La polémica presencia de la DEA en América Latina

Con 40 oficinas en la región, la Agencia Antinarcóticos ha buscado eficientar la lucha contra la droga, pero ha terminado enfrentada a algunos gobiernos y con resultados dudosos

Así ha sido la presencia de la DEA en América Latina
Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Mundo 18/12/2020 03:00 José Meléndez / corresponsal Actualizada 06:01
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San José.— Las tres enormes letras en blanco o en amarillo en un fondo negro o azul les sobresalen a los agentes en la espalda de sus chalecos antibalas o chamarras y en la parte frontal de sus gorras: DEA.

Pistola en ristre, en camionetas blindadas y con equipos de comunicación, los oficiales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) a veces son discretos para dar órdenes y coordinar las batidas contra el narcotráfico… fuera de suelo estadounidense y en desafío a la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe.

Cumplidas las misiones, aparentan replegarse para dejar el escenario a disposición de las autoridades nacionales, pero la presencia de efectivos estadounidenses o de nacionales reclutados por la DEA, con mando y dominio, también a veces molesta e incomoda a los cuerpos policiales y judiciales de los países.

El arresto en Estados Unidos, el pasado 15 de octubre, del exsecretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, por acusaciones relacionadas con narcotráfico, generó gran malestar en México, por no haber sido informado de que existía una pesquisa de la DEA contra el general.

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Aunque Cienfuegos fue devuelto a México el 18 de noviembre, la respuesta del gobierno mexicano llegó de la manera de una reforma a la Ley de Seguridad para restringir las operaciones de los agentes de la DEA en el país, retirarles la inmunidad y obligarlos a compartir la información que recaben en el ejercicio de sus funciones en México con el gobierno de esta nación, se les prohíbe realizar arrestos, se les exige permiso de portar armas y se les puede expulsar si violan la ley y alertarlos que carecen de inmunidad.

La DEA tiene un historial de polémicas en Latinoamérica.

El 21 de julio de 2009, los medios guatemaltecos publicaron en sus portadas: “Fracasa gran operativo de la DEA en Gualemala”. Decenas de agentes de la DEA fuertemente armados comandaron ese día a fuerzas policiales, militares y judiciales guatemaltecas, lanzaron una cacería aérea y terrestre en La Reforma, aldea del oriente de Guatemala, para capturar y extraditar a EU a seis jerarcas del Cártel de los Lorenzana, uno de los más poderosos del área y aliado a cárteles mexicanos como el de Sinaloa. El operativo falló por una fuga de información y el bloque de capos escapó (cayó preso varios años después), a la vez que se desató una ola de críticas por violación de soberanía.

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“La soberanía en Guatemala es sólo un pretexto”, afirmó la guatemalteca Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la [no estatal] Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, de ese país, al explicar que es un factor que, según la conveniencia del momento, las autoridades utilizan o descartan.

La presencia de agentes extranjeros armados debe ser autorizada por el Congreso de Guatemala porque, de lo contrario, “se viola la soberanía”, dijo Hernández a EL UNIVERSAL, tras alertar: “Difícilmente la DEA operaría en Guatemala sin que haya un papel firmado” por ambos gobiernos, aunque nunca sometido a proceso legislativo.

Guerra
 

Heredera de la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas —Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs (BNDD)—, la DEA nació el 1 de julio de 1973 para reforzar la guerra antidroga que el entonces presidente de EU, Richard Nixon, lanzó a inicios de la década de 1970.

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El mercado de esa época se basó en la marihuana, producida en la mayoría del área, y la cocaína, cuya producción se concentró en Colombia y Perú con materia prima de ambos países y de Bolivia. También combatió la heroína y sus redes de producción en México y Colombia o de abasto de materia prima en Guatemala.

El negocio cambió tras 47 años. La crisis se expandió con fuerza en el siglo XXI a las drogas sintéticas con proveedores de América Latina y el Caribe, China y Europa y con EU como principal mercado. Honduras y Guatemala ahora producen cocaína.

En casi medio siglo, la DEA quedó marcada por casos extremos: recibió vía libre o luz verde en Guatemala. En cambio, en Venezuela el entonces presidente Hugo Chávez ordenó su expulsión en 2005, al alegar que los agentes apoyaban al narco, en vez de combatirlo y hacían “labores de inteligencia contra el gobierno”. La DEA acusó a Chávez de no querer cooperar en la lucha contra el narco. Tres años después, Bolivia seguiría los pasos venezolanos. Bajo el argumento de que estaban conspirando contra su gobierno, el entonces mandatario Evo Morales dio tres meses a los agentes de la DEA para abandonar suelo boliviano. En Cuba nunca se permitió su operación.

Haití es un caso excepcional en asuntos de contrabando de estupefacientes. Con una posición estratégica en el mar Caribe, la isla se convirtió en una plaza operativa para atraer con engaños a ese país a narcotraficantes latinoamericanos y caribeños que, tras ser atrapados por la DEA y sin prolongados trámites de extradición, en menos de 24 horas viajan rumbo a alguna corte federal en Florida o Nueva York.

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En Colombia, el rol de la DEA fue clave en la lucha contra los cárteles de Medellín o de Cali, pero luego vino el Plan Colombia, costoso, polémico, y al que expertos atribuyen el desplazamiento de miles de personas y muy pocos resultados. “A pesar de sus metas declaradas, la DEA no ha alcanzado ninguna en el sentido más global”, aseguró en su momento Bruce Bagley, director y profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami.

En declaraciones a la BBC, Adam Isacson, analista de seguridad regional de la Oficina en Washington sobre asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), dijo que la agencia antonarcóticos en realidad no ha logrado hacer mella en el comercio de las drogas y tanto expertos como ONG hablaron de un “fracaso” en la lucha contra el narco.

La DEA dispone en América de cuatro zonas— América del Norte y Centroamérica, Andina, Caribe y Cono Sur— con 40 oficinas de las que cuatro tienen mando regional: Ciudad de México que incluye a Centroamérica; San Juan, Puerto Rico, para el Caribe, Bogotá para Colombia, Ecuador y Venezuela; y Lima para Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

La agencia tiene 15 oficinas residentes en México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Bahamas y 21 “oficina país”: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, República Dominicana, Haití, Jamaica, Guyana, Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago, y Curazao.

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Sin obtener respuesta, EL UNIVERSAL preguntó a la matriz de la DEA en Washington sobre las limitaciones legales que enfrenta su labor en América Latina y el Caribe por reglas sobre portación de armas, prohibición de arrestos e inmunidad. En su declaración de principios, la agencia explicó que coopera con gobiernos extranjeros para reducir la disponibilidad de drogas ilícitas en el mercado estadounidense y que recurre a métodos sin fuerza para erradicar y sustituir cultivos ilegales. Pero la reforma a la ley de Seguridad en México es sólo el más reciente ejemplo del cambio de enfoque que, desde varios países e instituciones, se pide en la lucha antinarco.

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