San José. – Acosado por una tasa de homicidios con rango de epidemia —12 por cada 100 mil habitantes— en 2022, el ministro costarricense de Seguridad Pública, Jorge Torres, colocó a Costa Rica en una encrucijada de su historia y por primera vez en más de 74 años de subsistir sin ejército, con una policía civil y como país insignia de la democracia y campeón mundial por su estricto apego al respeto a los derechos humanos.

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Torres exhibió en público la seducción que existe en privado en estratos costarricenses de seguridad hacia el modelo de combate al crimen que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele , lanzó desde el 27 de marzo de 2022 al reafirmar su autoritarismo, imponer un estado de emergencia, arrestar arbitraria e indefinidamente a unas 60 mil personas, agravar el hacinamiento carcelario y desplegar implacables batidas policiales y militares.

En conferencia de prensa el pasado 19 de diciembre en esta ciudad, Torres afirmó que el sistema de Bukele “sería genial para bajar el índice de homicidios”.

En una entrevista el 23 de diciembre de 2022 con el programa Horizontes, de Radio Centro, de esta capital, declaró: “Tenemos que ya cambiar un poco el de ser un país con tanto (sic) conservación de derechos humanos. No quiero decir con esto que se violen los derechos humanos, pero ser un poquito mano dura”.

Jubiloso con el mensaje emitido por el jerarca costarricense, el ministro de Defensa Nacional de El Salvador, vicealmirante Francis Merino, declaró el 3 de enero anterior en el programa televisivo Diálogos con Ernesto López, de San Salvador, que “Costa Rica, que ha gozado siempre de un buen clima de seguridad, quiere ahora emular el modelo salvadoreño, lo que significa que vamos por el camino correcto”.

Los actos de Bukele fueron cuestionados como violatorios de los derechos humanos. El método de Bukele contrastó con el historial que Costa Rica forjó desde la segunda mitad del siglo XX de estricto sometimiento al Estado de derecho y a su tradición de institucionalidad y en el que tampoco hubo mediciones de acatar más, “tanto” o menos las normas de los derechos humanos.

La mención de Torres a Bukele fue difundida el 29 de diciembre de 2022 por Diario Extra, rotativo de esta capital, con la cita de que lo hecho por el mandatario salvadoreño “sería genial para bajar homicidios”.

Sin embargo, el periodista costarricense Daniel Chinchilla, director de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, informó vía WhatsApp a EL UNIVERSAL que la noticia de Diario Extra es “completamente tendenciosa”, “irresponsable” y “no se apega por supuesto absolutamente a nada”.

Lo que el periodista costarricense Yirén Altamirano, reportero de Diario Extra, “puso sobre lo que dijo el ministro no son la realidad”, por lo que “hemos desmentido” la “sugerencia” de que Torres intentó “elogiar o aplicar cualquier régimen de El Salvador. En lo absoluto. Falso”, recalcó.

“No perdemos el tiempo en chismes ni publicaciones irresponsables ni faltas de seriedad como las que hizo ese Diario Extra relacionadas al tema de Bukele”, advirtió.

Altamirano, por su parte, alegó a EL UNIVERSAL que “lo más irresponsable es no contactar a quién publicó algo que en apariencia es mentira. Hasta el momento no me han escrito para hacer una aclaración o bien desmentir”.

EL UNIVERSAL tiene la grabación en la que se escucha a Torres indicar en rueda de prensa que el método de Bukele “sería genial para bajar el índice de homicidios”. En poder de este medio también está la grabación en la que planteó el cambio en derechos humanos.

Costa Rica se hundió en el siglo XXI en la peor crisis de inseguridad de su historia y se afianzó en los últimos 45 años como puente de tránsito de la cocaína del sur al norte de América y bodega de almacenamiento y de reexportación de la droga, en un creciente consumo interno.

Mafias del narcotráfico de México y de Colombia se infiltraron en Costa Rica y corrompieron aparatos gubernamentales, legislativos, judiciales, policiales, políticos, partidistas y empresariales.

“No podríamos en Costa Rica imitar el modelo represivo salvadoreño, eliminando los derechos y garantías de la sociedad, en busca de una precaria estabilidad política y ciudadana”, alertó el abogado costarricense Gustavo Mata, ministro de Seguridad Pública de esta nación de 2015 a 2018.

Al recordar que el contexto político y económico de El Salvador, con Bukele al mando de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y de las fuerzas militares y policiales, “es muy diferente” a la vocación pacifista y democrática de Costa Rica, Mata declaró a este periódico que el salvadoreño “implantó un sistema autoritario y totalitario de extrema derecha”.

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“Los derechos y garantías individuales han sido cercenados en nombre de la seguridad”, subrayó.

En declaraciones que envió a este medio al pedírsele que citara los aspectos del método de Bukele que podrían ser copiados por Costa Rica, Torres adujo que “los elementos específicos del sistema de seguridad de El Salvador” a los que se refirió “tienen que ver con el uso efectivo de la contención carcelaria para personas que cometen delitos graves”.

Al reiterar su queja de que los delincuentes pasan poco tiempo en la cárcel en Costa Rica y, al quedar libres, “salen única y exclusivamente a seguir haciendo daño”, instó a los jueces a ejecutar y cumplir las leyes costarricenses “a cabalidad” y prometió que “no vamos a salirnos de esa órbita” de respeto a los derechos humanos.

La justicia costarricense “encalló en un contexto garantista”, lamentó, al fustigar a una estructura que reduce la potestad represiva del Estado y de los jueces para sancionar.

“Una sociedad que sobrepone los derechos de una persona que hace daño a otra (…) entrará en colapso”, pronosticó.

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