San José.— En un fenómeno heredado del siglo XX, la brutalidad policial recorrió América y desde 2000 se propagó de Estados Unidos a Cuba, Nicaragua o Venezuela, de Colombia a El Salvador y Ecuador o de Guatemala y Honduras a México, Brasil, Perú y Chile.

Los abusos policiales con asesinatos, arrestos arbitrarios, torturas, bloqueo al acceso a los órganos judiciales y otras violaciones a los derechos humanos trascendieron las ideologías de los gobiernos del hemisferio occidental en el siglo XXI.

“No es casual que unidades de policía de tránsito agredan a patadas y garrotazos a usuarios del transporte público, ni que agentes de seguridad ciudadana o pública maten a golpes a una persona ya reducida por la fuerza”, afirmó la comunicadora social guatemalteca Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (Sedem), de Guatemala.

“El conservadurismo se asentó en el poder. El discurso de mano dura transitó a una forma de doctrina funcional de las fuerzas de seguridad pública”, dijo Hernández a EL UNIVERSAL.

“Las otroras policías civiles” de combate a la delincuencia “dieron paso al abuso y al uso desproporcional de la fuerza. Devinieron en fuerzas de choque para reprimir movimientos y disidencias sociales y políticas y, en los peores casos, en brazos paraestatales del crimen organizado”, alegó.

El debate por excesos policiales resurgió con el asesinato del afroestadounidense Tyre Nichols al ser vapuleado el 7 de enero anterior por seis policías en Tennessee. El caso conmocionó a EU.

Al escenario se unió, el 7 de diciembre pasado en Perú, la represión policial con más de 60 muertos a las protestas tras el fallido intento de golpe de Estado de ese día del entonces presidente Pedro Castillo y su reemplazo con la vicepresidenta Dina Boluarte.

Informes de las organizaciones mundiales no estatales de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), de Londres, y Human Rights Watch (HRW), de Washington, evidenciaron la profundidad continental de la crisis en 2023. Recuentos de 2022 de los no estatales Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), de Caracas, y Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), de Madrid, exhibieron la situación conflictiva en Venezuela y Cuba.

Los estudios fueron minimizados por la mayoría de gobiernos aludidos, pero mostraron lo siguiente:

—De la “brutalidad policial” en Cuba, el OCDH reportó que “las actuaciones policiales estuvieron marcadas” en 2022 por el “uso excesivo de la violencia y la fuerza. La violencia policial no sólo es ejercida contra activistas y defensores de derechos humanos, sino también hacia la población en general”. “Agentes policiales agredieron a tres niñas” de 11 y 12 años, denunció.

—Brasil sumó 6 mil 145 asesinatos cometidos en 2021 por las policías Federal (nacional) y Militar y Civil (estatales). Del total, 5 mil 181 fueron de raza negra, según HRW. Algunas muertes causadas en Brasil por policías son en defensa propia, pero “muchas otras” son por “uso ilegal de la fuerza”, indicó.

—La policía de Río de Janeiro mató a mil 11 personas de enero a octubre de 2022, precisó HRW. En 2019 ultimó a 1 mil 810, cinco al día, según AI.

—Más de 500 personas fueron asesinadas a balazos en Jamaica por la policía de 2015 a 2018, informó AI.

—Venezuela sumó 9 mil 367 muertes violentas en 2022, de las que mil 240 fueron por “intervenciones policiales” o “resistencia a la autoridad”, reveló el OVV.

—En una incesante batida desde marzo de 2022 contra las maras o pandillas, fuerzas policiales y militares de El Salvador cometieron “violaciones generalizadas de derechos humanos” con detenciones arbitrarias masivas, tortura, malos tratos a detenidos, muertes bajo custodia, enjuiciamientos plagados de abusos y desapariciones forzadas, de acuerdo con HRW.

La abogada mexicana Érika Guevara, directora para América de AI, adujo que la práctica policial de “uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales” viola “constantemente” los derechos humanos en el continente.

“En lugar de proteger, muchas policías en la región han sido utilizadas como recurso constante por gobiernos sin capacidad de dialogar con las ciudadanías”, en especial “población históricamente marginada”, puntualizó Guevara a este diario.

Aunque la tasa de asesinatos ilícitos por parte de la policía varía cada año, “es muy alta en toda la región”, con México, Brasil, Venezuela, Jamaica, Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago con las “tasas más elevadas”, narró, al aclarar que faltan datos fiables.

AI advirtió que de las calles de Minneapolis, en EU, a las favelas o áreas discriminadas de Río de Janeiro, en Brasil, “el uso ilegítimo” de la fuerza policial “puede terminar en muerte, lesión y ruina”.

“Basta de excusas”, pidió, al exigir abolir esas prácticas por ilegales y vías de impunidad.

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