Naucalpan, Méx.— “Queremos dejarle al ciudadano la decisión de poder tener una alternativa legal para defender su patrimonio”, sostuvo Anuar Azar Figueroa, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, al plantear el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa, que prevé regular la portación legal de armas de fuego para personas que cumplan requisitos y controles específicos.
“No representa llegar a la venta generalizada de armas, sino a un acuerdo por la seguridad ciudadana y de legítima defensa, con un protocolo perfectamente establecido”, dijo el también diputado local, durante una entrevista que tuvo con EL UNIVERSAL.
De acuerdo con el legislador, en el país existen 19 millones de armas en posesión de ciudadanos, de las cuales 15 millones están en posesión irregular. El acuerdo también buscaría establecer un mecanismo para regularlas.

Entre los requisitos que plantea Acción Nacional para la portación legal de armas se encuentran no contar con antecedentes penales, aprobar un examen sicológico, recibir capacitación y someterse a una evaluación para acreditar que la persona cumple las condiciones para la portación.
Azar Figueroa indicó que cada arma tendría una huella balística para identificarla y vincularla con su propietario, quien asumiría la responsabilidad sobre su uso.
Para construir este Acuerdo, el dirigente del PAN señaló que se organizarán foros en los 32 Congresos locales “porque ahí están representadas las fuerzas políticas”.
“No es lo mismo lo que se vive en Tijuana que en Mérida, queremos escuchar a los ciudadanos en su día a día”, abundó el legislador.
Los foros estarían conformados por cuatro mesas de discusión. La primera tratará sobre legítima defensa y derechos ciudadanos; la segunda, sobre seguridad pública, delincuencia y capacidad de respuesta del Estado; la tercera, sobre quién puede portar armas, y la cuarta, sobre protección a terceros.
Al término de los foros, se integrará el Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana y la Legítima Defensa.
“Buscamos abrir una discusión plural sobre los mecanismos legales que pueden tener las familias para protegerse ante una agresión inmediata”, comentó.
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