Diputado del PAN propone endurecer penas por invasión de inmuebles; busca castigar con hasta 34 años de prisión el despojo en CDMX

El diputado local del PAN, Diego Garrido presentó una iniciativa para castigar con hasta 34 años de prisión el delito de despojo.

Durante la Comisión Permanente de este día en el Congreso de la Ciudad de México, el legislador propuso modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal local para imponer de seis a 12 años de cárcel y una multa de 200 a 600 unidades de medida y actualización a quien, por medio de violencia física o moral, o por engaño ocupe un inmueble ajeno.

Además de la peña señalada, se castigaría con 11 a 22 años de prisión a quien cometa un despojo en pandilla, contra personas mayores, en áreas catalogadas, cuando se usurpe la identidad del propietario o cuando participe algún servidor público, entre otras agravantes.

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La iniciativa, que fue turnada a comisiones para su análisis, señala que el aumentar las penas y dar una correcta y efectiva difusión, da un mensaje a la sociedad y a los delincuentes de la gravedad de cometer el ilícito y que el sistema de justicia está dispuesto a realizar acciones efectivas para erradicar las conductas, más cuando se realizan contra grupos vulnerables, en especial hacía los adultos mayores.

Por otro lado, revisando las estadísticas, se puede inferir que el delito de despojo no afecta a las clases que tienen más recursos económicos, afecta principalmente a las clases sociales más desprotegidas y segmentos de la población más vulnerables y susceptibles de no poder acceder a la justicia.

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“En las demarcaciones en donde se comete más el despojo son Gustavo. A. Madero, Cuauhtémoc e Iztapalapa, y son en estas zonas donde más se aglomeran los sectores sociales más desfavorecidos y con menor capacidad económica. El despojo afecta a los que menos tienen la posibilidad de acreditar propiedad o quienes no tienen recursos para acudir a una defensa jurídica adecuada. El aumentar las penas para los invasores es un mensaje para los segmentos poblacionales mayoritarios de que la justicia es para todos y que el patrimonio que generaron con el trabajo de años es defendido por el Estado”, señala la propuesta.

LL