Diputados buscan aumentar penas contra robo o sustracción de menores en CDMX; proponen hasta 20 años prisión

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, presentó una iniciativa para aumentar las penas contra la sustracción de menores en la Ciudad de México.

Actualmente el artículo 171 del Código Penal local establece una sanción de tres a siete años de prisión y una multa de 300 a 800 veces la Unidad de Cuenta y Actualización (UMA) contra este delito, por lo que la legisladora propuso una pena de 10 a 20 años de prisión y una sanción económica de 400 a 2 mil veces la UMA (de 43 mil a 217 mil pesos).

La propuesta detalla que las estadísticas sobre la desaparición de menores en Ciudad de México indican una problemática alarmante, pues según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en la capital del país hay un promedio de 2 desapariciones diarias. Las alcaldías con mayor número de desapariciones son Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentrando el 33% de los casos. Siendo el 80% de los desaparecidos adolescentes de entre 12 y 17 años, lo que subraya la vulnerabilidad de este grupo.

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Las alcaldías con mayor número de desapariciones son Iztapalapa y Gustavo A. Madero (19/11/2024). Foto: Especial

Más tarde, en conferencia de prensa, la legisladora detalló que no basta con protocolos y buenas intenciones, sino que se necesitan leyes que fortalezcan la capacidad de respuesta y que aseguren un entorno seguro para niñas y niños.

“Por eso, propongo elevar las penas por la sustracción de menores, para que quien cometa este delito sepa que enfrentará las consecuencias más severas, que quien pretenda robarse un niño termine en la cárcel”, añadió.

Al respecto, Guillermo Donaldo, director General de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, I.A.P. advirtió que la sustracción por persona ajena o robo de niños requiere de toda la atención ya que se ha incrementado entre menores de 0 a 6 años y en adolescentes de los 12 a los 17 años, que son presa del delito con fines de trata o de crimen organizado.

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“Elevar las penas es necesario, pero también las Fiscalías deben hacer su parte, no hay justificación para que a los padres o familiares se les pida esperar 72 horas para iniciar una denuncia. La autoridad debe actuar de inmediato”, señaló.

“Atender este problema que afecta a la niñez y también a sus familias es algo que ya no puede esperar. Reconocemos que no basta con endurecer las penas, sino que este es un primer paso, pero un paso firme para garantizar su seguridad”, señaló el coordinador panista Andrés Atayde.

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