San José. – Provistos de armas de fuego adquiridas en mercados clandestinos o robadas, centenares de miles de hombres y mujeres militan en más de 30 redes de las modalidades del crimen organizado que azotan a América Latina y el Caribe y se movilizan a diario en un escenario en el que las pugnas se saldan a balazos.
Ajustados a los rígidos términos legales que persisten en la zona para obtener permiso de posesión y portación de armas de fuego, los comerciantes buscan defender a un negocio que, por los reiterados y mortales incidentes ocurridos en Estados Unidos, recibe constantes cuestionamientos en los debates mediáticos.
Por un lado, el tráfico ilícito con todas sus secuelas de criminalidad, secretismo y violencia que en algunos países se convierte en desenfrenada—como en México, El Salvador, Honduras, Guatemala o Colombia—y que reitera la crisis hemisférica de muerte e inseguridad.
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Por el otro, el mercado legal que defiende los derechos de las personas que tienen para comprar un arma de fuego y las obligaciones que asumen para actuar con responsabilidad.
Son los dos rostros de un escenario signado por cifras relevantes en un contexto de creciente violencia del continente. Unos 130 mil, equivalentes al 75%, de los 173 mil homicidios que se registraron en 2017 en América fueron cometidos con armas de fuego, precisó el Estudio Mundial sobre Tráfico de Armas de Fuego que fue difundido en julio de 2020 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
“Hay que tener idoneidad para poseer un arma”, insistió el costarricense Rolando Aguilar, administrador de la Armería Polini, una de las más antiguas de Costa Rica.
“En este país existen muchos controles. La persona no debe tener antecedentes penales. Debe someterse a pruebas de idoneidad mental, sicológica, a un examen teórico y práctico y a controles de huellas digitales con un cruce de datos en archivos criminales y judiciales”, relató Aguilar a EL UNIVERSAL.
A la pregunta de que está demostrado que, pese a las regulaciones estrictas, la realidad es que las armas pueden llegar a manos “de cualquiera” y causar una tragedia, admitió: “Sí. Una cosa es cuando uno se enoja y el temperamento busca salir en defensa”.
Pero más allá de esos trances, la realidad es que la más variada criminalidad azota a los países latinoamericanos y caribeños y utiliza el más diverso tipo de armas, desde “coyotes” o traficantes (trata) de personas o migrantes irregulares, a contrabandistas de drogas, joyas, armas, municiones, metales y maderas preciosas.
También hay traficantes de bienes culturales, licores, alimentos, animales protegidos y plantas silvestres, sicarios, secuestradores, bandas y turbas paramilitares, guerrillas, pandillas, grupos armados irregulares y disidencias guerrilleras y “lavado” de dinero.
Al listado se suman mafias de tráfico de órganos, robo de ganado, automóviles, combustibles, teléfonos celulares, alcantarillas, cables telefónicos, energía eléctrica y agua potable y de fraudes y estafas de variada índole, entre otras organizaciones de la delincuencia.
Mientras las empresas privadas debieron someterse a severas normas del comercio de armas de fuego en prácticamente todas las naciones latinoamericanas y caribeñas, para evitar que cualquier persona pueda comprarlas, las agrupaciones criminales las comercian en transacciones de contrabando en una zona fértil como herencia de guerras de guerrillas, dictaduras militares y otros focos de inestabilidad.
“Es lamentable que los niveles de corrupción son tan altos en América Latina y el Caribe, que policías y militares corruptos se prestan a venderle armas de fuego a los criminales”, aseveró el coronel ecuatoriano en retiro Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército de Ecuador, escritor y profesor de seguridad y defensa en la (no estatal) Universidad Regional Autónoma de los Andes, de ese país.
“Los criminales se abastecen de las bodegas de armamentos de p0licías y ejércitos”, narró Pazmiño a este diario.
El coronel puso un ejemplo. En los últimos dos meses, a la Policía Nacional de Ecuador le robaron unas 75 armas de sus almacenes.
En otro escándalo emblemático que estalló en 2015, unos 700 fusiles AK—47, que son fabricados en Rusia, y armas ligeras decomisados en operativos policiales “desaparecieron” de un almacén de la Policía Nacional de Honduras.
“Urge reforzar los controles fronterizos, portuarios y aeroportuarios. Las avionetas de los narcotraficantes que llegan a América del Sur a recoger cocaína para llevar a América del Norte traen armas que intercambian por droga”, señaló Pazmiño.
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Límites y excesos
Los controles que persisten en América Latina y el Caribe contrastan con la apertura total que existe en Eu con el aval de la Segunda Enmienda, que da derecho constitucional a apropiarse con facilidad de un arma.
Según las reglas de América Latina y el Caribe, hay armamento excluido del libre comercio y limitado al exclusivo uso de militares, policías y otros cuerpos estatales de seguridad. Para cierto tipo de armas de fuego, los latinoamericanos y caribeños debe ceñirse a regulaciones penales, criminalísticas, legales, sicológicas, técnicas y sociales para determinar si son merecedores de recibir autorización de tenencia.
“El mercado prohibido de armas es donde está parte de la problemática”, reafirmó el criminólogo y abogado costarricense Andrés Muñoz, ex presidente del Colegio de Criminólogos de Costa Rica y analista criminal del Organismo de Investigación Judicial, cuerpo policial del Poder Judicial de este país.
“Es muy extraño encontrar algún acto de homicida, de agresión, sicariato o ajusticiamiento en el cual se utilice un arma reglamentada, pues esta actividad obviamente no se da dentro del margen de la legalidad”, explicó Muñoz a este periódico.
“Los países que han logrado una disminución en este tipo de criminalidad anticiparon prospectivamente sus causas y reforzaron los elementos asociados al control social informal, donde la escuela, la familia y la comunidad forman integralmente una contención para comportamientos desviados, antes de que se manifiesten más allá de nuestro alcance”, afirmó.
Tras indicar que “el paradigma permanente entre la proliferación de las armas de fuego y el uso inadecuado recae más en un asunto de educación y conformación de la idiosincrasia misma de cada ciudad”, aclaró que “no existe una fórmula única para poner fin a las consecuencias en incremento constante”.
“Estamos claros que no podemos apostar únicamente a las medidas represivas, pues la normativa y su poder coercitivo hasta la fecha no han logrado impactar de manera positiva sobre este fenómeno criminal”, reconoció.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los regímenes izquierdistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua prácticamente tienen prohibido el libre comercio de armas de fuego. Los disturbios antigubernamentales que estallaron en 2018 en Nicaragua llevaron al gobierno de ese país a cerrar las armerías nicaragüenses para impedir que los opositores se aprovisionaran de armas de fuego y limitó las ventas a rifles de balines y pistolas de salva.
También sacudida por una crisis política, Venezuela prohibió en 2011 la libre venta de armas de fuego, pero aliados del régimen sí pueden acceder a poseerlas.
La rigidez legal persiste con normas de control cruzado (judiciales, penales, policiales, criminales, sicológicas, técnicas, sociales) en Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Cuba, Nicaragua, Argentina, México, Belice, Perú, Ecuador, Brasil y Chile, entre otros.
Al concluir, en 1996, los conflictos bélicos de Centroamérica—Guatemala de 1960 a 1996, El Salvador de 1980 a 1992 y Nicaragua de 1975 a 1990, que impactaron en México y otros países de la zona, la Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que unos dos millones de armas livianas quedaron ocultas en el área.
Con el fin de las hostilidades, ese armamento fue vendido a las estructuras del crimen organizado centroamericano o de la región o a compradores que en la década de 1990 abastecieron las guerras en Colombia entre las guerrillas comunistas, paramilitares derechistas, narcotraficantes y bandas criminales u organizaciones residuales.
Parte se quedó también en Centroamérica en control de disueltas fuerzas paramilitares que luego se asociaron con narcotraficantes y otras mafias.
Otra fuente de abastecimiento se consolidó en Surinam, la excolonia de Países Bajos en el norte de América del Sur que se independizó en 1975. En un beneficio aduanero que la exmetrópoli le concede a su excolonia Guayana Holandesa, cargamentos de armas de fuego y municiones fabricadas en Europa son enviados en barco de Países Bajos a Surinam, a donde entran sin necesidad de control aduanero bajo el criterio de que es un viaje local o entre puertos nacionales.
En esa situación, armas de fuego y municiones de manufactura europea son reexportadas ilícitamente a los mercados clandestinos de Colombia, Brasil y otras naciones del área.
“Hay un abastecimiento permanente principalmente de los cárteles del narcotráfico”, recalcó el coronel Pazmiño. “El negocio de las armas es muy complicado”, reiteró.
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