El director de la organización El Caracol, Luis Enrique Hernández pidió a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) modificar el para que grupos de la sociedad civil puedan brindar acompañamiento y seguimiento a los casos de las personas, pues acusan que la dependencia actualmente se evalúa sola.

“La última actualización [al protocolo] que hizo Sibiso fue en 2019, pero sin la opinión de las organizaciones civiles, por lo que buscamos que el Gobierno capitalino tenga voluntad política para hacer los cambios pertinentes, ya que se encuentran limpiando las calles a su modo, pues la coordinación con las organizaciones civiles se dejó muy atrás y esto se ha evidenciado con la violencia contra la población callejera; la autoridad ahora se evalúa sola”, indicó.

De acuerdo con una solicitud de información con número de folio 090165822000108 realizada por EL UNIVERSAL, la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM), del 5 de diciembre de 2018 al 5 de abril de 2022, ha abierto 15 expedientes, debido a quejas por posibles violaciones de derechos humanos a personas en situación de calle por parte de funcionarios de Sibiso y del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPA), el cual depende de la secretaría capitalina.

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En 2019 se abrió un expediente; tres en 2020; seis en 2021, y este año cinco más por violaciones a derechos a una vida libre de violencia, derecho a un nivel de vida adecuado, a la libre circulación y residencia, seguridad jurídica y derecho a la vida de la población callejera. En 2018 no se recibieron quejas.

Al consultar a la Comisión de Derechos Humanos, explicó que de 15 quejas, 12 ya fueron resueltas, de ellas, cuatro no tuvieron elementos suficientes; tres fueron solucionadas en el trámite; en una hubo falta de interés; en dos no subsistió la materia; una no contó con consentimiento de la posible víctima y en una más no se pudo establecer contacto con la posible víctima. El resto sigue en investigación.

Por otro lado, de acuerdo con la solicitud de información con folio 092453822000601, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), del 5 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de 2022, se registraron dos denuncias contra funcionarios de Sibiso por el presunto maltrato a población callejera.

Bajo investigación

El director de la organización El Caracol explicó que han interpuesto diversas quejas en este sexenio ante la CDHCM, pero que siguen en revisión muchas de ellas; la única Recomendación General para la población callejera en esta administración se hizo en 2021, con el fin de garantizar los derechos de las personas, así como para revisar los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), para que sean lugares seguros.

“Es una recomendación general y no por un caso específico, pero en esta se reconoce el problema y la violación de los derechos humanos a las poblaciones callejeras. Incluso tenemos cerca de cinco casos de violaciones de derechos a niños en situación de calle, seguramente hay más, son casos que nos han llegado en estos años, pero antes [en el sexenio anterior] eran cerca de 19”, explicó.

Enrique Hernández acusó que hay personas en situación de calle que son retiradas, y al solicitar información sobre ellas no se las dan; incluso, señaló que pudiera haber diversas muertes en los refugios sin saberlo.

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“Pedimos coordinación, antes era así, ahora, es una palabra muy fuerte, pero están limpiando las calles, y no sabemos qué pasa con estas personas”, dijo.

Mediante redes sociales, a principios de este año, se han denunciado un par de agresiones a población callejera por parte de servidores de Sibiso, para retirar a las personas de la vía pública y llevarlas a albergues. Las autoridades han asegurado que no actúan de manera inadecuada.

De acuerdo con el último recuento de Sibiso, en 2020 hay entre 932 y mil 226 personas en situación de calle, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Este diario buscó la postura del titular de la Sibiso, Carlos Ulloa, y respondió que a la fecha no habían recibido notificaciones sobre sanciones o recomendaciones por parte de la CDHCM o de la FGJ, pero que estarían pendientes ante cualquier caso.

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