Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo la causa de la democracia. Sin embargo, la realidad sobre el terreno revela una fea faceta antidemocrática que está ampliamente extendida por todo el país. Una serie de incidentes ocurridos en el año 2022 han sido prueba de esto.
Hasta ahora Estados Unidos ya registra más de 100 millones de casos de la COVID-19. Los nativos americanos tienen la mayor tasa de mortalidad por la COVID-19 en comparación con otros grupos étnicos de EE. UU. Sin embargo, sus voces han sido "silenciadas". Están casi "ausentes" en los principales medios de comunicación de Estados Unidos.
Los nativos americanos no son las únicas víctimas que sufren la discriminación.
Según un informe (Race and wrongful convictions in the United States 2022) publicado el 27 de septiembre de 2022 por el Registro Nacional de Exoneraciones de EE. UU., los ciudadanos negros tienen 7,5 veces más probabilidades de ser condenados erróneamente por asesinato y 8 veces más de ser condenados erróneamente por violación que los blancos.
Cuando se acercaban las vacaciones de verano de 2022, 21 vidas se vieron abruptamente truncadas por un pistolero. Entre las víctimas había 19 estudiantes y dos profesores. El tiroteo se produjo en la escuela primaria Robb de Uvalde, una pequeña ciudad del sur de Texas de mayoría latina.
Según la página oficial de Gun Violence Archive, en 2022 （hasta 14 de diciembre）se produjeron 628 tiroteos masivos en EE. UU.
Según los datos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de EE. UU., los incidentes de terrorismo doméstico se han disparado en este país, impulsados sobre todo por los supremacistas blancos, los antimusulmanes y los extremistas antigubernamentales de derecha.
El sospechoso del tiroteo de Buffalo, un joven de 18 años, era un fiel defensor de la teoría del "Gran Reemplazo". Cree que la raza blanca está siendo reemplazada por gente de color. La mayoría de las víctimas de este joven eran negros.
Pero ¿quién está impulsando silenciosamente la guerra y acaba cultivando las fuerzas de extrema derecha?
12 empresas estadounidenses figuran en la lista de las 25 principales empresas de defensa del mundo, lo que representa el 61% de las ventas mundiales de armas.
Incluso en las guerras en las que Estados Unidos no está directamente implicado, es probable que los mayores beneficiarios sean el complejo militar-industrial estadounidense.
Hasta noviembre de este año, la Administración Biden ha proporcionado más de 17.500 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Al financiar y presionar a los miembros del Congreso, los contratistas de defensa estadounidenses han adquirido una enorme influencia en la elaboración de la política nacional de EE. UU.
Según datos del laboratorio de ideas OpenSecrets, los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado han recaudado 1.700 y 1.400 millones de dólares, respectivamente, durante el ciclo electoral de 2022.
En agosto de 2022, The New York Times descubrió la mayor donación conocida de la historia de la política estadounidense.
Un informe del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. reveló que el vicepresidente de la Sociedad Federalista, Leonard Leo, donó unos 1.600 millones de dólares a la organización conservadora sin fines de lucro Marble Freedom Trust.
Según The New York Times, Leo ha utilizado sus conexiones con donantes y políticos republicanos para ayudar a diseñar el dominio conservador del Tribunal Supremo y para financiar las batallas sobre el derecho al aborto, las normas de votación y la política de cambio climático.
En la política estadounidense, el dinero puede comprar todo, incluso la legislación y los resultados electorales.Al colocar el dinero en el centro de la democracia estadounidense, el sistema electoral de Estados Unidos y la creencia de la gente en él se han erosionado.
En cuanto a las relaciones con América Latina, los analistas apuntan a varios factores que han hecho que la Casa Blanca no haya priorizado más la mejora de sus lazos con esta región en 2022. Entre ellos, el contexto interno del país, que atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia. El aumento de la desconfianza institucional, las desigualdades raciales y económicas causadas por la pandemia de COVID-19 y una inflación disparada, o la prohibición del derecho al aborto, no han hecho más que exacerbar la polarización social. Y en cuanto a política exterior, dos han sido las cuestiones primordiales para Washington: las consecuencias de la crisis en Ucrania y frenar el ascenso de China en el panorama mundial.
La política estadounidense para la región se centra principalmente en la migración, en cómo controlar el flujo de migrantes que intentan atravesar su frontera. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense siguen siendo alarmantes, al término del año fiscal de 2022, que finalizó en el mes septiembre, Estados Unidos registró 2,7 millones de detenciones de migrantes indocumentados.
Además de la incertidumbre en su política migratoria, destacan también las sanciones a Venezuela y Cuba, que se mantienen como uno de los pilares de su política regional.
El bloqueo a Cuba, que cumple ya más de 60 años, se intensificó enormemente durante el mandato de Donald Trump. El presidente republicano impuso contra la isla 243 nuevas sanciones. Especialmente duras fueron aquellas que dificultaron la importación de insumos médicos en plena pandemia. Biden prometió en campaña eliminar dichas sanciones, pero esto no empezó a producirse hasta mayo de 2022. De acuerdo con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, los perjuicios ocasionados a la isla durante los 14 primeros meses de Joe Biden ascendieron a 6364 millones de dólares, más de 15 millones de dólares diarios. El relajamiento de las sanciones afecta a las medidas impuestas por Trump sobre los viajes, la tramitación de visados o el límite de remesas trimestrales entre otras cuestiones. De acuerdo con Bruno Rodríguez este gesto es, y citamos, “un paso limitado en la dirección correcta”.
El 3 de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas condenó un año más, y van 30 desde 1992, el embargo económico que ejerce Washington sobre La Habana, y solicitó poner fin a este bloqueo unilateral. La resolución no vinculante obtuvo 185 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos e Israel), y 2 abstenciones (Ucrania y Brasil).
Por otro lado, en mayo de este año, Estados Unidos anunció que relajaría algunas sanciones sobre Venezuela, con el objetivo de fomentar la reanudación del diálogo entre Caracas y la oposición. Tras el acuerdo en materia de ayuda humanitaria por ambas partes a finales de noviembre en México, Washington permitió a Chevron negociar de forma temporal su licencia con la petrolera estatal PDVSA para la exportación y perforación de crudo venezolano.
Una oportunidad perdida para Estados Unidos de restablecer su imagen ante los países de la región fue la IX Cumbre de las Américas, organizada por Washington en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, el evento no hizo más que evidenciar la pérdida de influencia regional de Estados Unidos desde la Administración Trump. El veto a la participación de Venezuela, Cuba y Nicaragua se encontró con una fuerte oposición por parte de varios mandatarios, entre ellos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Xiomara Castro, presidenta de Honduras; y Luis Arce, presidente de Bolivia, que declinaron asistir en protesta por la exclusión de estos países, o las declaraciones en contra de esa medida de Argentina, Chile o la institución de la CELAC. En total asistieron 23 países, en comparación con los 34 de su edición anterior en Lima, y no todos fueron representados por sus máximos dirigentes.
Muchos expertos coinciden en que Estados Unidos sigue desempeñando un papel clave en la región en asuntos como la seguridad, pero subrayan que los países latinoamericanos y caribeños ya no dependen en tanta medida de Washington para su desarrollo. Estos están eligiendo sus propios caminos de crecimiento y han consolidado alternativas en otros países como China.
Este año ha sido, además, un año complicado para el mundo debido a las crisis financiera, económica y energética causadas principalmente por el conflicto en Ucrania y las alteraciones en las cadenas de suministro. En respuesta, la Reserva Federal estadounidense aumentó los tipos de interés hasta en 7 ocasiones este 2022, en cuatro de ellas los elevó 75 puntos básicos, situando el rango de las tasas de referencia en noviembre entre el 3,75 y 4 por ciento. Según adelantaba Jerome Powell, el director de la FED, ese mismo mes, estos niveles se mantendrían durante un largo periodo. Unas declaraciones ratificadas por el director del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams.
Los expertos señalan que estas decisiones de la FED para controlar la inflación nacional exportan los costes del ajuste a otras economías mundiales, especialmente a los países emergente. Esto ha forzado a los bancos centrales de otros países a corresponder las medidas de EE. UU. con aumentos en sus propias tasas de interés, para evitar una posible fuga de capitales de sus mercados financieros nacionales o a una devaluación de sus monedas aún más profunda.
La dura estrategia por parte de la FED, la más contundente desde 1980, despertó las preocupaciones ante un nuevo posible “efecto Volcker” en América Latina. No obstante, los expertos insisten en que sus circunstancias actuales no son las mismas que hace 40 años, por lo que descartan que se reproduzca esa década pérdida que devastó la economía latinoamericana. Pese a ello, el Fondo Monetario Internacional califica el endurecimiento de las políticas financieras como un tercer shock para la región de América Latina y el Caribe, tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según la institución, esto afectará a la recuperación regional, que se estaba llevando a cabo de manera estable. El FMI subió en octubre su pronóstico de crecimiento para 2022 hasta el 3,5 por ciento. Sin embargo, para 2023, redujo sus estimaciones iniciales en 0,3 puntos porcentuales hasta el 1,7 por ciento.
El 12 octubre de 2022, y tras varios retrasos, se publicó finalmente la Estrategia de Seguridad del Gobierno de Biden-Harris. El documento, que refleja las líneas prioritarias sobre seguridad en los años de un mandato presidencial, señala que la prosperidad y seguridad de la región está intrínsicamente ligada a la suya propia. Para ello, destaca tres puntos prioritarios: la resiliencia económica, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana. El documento matiza la retórica de su predecesor, para intentar demostrar que Estados Unidos ha vuelto a la escena de la diplomacia internacional. La cuestión que se plantea ahora es si lo hace de forma más abierta e inclusiva, o si retoma los viejos protocolos de la diplomacia estadounidense que la sitúan por encima de los demás.