CIUDAD DE GUATEMALA. — Bernardo Arévalo juró en los primeros minutos de este lunes como presidente de Guatemala, en una jornada marcada por protestas ciudadanas ante el retraso del cambio de mando y que pone fin a varios meses de tensiones y acciones de la Fiscalía para retirarle la inmunidad en lo que muchos vieron un intento de evitar que asumiera el poder.
“En este día trascendental, avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con el esfuerzo”, arrancó su primer discurso como presidente. El cambio de mando, defendió Arévalo, evidencia que la democracia de Guatemala “tiene la fortaleza suficiente para resistir” y que se puede “transformar el panorama político” del país.
El nuevo presidente agradeció a las “naciones hermanas” y organizaciones que le acompañaron en el proceso. “Su apoyo ha sido fundamental”, recalcó, en defensa de las instituciones democráticas guatemaltecas.
Y mencionó que “este honor es el fruto de la confianza esperanzada que los guatemaltecos han depositado en nuestro proyecto” y “un compromiso que asumimos con humildad y determinación, conscientes de la responsabilidad”.
Al grito de “sí se pudo” del público, Arévalo —que ganó las elecciones en agosto pasado con un respaldo popular de más del 60%— tomó posesión del cargo tras un significativo retraso por la dilación del Congreso saliente con las nuevas autoridades, como nunca había ocurrido hasta ahora en el país.
La sesión solemne, en la que también asumió la vicepresidenta Karin Herrera, debía celebrarse “a más tardar a las 16.00” del 14 de enero, según la Constitución guatemalteca, pero cuatro horas después los nuevos diputados apenas juraban su cargo.
Arévalo finalmente llegó al teatro donde se realizó la investidura a las 20.00 y asumió el cargo de presidente pasada la medianoche, ya siendo 15 de enero, acompañado de varios jefes de Estado y de gobierno como Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras o Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Acudieron a Guatemala para la investidura más de 60 delegaciones internacionales.
El presidente saliente, Alejandro Giammattei, estuvo ausente en la ceremonia y anunció poco antes que entregaba las “insignias del mando presidencial” —banda, botón y collar— al Congreso ante el riesgo de que se hiciera demasiado tarde y para que constara que quedaba “separado del cargo de presidente” antes del 15 de enero.
En un mensaje en X, antes Twitter, adjuntó el documento con su firma y dirigido a los diputados del Congreso.
Dada la dilación del Congreso saliente y la suspensión de su sesión, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, leyó a media tarde ante la prensa un pronunciamiento conjunto de jefes de Estado, cancilleres y altos funcionarios de otros gobiernos que acudieron a la investidura en el que hacía un llamado al Legislativo “a cumplir con su mandato constitucional de entregar el poder” a Arévalo.
En “nombre de todas las delegaciones invitadas y representadas”, el secretario de la OEA pidió que se respete la voluntad popular del pueblo guatemalteco expresada en “elecciones justas, libres y transparentes” que fueron avaladas por los observadores internacionales.
Almagro también estuvo presente en la ceremonia de juramentación.
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El Congreso alargó durante horas el proceso, dada la confrontación entre la Cámara saliente y los nuevos diputados por la designación de una mayoría de oficialistas y de aliados para conformar la comisión que debía revisar las credenciales de los nuevos.
Román Castellanos, diputado del Movimiento Semilla reelecto, dijo a The Associated Press que “la comisión se ha tardado demasiado para calificar las credenciales, además están pidiendo requisitos no establecidos en la ley para tomar posesión”. La sesión quedó suspendida por horas.
“Lo que se percibe es que quieran retardar o intentar no darle posesión al nuevo presidente”, reprochó Castellanos durante el día.
Todo ese retraso enardeció las protestas en los exteriores del Congreso, a donde se habían trasladado grupos de campesinos que fueron a la capital para acompañar la toma de posesión de Arévalo y defender la democracia, decían.
“Si no lo juramentan ellos (el Congreso), nosotros como pueblo lo juramentamos”, advirtió Dina Juc, alcaldesa de la alcaldía indígena de Utatlán Sololá que asistió a la movilización.
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José Galeano, que venía de una aldea sur del país, reclamó en medio del bullicio a sus espaldas, que había acudido a la capital y se estaba movilizando por “los derechos de Guatemala, porque hay mucha corrupción”. Y denunció que “el pueblo está saqueado y Guatemala está en la extrema pobreza”.
“Necesitamos democracia”, defendió el hombre, momentos después de algunos choques a empujones entre manifestantes y la policía.
La tensión se mantuvo incluso en los momentos previos a la jura de Arévalo cuando algunos diputados salientes abandonaban el Congreso y fueron recibidos por los ciudadanos arrojándoles objetos.
Un día antes de la investidura, Arévalo dijo que se sentía “entusiasmado porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso” y que “la sociedad guatemalteca ha desarrollado esa determinación para decirle ‘no’ a esas élites político-criminales”.
Su camino, desde que era un candidato al que las encuestas le daban pocas posibilidades hasta hacerse con el poder, ha estado marcado por un atropellado avance en medio de investigaciones judiciales, órdenes de aprehensión, pedidos para que pierda su inmunidad y hasta la intención manifiesta de la fiscalía de anular las elecciones.
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La población indígena ha sido clave para que Arévalo pueda llegar a la investidura. Fueron ellos los que que se organizaron, manifestaron y bloquearon carreteras en demanda de que la fiscalía detuviera su arremetida y respetara el voto que le dio la presidencia. Pero también han criticado que el nuevo presidente no haya incluido en su gabinete a más indígenas, que representan la mayoría de la población del país.
Llegar al poder no le fue fácil, tampoco lo será hacer gobierno.
El pleno del Congreso saliente, integrado en su mayoría por oficialistas y aliados, aprobó meses atrás un presupuesto que no solo restó asignaciones a carteras como Salud y Educación, sino que incrementó los recursos para la fiscalía y el organismo judicial con el fin de fortalecerlos, las dos entidades que encabezan la arremetida contra la llegada de Arévalo.
Una de las primeras tareas que Arévalo dice que hará al ser investido es pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha encabezado la arremetida judicial en su contra y tiene un mandato de cuatro años que llega hasta el 2026. La titular de la fiscalía solicitó tres veces que se le retire la inmunidad al nuevo presidente.
A su favor, el próximo presidente tiene a una población cansada de la corrupción, a comunidades indígenas que abogan por un país incluyente y defienden la democracia y a la comunidad internacional que ha ofrecido apoyo al nuevo gobierno y sanciones a quienes intenten detener el traspaso del poder.
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