Gobernador de Florida alista “gran plan” antiarmas

Las secuelas del tiroteo de Parkland de la semana pasada continúan. Esta vez, en cuestión de nuevas y concretas políticas para acabar con las masacres en centros educativos de Florida. El gobernador del estado, el republicano Rick Scott, presentó un “gran plan de acción” que espera que se ponga en marcha en un brevísimo periodo de tiempo para atacar inmediatamente las fallas del sistema que provocaron la matanza en el instituto Majory Stoneman Douglas.

La propuesta, que se espera que pueda estar lista en dos semanas, supondrá una inversión de medio millón de dólares en tres pilares fundamentales: cambios en la compra-venta de armas, más seguridad en las aulas y mejoras en salud mental.

“El cambio está llegando… y lo hará pronto”, auguró el gobernador. Scott, hasta ahora en magnífica consideración por parte de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), se vio obligado a romper con el lobby de las armas para poder dar respuesta a la situación actual, no sólo de su estado, sino también de todo el país.

A pesar de que no abogó por una abolición total de las armas —“no es la solución”, aseguró—, las propuestas del gobernador seguro le harán perder la más alta calificación como defensor de las armas, que goza ahora según la evaluación de la NRA.

El elemento central de su plan es la inversión de 450 millones de dólares para la “seguridad de los estudiantes”, que se invertirán en educación, simulacros de tiroteo y, especialmente, la obligación de que haya al menos un policía armado en todas las escuelas públicas del estado, en una proporción de un agente por cada mil alumnos.

La idea es que esté presente en el campus escolar durante toda la jornada lectiva, y que se implemente desde este mismo año.

Además de proponer que los 21 años sean la edad mínima para adquirir cualquier tipo de arma —hasta ahora se puede comprar un rifle con 18—, Scott anunció la prohibición total de los dispositivos ‘bump stock’ que convierten armas semiautomáticas en ametralladoras.

Asimismo, propuso una mejora sustancial en la eficiencia, eficacia y poder de las cortes de justicia para prohibir que individuos que tengan causas abiertas, sean del tipo que sea, puedan comprar armas.

En cuanto a salud mental, quiere que Florida destine 50 millones de dólares para tratar este asunto y a la vez hacer “virtualmente imposible” que alguien con problemas mentales pueda acceder a armas.

Sin embargo, lo más significativo fue el enfrentamiento directo con la Casa Blanca, de quien hasta ahora era fiel aliado. Scott discrepó con el presidente de EU, Donald Trump, con su propuesta de armar a maestros.

“Dejemos que las fuerzas de seguridad nos mantengan seguros, y dejemos a los profesores que se centren en enseñar”, dijo, el mismo día que el mandatario estadounidense reiteraba por tercer día consecutivo su intención de que en los centros educativos haya maestros con armas para evitar un nuevo tiroteo.

El colectivo de educadores también se negó en bloque a convertirse en policías armados, en una campaña impulsada a través de las redes sociales bajo el lema “ArmMeWith” (ármame con), en el que con carteles expresan las necesidades reales de los maestros: más material escolar, más tiempo para preparar clases, más recursos para una mejor educación.

Cada vez hay más unanimidad sobre que el suceso en el instituto de Florida va a significar un antes y un después en el tema de las armas en EU; sólo falta definir la magnitud. Además de Florida, otros estados también se están movilizando para cambiar el actual status quo sobre armas.

Los gobernadores de Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey y Rhode Island (todos demócratas) acordaron crear la agrupación “States for gun safety” (estados por la seguridad de armas), un consorcio que potenciará el intercambio de información sobre antecedentes penales para evitar la venta de armas a individuos con pasado criminal.

Éste sería un primer paso en una colaboración que irá más allá, con políticas para evitar el cruce de armas entre territorios y la cooperación entre policías estatales, y que se espera que en breve incorpore a más regiones del país. Otros estados, como Oregon, aceleraron para aprobar nueva legislación de restricción de acceso y tenencia de armas, sobre la que estaban trabajado desde hace meses.

Empresas se desligan. Todo el nuevo movimiento está afectando con dureza a la NRA, que con su defensa intransigente de la libertad de comprar y portar armas de cualquier calibre ha chocado con una opinión pública que, capitaneada por los estudiantes víctimas del último tiroteo, están exigiendo responsabilidades y cambios.

La presión ha forzado, por el momento, que varias empresas se desliguen de acuerdos de colaboración y apoyo a la NRA. Al menos una treintena de ellas anunciaron la rescisión de los lazos que les unían al principal lobby armamentístico de EU.

Un par de aseguradoras cancelaron su tratamiento prioritario y especial para miembros de la NRA que fueran víctimas de disparos de bala. Tres empresas de alquiler de coche cancelaron los descuentos que aplicaba a socios del lobby; un banco avisó que no emitiría una tarjeta de crédito con la imagen de la NRA.

Grupos anti-armas como Moms Demand Action apuntaron a otras compañías como la mensajera FedEx o plataformas de televisión como Amazon o Roku, para que cortaran cualquier relación y dejaran de emitir la señal de NRATv.

David Hogg, una de las caras visibles del movimiento Never Again (Nunca más) creado por los estudiantes del instituto donde se produjo la masacre, propulsó junto a otros la etiqueta #BoycottNRA para citar y presionar directamente a empresas con lazos con el lobby de las armas.