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Managua.— Cientos de policías y paramilitares de Nicaragua disolvieron ayer a tiros varios retenes de estudiantes y campesinos situados en La Trinidad (norte) y Jinotepe (sur), informaron sacerdotes católicos y activistas de derechos humanos, al tiempo que la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) afirmaba que el gobierno tiene al menos cuatro centros de detención clandestinos.
En los ataques simultáneos, que causaron un número no determinado de heridos, participaron efectivos policiales y civiles fuertemente armados, declaró Salvador Marenco, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente).
Marenco dijo que uno de los operativos se realizó en Jinotepe, 50 kilómetros al sur de la capital, por parte de “unos 150 policías antimotines y paramilitares”, además de motorizados y francotiradores. “Hemos tenido información de por lo menos tres heridos”, indicó.
La otra acción fue contra un retén de estudiantes y campesinos en la entrada a La Trinidad, localidad de la provincia de Estelí y a unos 130 kilómetros al norte de Managua.
“La situación está fea, nos andan persiguiendo. Hay una cacería de brujas”, dijo por teléfono a AFP, bajo anonimato, un joven que estuvo en el tranque (bloqueo).
Cuatro sacerdotes católicos que viajaron desde la ciudad de Estelí para intentar una mediación fueron retenidos por paramilitares sobre la ruta, declaró uno de ellos, Eugenio Rodríguez. “Queríamos evitar un derramamiento de sangre pero no nos permitieron pasar. Nos insultaron, nos agredieron verbalmente”, relató.
Los ataques se produjeron el mismo día en que se instaló en el país un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigará violaciones a derechos humanos cometidas desde que comenzaron las protestas, el pasado 18 de abril.
El internacional Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) empezó labores, con un mandato de seis meses prorrogables, para apoyar “la investigación de los hechos de violencia” y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según una nota.
En tanto, Álvaro Leiva, secretario general de la ANPDH, afirmó que “grupos armados paramilitares y de choques” tienen centros clandestinos en Managua, en Nindirí, en Masatepe y uno más en Masaya, ciudad que se ha convertido en icono de las protestas contra el presidente Daniel Ortega, en las que han muerto al menos 309 personas y otras 158 se encuentran desaparecidas, según los datos de la propia ANPDH.
Según Leiva, “pueden estar realizando movilizaciones de ciudadanos hacia centros clandestinos, para ocultar lo que ocurre en cárceles” como “El Chipote”, un lúgubre presidio en el que permanecen detenidos muchos de los jóvenes que se han unido a las protestas, y solicitó se permita a la misión de la CIDH “inspeccionar estos sitios”, sin previo aviso.
