Madrid.— Las amenazas en redes sociales suelen pasar factura a quien las realiza, aunque muchos usuarios, sobre todo los más jóvenes, tengan cierta sensación de impunidad y crean que, llegado el caso, pueden denigrar o amedrentar a los demás sin pagar penalmente por ello.
Aunque la legislación cibernética es todavía incipiente a nivel internacional, son cada vez más los países donde existen figuras jurídicas como el delito de odio, que también rige en las plataformas tecnológicas, y que engloba varios tipos de violencia discriminatoria, como las amenazas relacionadas con la xenofobia, el racismo, el sexismo, la homofobia, las creencias religiosas, la enfermedad o la discapacidad.
La mayoría de los usuarios que lanzan estos improperios que comportan, entre otros perjuicios, humillación, menosprecio o descrédito, carecen de antecedentes y no suelen reparar en la gravedad de sus actos. Por lo general, sus hacedores pertenecen al entorno de la víctima.
“En muchos casos no se dan cuenta de que si lo hacen como usuarios van a quedar registrados todos sus comentarios y cualquier interacción que hagan por internet. Incluso si están utilizando un perfil falso, eso también queda registrado a través de la IP con la que están conectados, por lo que, tras una denuncia y la investigación pertinente, al final el autor de las amenazas va a ser descubierto”, señala a EL UNIVERSAL Ángela García, técnico de ciberseguridad para ciudadanos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).
La mayoría de los que cometen estos delitos, muchos de ellos jóvenes, actúan así por desconocimiento, porque no son capaces de medir la gravedad de sus acciones; tienen una falsa sensación de libertad, de anonimato, de seguridad y, probablemente, para ellos sea un juego, una manera de escape, por lo que escriben en la pantalla como si detrás de ella no hubiera una persona de carne y hueso que está recibiendo y leyendo los mensajes que pueden acabar haciéndole mucho daño, agrega la especialista.
Los expertos advierten que las redes sociales pueden generar un efecto de “cámara de resonancia”, por la tendencia a unificar opiniones, lo que es algo especialmente preocupante en el caso de amenazas o retos violentos. En las redes muchos usuarios acaban siguiendo sólo los mensajes que apuntan a la misma dirección que ellos plantean, por lo que la violencia se puede multiplicar al sentirse mutuamente respaldados, indican los especialistas.
“Estamos expuestos las 24 horas y los siete días de la semana, por lo que las amenazas o los ataques los vamos a estar recibiendo de continuo, no se interrumpen. En la medida en que se incrementan y se prolongan en el tiempo, se pueden volver mucho más peligrosos”, subraya la técnica en ciberseguridad.
El pasado mes de julio, la justicia francesa condenaba a 11 jóvenes a penas de entre cuatro y seis meses de prisión por participar en el ciberacoso contra una adolescente lesbiana que se había expresado vulgarmente, y de manera reiterada, en contra de las creencias islámicas.
Al emitir su veredicto, el juez Michaël Humbert se dirigió a los acusados para reprobar su acción y recordarles con un ejemplo que la impunidad tampoco tiene cabida en el mundo digital: “Cuando ustedes se cruzan con alguien por la calle, se abstienen de insultarlo, de amenazarlo, de reírse de él. Lo que no harían en la calle, no lo hagan en las redes sociales”, espetó el magistrado.
Los condenados, de entre 18 y 29 años, no tendrán que ingresar a prisión y se mantendrán en libertad condicional, pero en cualquier caso la sentencia francesa envía un claro mensaje: quienes lanzan campañas de hostigamiento y odio en internet deben responder ante los tribunales por sus acciones. El Código Penal español castiga los delitos de odio con penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a 12 meses.
Sin embargo, y a pesar de los avances en legislación cibernética, la falta de medidas disuasorias y la existencia de diferentes jurisdicciones contribuyen a crear vacíos legales, sobre todo porque en algunos aspectos la tecnología va por delante de las leyes, indican los expertos. Además, una parte de los responsables de estos exabruptos son menores de edad, lo que supone un problema añadido a la hora de perseguir el delito y emprender acciones judiciales.
Los especialistas coinciden en que la concienciación de los usuarios y la denuncia de las amenazas son fundamentales para combatir esta lacra. Sin embargo, además de que la concienciación progresa muy lentamente, según encuestas del Ministerio del Interior de España sólo una de cada 10 personas que sufren un delito de odio lo acaba denunciando ante la policía.
“No hay que tener miedo a denunciar si recibimos este tipo de ataques. Si son menores que se lo digan a sus padres, responsables legales o profesores, para recopilar todas las capturas y evidencias posibles a fin de denunciarlo ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, agrega la profesional del Incibe, luego de recalcar que conviene también denunciar al agresor ante las redes sociales para que cierren sus cuentas si es que procede.
“Los amenazados también deben tomar precauciones, como proteger su privacidad y no mantener sus perfiles abiertos. Si no lo hacen, puede derivar en actuaciones de acoso”, alerta la experta.
Según el informe Uso desadaptativo de las TIC en adolescentes: perfiles, supervisión y estrés tecnológico, más de 60% de los adolescentes españoles usa las TIC (tecnologías de información y comunicación) sin supervisión. Casi la mitad (45%), hace un uso desadaptado de ellas, lo que significa que no las utilizan de modo responsable.
El estudio concluye que la relación entre adolescentes y TIC dista mucho de la deseada y avisa de la imperiosa necesidad de formar a adolescentes y a progenitores en el uso responsable de las tecnologías de comunicación.
La pandemia de Covid-19 y los confinamientos han disparado las denuncias por delitos de odio. En el primer semestre de 2021, la policía española recibió 610 denuncias, 9.3% más que en el mismo periodo de 2019, cuando no existían restricciones de movilidad.
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