Nos aseguran que luego del gran susto que se vivió la tarde de este 19 de septiembre en la Ciudad de México, por el sismo de magnitud 7.7, muchas personas reportaron agrietamientos en sus viviendas y pidieron que se revisen sus inmuebles. Por ello, para descartar riesgos o no, se le cargará la chamba al Instituto de Seguridad para las Construcciones de la Ciudad de México, a cargo de Renato Berrón , para dar salida a las peticiones que incluyen revisión de puentes vehiculares. Y es que, si bien, no se reportan daños mayores por el terremoto, hay mucha inquietud sobre los inmuebles, así que el instituto determinará la situación de las construcciones.

Ven persecución hacia la alcaldía Miguel Hidalgo

Nos cuentan que la decisión de la Contraloría General capitalina de suspender por 90 días al director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, César Garrido , fue recibida por las autoridades de la demarcación como una nueva ofensiva contra la oposición. De hecho, el propio alcalde panista Mauricio Tabe denunció que la resolución fue hecha al vapor y sin investigación previa. Nos dicen que el tema seguirá dando de que hablar, pues don Mauricio dijo que viene la batalla legal para revertir la determinación, e incluso, nos aseguran que esta semana saldrá información para evidenciar la persecución. Eso sí, nos señalan que esta situación podría unificar más a la UNACDMX.

Que ahora sí van contra huachicoleo de agua

Nos comentan que las autoridades de los tres niveles de gobierno aumentarán los operativos para frenar el huichicoleo de agua en Ecatepec, pues después de que entró en vigor la ley para evitar el robo a las redes hidráulicas, se registró un aumento del delito. Este domingo, la policía arrestó a cinco supuestos huachicoleros en una toma clandestina de la Quinta Zona, donde se ha incrementado el número de éstas y donde más desabasto existe entre las familias, como documentó El UNIVERSAL. Lo que se preguntan los vecinos ecatepenses es por qué persiste esta práctica ilícita si se castiga hasta con ocho años de cárcel a los infractores, con las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso mexiquense.

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