El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió a su nominado para el puesto de zar antidrogas, el legislador republicano Tom Marino. El mandatario lo anunció ayer en un tuit matutino, explicando que el representante por Pennsylvania renunciaba a ser considerado para el cargo y lamentó la decisión de quien llamó un “buen hombre” y un “gran congresista”.
Marino era el candidato para dirigir la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, pero su nombre apareció en el centro de una investigación del diario The Washington Post y el programa 60 Minutes, de la cadena CBS, sobre un pago de 100 mil dólares de empresas farmacéuticas que debilitó la capacidad de la Agencia Antidrogas (DEA) para perseguir a fabricantes y distribuidores de opiáceos.
El ya ex nominado no era el único movido por el dinero de esa industria, más de un millón de dólares inyectados a campañas políticas de varios congresistas permitieron aprobar una legislación que frenaba la persecución al tránsito de pastillas en el mercado negro.
La adicción a los analgésicos, una industria que ha multiplicado su presencia y ganancia desde la década de 1990, es la puerta de entrada al consumo de heroína en más de 75% de los adictos en EU.
El caso de Marino es un nuevo triunfo de los medios de comunicación en la exigencia de responsabilidad de cargos públicos. El anterior, y más sonado, fue la dimisión de Tom Price como secretario de Salud tras descubrirse el gasto de miles de dólares de dinero público en viajes y aviones privados.
La crisis de opiáceos en EU es alarmante: en 2016 murieron 60 mil estadounidenses por abuso de drogas y medicamentos —cifra superior a los soldados muertos en la guerra de Vietnam—, y se calcula que provoca la muerte de 91 personas al día.
Está previsto que Trump declare como “emergencia nacional” esta “epidemia” la próxima semana, un paso importante para atacar uno de los grandes problemas del país.