muy importante que toda persona que vive en Florida pueda pedir ayuda a la policía -o a cualquier autoridad estatal o local- sin el miedo de ser detenido” subraya, el especialista en inmigración José Jordán.
“Mucha de nuestra gente cree que, por esta ley, ya no puede ir al médico o que no tiene derecho a la salud; eso es falso”, dice la líder Moreno. “Están desinformados y temerosos y precisamente estamos muchos de nosotros diciéndoles que no dejen de ir al medico ni interrumpan sus tratamientos y menos los de sus hijos. Tienen derechos a pesar de todo y los vamos a hacer valer”.
Los indocumentados de Florida, sus familiares y amigos, no están solos. “Esta ley ha levantado la voz de decenas de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes en este país”, comenta Angélica Salas, directora Ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA por sus siglas en inglés) desde Los Angeles, California, y asegura que todo esfuerzo lícito para defender a los migrantes y detener las ambiciones de DeSantis son válidas.
“Este país -Estados Unidos- ha visto días muy oscuros durante la presidencia de Donald Trump y somos ahora testigos del dolor y la división provocada en la Florida por el gobernador Ron DeSantis. El poder está en los votantes y sus familias, con este conocimiento y con firmeza, activemos nuestro poder de voto y evitemos que se repita en 2024 una mancha histórica bajo el mando de alguno de ellos”, pidió Angélica Salas.
Medio centenar de representantes de diversas organizaciones proinmigrantes de California y que pasaron por Nuevo México, Texas, Louisiana e Ilinois, llegaron a Florida el 30 de junio para sumarse a las diversas protestas que se llevarán a cabo por la entrada en vigor de la ley HB1718