San José.— Cuando las fuerzas derechistas de Guatemala se movilizaron de junio de 2023 a enero de 2024 para impedir con múltiples trabas judiciales, políticas y electorales que el centroizquierdista Bernardo Arévalo consiguiera asumir la Presidencia de esa nación, el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, apoyó al político centroamericano y urgió a defender la voluntad popular guatemalteca expresada en democracia.
Ahora que el régimen de Venezuela, encabezado por el cuestionado presidente izquierdista Nicolás Maduro, impidió a la opositora derechista María Corina Machado competir por la presidencia de ese país, Boric expresó su honda inquietud. “Expresamos preocupación por la situación que afecta a líderes políticos de la oposición venezolana que podrían verse impedidos de participar en las próximas elecciones presidenciales de ese país”, afirmó el gobernante chileno el lunes anterior.
Arévalo se sumó a Boric y lamentó la decisión que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) anunció el viernes pasado de inhabilitar a Machado hasta 2036 y le prohibió aspirar a un cargo de elección popular, con lo que le cerró la puerta a participar en los comicios presidenciales previstos para el segundo semestre de 2024.
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Machado fue escogida en comicios primarios en octubre de 2023 como candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal bloque opositor venezolano. El opositor derechista Henrique Capriles fue inhabilitado por su lado hasta 2032.
A diferencia de Boric, los demás gobiernos de izquierda del área —México, Brasil, Cuba, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Honduras y San Vicente y las Granadinas— prefirieron la lealtad incondicional a Maduro y callaron en el caso de Machado, pero sí respaldaron en 2023 y 2024 a Arévalo en su ruta a la presidencia, que asumió el 14 de enero.
En contraste, los gobiernos de derecha y centroderecha de Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Panamá que avalaron a Arévalo, mostraron preocupación desde el viernes por el caso de Machado. Esos países instaron a Maduro a respetar unos pactos que suscribió en octubre de 2023 en la isla caribeña de Barbados con la PUD para lograr comicios democráticos.
La crisis venezolana volvió a poner en duda la coherencia política de América Latina y el Caribe, atrapada en sus posturas ideológicas y sin consensos para afrontar los desafíos hemisféricos por la ausencia o el deterioro de la democracia sin importar si ocurrieron en Venezuela, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Perú o Haití.
“Para la izquierda la salsa que es buena para el ganso no lo es para la gansa. Los gobiernos y grupos autodenominados de izquierda [concepto cada vez más obsoleto] conciben los derechos electorales y la defensa de la democracia sólo cuando beneficia sus intereses”, describió el politólogo Carlos Murillo, director del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo de la (estatal) Universidad de Costa Rica.
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“Cuando se trata de demandar/exigir el cumplimiento de la voluntad popular a favor de un candidato o un presidente electo, lanzan las campanas al vuelo cuando se trata de alguien a quien considera afín a sus enfoques político-ideológico”, dijo Murillo a EL UNIVERSAL.
“Pero cuando es un gobierno de izquierda el que irrespeta la voluntad popular [mayoritaria o minoritaria], ahí guardan silencio y hasta defienden los intereses del gobernante de turno, acusando a la derecha’ y a Estados Unidos de violentar la soberanía”, aseguró.
Al recordar que los gobiernos izquierdistas del área “compartieron la posición de Washington para defender el derecho de Arévalo a asumir la presidencia”, anticipó que “no tardarán en defender la posición de Maduro rompiendo un acuerdo e impidiendo que Machado sea candidata, acusando a EU, la Unión Europea y a otros de injerencia.
“Y sobre todo cuando el régimen de Maduro percibe que, si participa en elecciones libres y con la oposición unida, arriesga a perder los comicios. Por eso se garantiza ganar en elecciones en las que no puede participar la oposición unida”, advirtió.
El gobierno y la PUD firmaron el 17 de octubre de 2023 en Barbados un acuerdo para realizar elecciones libres y transparentes en 2024. Al día siguiente, EU flexibilizó las sanciones económicas que dictó contra Caracas de 2014 a 2017 al acusar que Maduro violó los derechos humanos y rompió el orden democrático en su país.
El régimen de Maduro, que domina los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Electoral y las demás instituciones, ratificó el viernes un fallo de 2023 sobre la inhabilitación que se impuso en 2015 a Machado en un inicio de 12 meses y que llegará a 2036. “Caso juzgado”, alegó.
Machado fue acusada, entre otros, de favorecer las sanciones económicas de EU a Venezuela. Al excluir Maduro a Machado, EU comenzó esta semana a reactivar las sanciones.
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“Sorprende que la inhabilitación a Machado no indignara más a los gobiernos latinoamericanos, sobre todo si se compara con el apoyo que se dio al necesario pluralismo democrático en Guatemala”, adujo la abogada colombiana Jimena Reyes, directora para las Américas de la (no estatal) Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.
“¿A qué juega Maduro, al rol de títere de Rusia? Negoció en Barbados, prometió elecciones [libres]. Pero como la justicia en Venezuela no es independiente [de Maduro], luego inhabilitó a la candidata opositora”, planteó Jiménez a este diario.
“Maduro ha jugado con la negociación sin realmente nunca mostrar voluntad genuina de ir a una transición, lo que Venezuela necesita urgentemente”, sentenció.