Bruselas.— Demandas multimillonarias se avecinan contra México por parte de empresas privadas nacionales y extranjeras a consecuencia del repentino cambio de las reglas del juego en materia de inversión privada por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Así lo prevé Christian Wagner, analista para las Américas de Control Risks, una consultora con sede en Londres especializada en examinar riesgos potenciales y ofrecer posibles soluciones a crisis específicas.
Afirma que las políticas del gobierno de México que eventualmente tienen el potencial de provocar demandas judiciales por afectar intereses de empresas extranjeras, son aquellas que son retroactivas, repentinas y las que impiden la libre competencia.
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“La mayoría de los cambios fiscales y legales sobre los sectores minero y energético caen en alguna o varias de estas categorías”, dice a EL UNIVERSAL.
“En concreto, el cambio en el cálculo de impuestos a mineras, la renegociación de contratos para gasoductos, el cambio de tarifas de porteo eléctrico, el dotar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de poderes regulatorios y de bloqueo de mercado, el favoritismo hacia la CFE, la facultad de intervenir en el mercado de combustibles y la prohibición de llevar a cabo minería en áreas protegidas [sí es retroactiva]”.
A esta lista, agrega la cancelación unilateral de proyectos de inversión, como fue el aeropuerto internacional de Texcoco y la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, por parte de Constellation Brands. En ambos casos se realizaron consultas populares y hubo alegaciones de supuesto tráfico de influencias y corrupción.
Señala que en algunos casos, la inconformidad por el trato recibido por el gobierno ya se ha turnado a los juzgados.
Sostiene que las empresas de energía renovable y de distribución de combustible ya están en procesos judiciales (amparos) por los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos.
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Concretamente, First Majestic está en un arbitraje contra México por el cobro retroactivo de impuestos, en tanto que la cervecera de Constellation Brands está involucrada en un amparo y no se descarta que también forme parte de un arbitraje.
“Pemex enfrenta un arbitraje por adeudos. En la cancelación del aeropuerto y la renegociación de los gasoductos se llegó a acuerdos financieros con los afectados. El proyecto del Tren Maya también enfrenta varios amparos, principalmente de comunidades indígenas que serían afectadas”.
Al hablar sobre el impacto económico estimado que podrían tener las políticas de AMLO, Christian Wagner precisa que se requiere de un análisis profundo de cada proyecto o sector específico para establecer números.
No obstante, asegura que la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó aproximadamente 5 mil millones de dólares, en tanto que en los proyectos de energía renovable, en conjunto, se han invertido más de 12 mil millones de dólares. La inversión petrolera ronda en los 11 mil millones de dólares.
“La cancelación de estos proyectos en conjunto costaría por lo menos esa suma más una compensación por la ganancia perdida y el ajuste inflacionario”, explica.
Al margen de las políticas hostiles hacia ciertas empresas y sectores, existe el riesgo de que emerjan otras demandas si las medidas suponen una violación a los compromisos internacionales asumidos, como podría ser el pacto climático de París.
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“A nivel doméstico, si el gobierno continúa actuando de forma que es claramente inconsistente con sus metas ambientales, sus acciones sí pueden enfrentar demandas, vía amparos promovidos por organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo”.
Las quejas estarían sustentadas en políticas que son inconsistentes con las obligaciones internacionales, la salud pública, el cambio climático y los derechos humanos.
“A nivel internacional, la probabilidad es remota dada la ausencia de foros judiciales apropiados y a que las obligaciones ambientales se limitan a mejorar los esfuerzos”.
Considera que lo más probable es que los socios internacionales, que impulsan la causa climática y requieren que México se sume a ésta, como es el caso de la Unión Europea, apuesten por el diálogo y la negociación, y no por la confrontación.
Aunque no descarta la opción de una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “pero es muy improbable que la instancia quiera escuchar el caso”.
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Más allá de los impactos económicos, el costo a pagar por México, si sigue apostando por decisiones presidenciales o supuestamente avaladas por consultas populares dirigidas a modificar los compromisos asumidos para captar inversión extranjera, es uno de confianza.
“El precio principal es el de la incertidumbre. En el escenario post-Covid y con el nuevo T-MEC en vigor, México está en posición de ventaja para insertarse en una dinámica de crecimiento acelerado, motivado por la demanda de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.
“Sin embargo, la incertidumbre sobre el ambiente de negocios probablemente motivará a que muchas de esas potenciales inversiones se destinen a otros mercados de menor riesgo político, regulatorio y de seguridad”, advierte.
La primera queja por violar el nuevo T-MEC habría sido presentada el pasado 12 de mayo, cuando un grupo de empresas petroleras liderado por la texana Finley Resources Inc., y que ganó dos licitaciones de petróleo y negoció un tercer contrato de servicios de perforación con Pemex, acudió al tribunal de arbitraje del Banco Mundial.
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El grupo empresarial reclama 100 millones de dólares alegando que México violó las reglas de protección de inversiones bajo el ahora conocido como T-MEC.
En una comunicación, los analistas de Control Risks sostienen que la queja refleja la continua preocupación de los inversionistas por la política energética de AMLO y el presunto incumplimiento de los contratos por parte de su administración.
Evidencia además la frustración de las firmas energéticas ante las deficiencias del sistema judicial mexicano, particularmente en el marco de disputas contractuales.
“Las empresas del sector energético se enfrentarán a una mayor frustración contractual e incertidumbre regulatoria durante el mandato de AMLO, hasta 2024”, apunta.