San José.— Por temor a que los agresores de mujeres busquen a sus víctimas para atacarlas y rematarlas o intenten reprimir a las personas que las ayudan a recuperarse de sus traumas físicos, sexuales y mentales, la hondureña Ana Cruz se negó a compartir la dirección exacta de las casas refugio de la (no estatal) Asociación Calidad de Vida en Honduras que acogen a niñas, adolescentes, adultas y ancianas maltratadas por hombres de su entorno social.
“No damos la dirección. Los hombres se creen dueños de las mujeres, sin importar si ellas están en sus casas o en un centro especial para cuidarlas con sus hijas e hijos”, advirtió Cruz, directora ejecutiva de la asociación.
Así respondió al pedirle que precisara la zona donde están las tres casas refugio que la asociación abrió durante los últimos 26 años en Honduras como santuario para auxiliar a las mujeres atacadas por hombres con los que tienen o tuvieron nexos familiares, sentimentales, amistosos, profesionales, educativos o laborales o simplemente vecinales.
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“Por seguridad, no damos nunca la dirección de nuestros albergues por miedo a que, por venganza, los agresores busquen a las mujeres para seguirlas agrediendo o nos busquen a nosotros, que las atendemos, para tomar algún tipo de represalia. Es muy riesgoso”, relató Cruz a EL UNIVERSAL.
Al recordarse hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el caso hondureño evidenció apenas uno de los peligros que afrontan distintas organizaciones no estatales de América Latina y el Caribe para asistir y respaldar a las mujeres agredidas y tratar de avanzar en rehabilitarlas, recuperarlas y reinsertarlas a la sociedad en unión de sus familias.
Regidos por los Estados mediante los gobiernos nacionales, estatales o provinciales y municipales y locales o por agrupaciones no estatales o de la sociedad civil, los hogares de acogida de mujeres víctimas de la violencia en sus variadas expresiones subsisten con múltiples carencias financieras, por reflejo de las crisis en sus países, y jurídicas, por la impunidad del victimario y por su fragilidad institucional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó desde 2020 a los 35 países del hemisferio occidental a “fortalecer los servicios de respuesta a la violencia de género, en particular la violencia intrafamiliar en el contexto de confinamiento y aislamiento social” por el coronavirus.
En un entorno de violencia contra las mujeres en el continente que se agudizó al estallar ese año la emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, la CIDH exhortó a desarrollar “mecanismos alternativos de denuncia, la ampliación de la oferta de refugios para víctimas de violencia doméstica y el fortalecimiento de la capacidad de agentes de seguridad y actores de justicia para ofrecer respuestas oportunas” en un contexto de pandemia.
Tres sistemas
La asociación que funciona en Honduras desplegó tres programas para socorrer al sector femenino. Uno es vía telefónica, que se creó para funcionar las 24 horas y todos los días y ofrecer asesoría legal y atención sicológica en instantes de urgencia y que atiende a unas 120 mujeres al mes.
Otro es el servicio presencial, que se estableció para dar seguimiento a algunas de las que recibieron apoyo telefónico y que suministra asistencia legal, sicológica y física a unas 100.
Una tercera opción es residir en las casas refugio. Cruz detalló que en esos sitios viven unas 30 mujeres con sus hijas e hijos y completan unas 130 personas.
“Residen de manera temporal por un promedio de unos tres meses. Ellas llegan con una situación muy complicada. Vienen muy afectadas sicológicamente: llegan emocionalmente muy perjudicadas. A veces la violencia sicológica es la que a ellas le ponen menos atención. Creen que la violencia en su contra sólo es física”, describió. Al ataque físico y mental se suma el económico, que ocurre cuando el agresor no da suficiente dinero a la agredida para los gastos de la casa.
También sucede cuando le destruye documentos personales, muebles, platos y otros enseres de la vivienda o hasta le quema ropa, zapatos y prendas o artículos básicos.
“Hay casos en Honduras en los que el hombre deja 20 lempiras [unos 85 centavos de dólar] en la mañana a la mujer para gastos y le exige comida calientita en la noche. Como ella no puede hacer nada con ese dinero, él se enoja ante cualquier comida que ella le sirva y usa ese alegato para justificar agredirla a ella. El reclamo por la comida va seguido por la agresión”, narró.
Un factor inquietante es que cuando, ya golpeadas mental, física y sexualmente, las mujeres recurren a los albergues y empeñadas en negarse a admitir su realidad. “No reconocen como tal a la violencia sexual, porque creen que el hombre está con el derecho a tener relaciones sexuales a como sea y cuando sea y ellas simplemente tienen la obligación de complacerlo”, lamentó Cruz.
Prevenir
Nacida en 1990 por la violencia contra las mujeres, la Casa de Refugio Matilde, de Ecuador, informó que en el servicio de atención legal, física y sicológica que aporta en los centros que opera en varias partes de ese país reitera en la necesidad de atacar un factor urgente del problema: la prevención. Prevenir la violencia “no sólo entendiéndola como información de las leyes y servicios existentes, sino como procesos de sensibilización para provocar cambios en las costumbres y prácticas discriminatorias y violentas contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, por otras de resoluciones alternativas de conflictos, respetuosos y equitativos”, adujo.
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