“Crece desilusión con la democracia en AL”

Con más de 30 años dedicados a la defensa de los derechos humanos, especialmente en América Latina, el abogado chileno José Miguel Vivanco es una de las voces más autorizadas para analizar lo que está ocurriendo en esa materia en la región.

En vísperas de la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se realizará entre el 4 y el 6 de junio en Washington, Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), repasó con El Mercurio los temas principales que ahí se tratarán.

¿Cuáles son los principales desafíos democráticos de la región?

—En general, hay una peligrosa y cada vez mayor desilusión con las instituciones democráticas, por su incapacidad para producir resultados y satisfacer expectativas sociales legítimas que van de la desigualdad de oportunidades a la inseguridad pública, y también la impunidad frente a los abusos. Sin embargo, quizás el fenómeno más reciente es el enérgico y masivo rechazo que provocan los frecuentes escándalos de corrupción. Lo importante es comprender que no hay mejores antídotos contra el abuso de poder [corrupción, violaciones a los derechos humanos] que la máxima libertad de expresión —incluyendo libertad de prensa— acompañada de instituciones judiciales fuertes, competentes e independientes.

Claro está, también hace falta perfeccionar la legislación para promover la transparencia, luchar contra el conflicto de interés, garantizar la corrección del financiamiento electoral, etc., pero si no hay con qué asegurar el efectivo cumplimiento de estas normas, terminan siendo un cuerpo legislativo más. Cuando la democracia se desprestigia, hay riesgo de populismo y por desgracia esa pesadilla es recurrente en el hemisferio.

A solicitud de 12 países, la Asamblea debatirá sobre la situación de Venezuela. ¿Qué carta puede jugar la OEA en esta crisis?

—La región tiene un papel fundamental frente a la crisis venezolana y debe utilizar los mejores espacios, especialmente la OEA, para exigir el cumplimiento de obligaciones jurídicas colectivas de protección de la democracia y los derechos humanos. Es importante que haya cada vez mayor fiscalización y presión multilateral sobre la dictadura para impedir que logre consolidarse.

Una resolución fuerte de la OEA, que rechace y desconozca la reelección fraudulenta de [el presidente Nicolás] Maduro, condene las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, la arbitrariedad total de un régimen que hace lo que se le da la gana, sin rendirle cuentas a nadie, sería un gran logro estratégico para profundizar el aislamiento de esa dictadura.

Expulsar a Venezuela de la OEA, ¿es una posibilidad que conduzca a algo?

—A primera vista pareciera una buena idea, especialmente porque sugiere la imposición de una sanción potente a un gobierno que no merece pertenecer a un club de países que deben cumplir unos estándares mínimos de conducta democrática. Sin embargo, creo que sería un error. Hay que mantener a Maduro en la OEA para seguir presionándolo con los mecanismos de control que existen, precisamente, para enfrentar circunstancias anormales. En lugar de expulsarlo definitivamente habría que suspenderlo e imponerle sanciones que, por ejemplo, lo inhabiliten para participar en cualquier evento regional. Entre suspensión y expulsión hay una diferencia.

Durante la Asamblea se nombrarán a tres nuevos jueces integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). ¿Qué opina de los candidatos?

—Sólo tengo comentarios acerca de la candidata que propuso Bolivia, la señora Nardi Suxo, quien se desempeñó durante muchos años como ministra del presidente Evo Morales y luego como embajadora de Bolivia ante Naciones Unidas en Ginebra. En esa función, a partir de abril de 2015, la embajadora Suxo votó ocho veces en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en contra de resoluciones que buscaban condenar atrocidades contra la población civil en Siria.

En octubre de 2017, la embajadora Suxo votó incluso contra una resolución que condenaba el uso de armas químicas por parte del régimen sirio; sólo seis países —además de Bolivia, y todos con un pésimo récord en derechos humanos— votaron en contra. Los jueces de la Corte Interamericana deben ser reconocidos juristas, con un claro compromiso con los derechos humanos. El récord de la doctora Suxo como embajadora sugiere, por el contrario, que ella no ha sido postulada por su compromiso con los derechos humanos, sino por su lealtad al presidente Morales. Creo que sería un grave error que la OEA la elija jueza de la Corte Interamericana.

El gobierno de Ecuador propuso recientemente reformar la Ley de Comunicación. ¿Ve esta iniciativa como un avance?

—Es un enorme avance y así se lo dije al presidente Lenín Moreno. Aunque subsisten algunas limitaciones, desaparecen los peores lastres de una ley perversa que fue la piedra angular del régimen orwelliano e intolerante de Rafael Correa. Entre otros, se elimina la Supercom (órgano censor); se elimina la figura del linchamiento mediático; se elimina la obligación de los medios de cubrir temas que el gobierno consideraba de interés público; se incorporan estándares internacionales en libertad de expresión.

A diferencia de su antecesor, el presidente Moreno ha mostrado una actitud de pleno respeto por la libertad de expresión (incluida la libertad de prensa) y ha impulsado prácticas que demuestran amplia tolerancia democrática. El hecho de que haya presentado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación demuestra, además, que está consciente de que no basta con una forma distinta de gobernar; hace falta desarmar el tinglado jurídico autoritario heredado de Correa.