San José. – Antes de ser deportado por segunda vez de Estados Unidos a El Salvador hace 13 años, el salvadoreño Benjamín Cruz Hernández se resignó a jamás volver a ver a las dos hijas estadounidenses que procreó con una mexicana durante su estadía de casi década y media en Miami, Florida, y decidió dibujarse un tatuaje con los rostros de las dos niñas en la parte superior de un brazo, cerca de un hombro.

Solo por tener tatuajes—uno de los viejos signos de las pandillas o maras Salvatrucha (MS—13) y Barrio o Mara 18 (M—18)—y en medio de la indiscriminada oleada de arrestos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a partir de marzo anterior para contener la criminalidad, Cruz fue capturado el viernes 8 de abril de 2022 en su casa del norcentral departamento (estado) salvadoreño de Cabañas y acusado de “agrupaciones ilícitas”.

“Por el tatuaje es que está detenido desde ese día. No lo he vuelto a ver y está muy enfermo”, dijo la salvadoreña Verónica Alemán Ayala, de 44 años y compañera sentimental de Cruz desde hace unos 13, cuando se le repatrió por última ocasión.

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“A Benjamín lo deportaron dos veces de EU y en la segunda, hace 13 años, se quedó en El Salvador. Cuando perdió la fe de volver a ver a sus hijas y antes de la segunda deportación, en EU se hizo el tatuaje de ellas: es la imagen de las dos niñas que dejó con su ex compañera mexicana. Tiene otro tatuaje cerca de una mano”, narró Alemán a EL UNIVERSAL.

“En marzo pasado me comentó su preocupación de que la policía estaba deteniendo a muchas personas solo por estar tatuadas. Me dijo que iba a usar camisa de manga larga para cubrir el que está cerca de una mano. Le dije que los tatuajes se le veían bonitos, que estuviera tranquilo y que se preocuparan los pandilleros, que sí deben cosas”, relató.

La pareja desarrolló un negocio propio de venta de comidas en su vivienda en Cabañas, donde Cruz fue sorpresivamente arrestado luego de que desistió de acompañar a Alemán a una fiesta familiar por temor a que se le confundiera con un pandillero por los tatuajes de sus hijas, ahora de 14 y 12, y con las que desde hace 13 solo pudo tener contacto telefónico.

Alemán admitió que la esperanza de libertad para Cruz se pierde en las afueras de Mariona, cárcel de El Salvador en cuyo entorno se agolpa en el hacinamiento—y duerme, desayuna, come y cena—un angustiado batallón de madres, padres y parientes de miles de salvadoreños apresados en la batida ejecutada por Bukele con fuerzas policiales, militares y judiciales.

Con el nombre oficial de Centro Penal La Esperanza, en el nororiente de la capital salvadoreña, en los alrededores de la prisión se congregan los familiares de los presos para denunciar arrestos arbitrarios y clamar por la libertad de sus parientes, en un país sacudido en los últimos dos meses por una de las más graves crisis de inseguridad desde el final, en 1992, de los 12 años de guerra civil.

“La situación junto a la cárcel de Mariona es de un caos de gente desesperada por tener noticias de sus hijos, esposos, hermanos. Allí uno no puede sobrevivir. Hay demasiada gente. Es un caos en busca de la libertad de nuestros familiares”, afirmó.

Pero el mensaje oficialista sepultó cualquier esperanza.

“No vamos a liberar a ningún criminal”, advirtió, tajante, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villoro, al desmentir informes extraoficiales de que el gobierno haría una liberación masiva de personas apresadas desde que, el 27 de marzo pasado, Bukele impuso el estado de emergencia mediante aprobación de la Asamblea Legislativa.

“Totalmente falso”, recalcó, al acusar que organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad internacional “están buscando manipular a la población” salvadoreña.

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Limitaciones


El estado de emergencia rigió primero por 30 días desde el 27 de marzo, fue prolongado a partir del 28 de abril por otro periodo similar y se prevé que esta semana vuelva a ser ampliado por un mes.

Seguido por unas reformas legales que impusieron severas restricciones al libre ejercicio del periodismo, el decreto legislativo suspendió garantías constitucionales, autorizó al gobierno a violar telecomunicaciones y correspondencias sin tener orden judicial y limitó los derechos de asociación, reunión, defensa y detención.

Bukele cumplirá, el próximo miércoles, tres de cinco años de gestión tras afianzarse en los últimos dos meses como gobernante autoritario.

Dentro y fuera de El Salvador se teme que, con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral y de policías y militares, Bukele llevará a El Salvador a un retroceso democrático luego de que el país cayó, de 1980 a 1992, a un conflicto bélico que dejó unos 80 mil muertos y desaparecidos y causó una honda desintegración social.

En la peor crisis de violencia de posguerra, el panorama recrudeció a finales de marzo con un alud de homicidios y de violencia que se habría precipitado por la presunta ruptura de un supuesto pacto del gobierno con las maras para establecer una tregua a cambio de prebendas para los mareros encarcelados.

Bukele culpó del sangriento conflicto a la MS—13 y M—S18, que nacieron en la década de 1980 en las calles de California entre migrantes irregulares salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que, al ser repatriados por EU en el decenio de 1990, reprodujeron el modelo criminal en sus países.

En la batida de los últimos 60 días proliferaron las denuncias de aprehensiones infundadas y así lo denunció Alemán sobre lo ocurrido a Cruz.

“El 8 de abril él se negó a ir a una fiesta de familia por miedo a lo del tatuaje y se quedó en casa, a donde llegó la policía y se lo llevó solo por tener tatuaje. Ya está en Mariona”, recordó.

Sin noticias precisas de Cruz en 48 días, Alemán recibió datos contradictorios extraoficiales de que su compañero que sufrió un derrame facial o cerebral y que se contagió de coronavirus y de tuberculosis. “Le llevé medicinas a Mariona, pero no lo pude ver. Es un caos”, describió.

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