La aprobación del plan B en materia electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sería un golpe operativo hacia el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y le daría vía libre a los funcionarios para hacer abiertamente proselitismo sin ser sancionados, consideraron consejeros electorales de la capital del país.
El consejero Mauricio Huesca detalló a EL UNIVERSAL que el plan B daría a los servidores públicos manga ancha para que puedan hacer proselitismo desde sus cargos, incluso utilizando programas sociales, sin que se les pueda sancionar.
“El hecho de que este plan B les dé prácticamente carta abierta para que puedan hacer lo que quieran, y sin ninguna sanción, lo que va a generar es que más servidores públicos salgan a las calles a pedir el voto, y que no haya un control del discurso político y que esto genere una problemática para la sociedad… habría un descaro, una violación flagrante a la Constitución”, criticó.
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En este sentido, comentó que desaparecerían los órganos distritales que tienen los organismos electorales y el Instituto Nacional Electoral (INE), que sirven, entre otras cosas, para supervisar que todos cumplan con las reglas durante los procesos electorales.
“Operativamente es un golpe importante a la forma en cómo se operan los procesos electorales. Otra situación complicada también es que los órganos desconcentrados ordinariamente son las personas que están vigilando, les mandamos desde oficinas centrales recorridos que tienen que hacer periódicamente cada semana para ver cómo está la propaganda en la calle, los espectaculares, en los mítines de campaña, los mítines previos, esto con el propósito de que podamos modular el discurso político y programas sociales que entregan los gobiernos”, indicó.
Sostuvo que sería complicado realizar estas supervisiones sin el brazo ejecutor.
El consejero Ernesto Ramos subrayó que el llamado plan B en materia electoral traería tres grandes afectaciones al IECM: la eliminación de los órganos desconcentrados o distritales, que son como los brazos y piernas del instituto y su primer enlace de comunicación con la ciudadanía, por ejemplo, para consultas ciudadanas o iniciativas populares.
“Al perder estos órganos distritales, el principal personaje que pierde aquí es la ciudadanía porque deja de tener este contacto cercano para hacer valer sus derechos, ya no sólo electorales, sino de participación ciudadana, debería valorarse eso, no es una reforma que afecte sólo la materia electoral, sino que afecta la democracia participativa”, dijo.
La segunda gran afectación, continuó, es que esta reforma agrupa de manera generalizada las atribuciones de los distintos OPLE en solamente dos: una que se refiere a la organización y la capacitación, y la segunda en cuanto a la administración y los aspectos jurídicos, lo que también, advirtió, ignora a la democracia participativa de la Ciudad, que es “número uno en el país en promover la democracia participativa”.
El tercer elemento grave, para ellos, es que se aprueba un artículo transitorio en donde se estipula que habrá una comisión que estudiará el voto electrónico durante cinco años, y que ni el INE ni los OPLE podrán investigar o implementar métodos de votación electrónica.
“¿Qué nos implica a nosotros? Prácticamente nos obliga a descartar el uso de nuestro sistema de votación por internet, que es una aplicación por teléfono celular, que utilizamos año con año en nuestros procesos de participación ciudadana, que está aprobado, es robusto, que está desarrollado por nosotros y que le pertenece al Estado mexicano”, puntualizó.
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