Según organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de la comunidad LGBTTTIQ+, durante el año pasado documentaron seis transfeminicidios, de los cuales ninguno está resuelto. El problema, indican, es que se les considera homicidios dolosos de hombres, sin tomar en cuenta la idendidad de género.
“El problema empieza desde ahí, si se mata a uno de la comunidad, la fiscalía lo clasifica como homicidio doloso de hombres, así se descarta que sea un crimen de odio o que la agresión sea por la vestimenta o la preferencia sexual de la víctima. Entonces, sí es un gran avance que apenas ahora se visibilicen los feminicidios, pero la autoridad tiene un gran pendiente con los transfeminicidios”, dice Hortencia Orozco, activista e integrante LGBTTTIQ+.
En este sentido, es importante destacar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) cuenta ya con una unidad adscrita a la fiscalía de feminicidios, y dedicada a investigar los crímenes de odio o transfemincidios; sin embargo, apenas está entrando en funciones.
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A decir de especialistas y activistas, el personal es poco y aún les falta mucha preparación y capacitación, pues se siguen iniciando los expedientes como si fuera un homicidio de un hombre o mujer, lo que dificulta y entorpece las investigaciones en torno a estos crímenes.
“Sabemos que los datos que se arrojan en distintos diagnósticos colocan a México en uno de los primeros lugares relacionados con crímenes de odio, en ese rubro sí hace falta trabajar mucho, pues aunque la fiscalía ya tiene una unidad para investigar los temas de transfeminicidios, hacen falta protocolos que realmente garanticen el acceso a la justicia de las personas de la diversidad, no solamente en calidad de víctimas, también de imputadas”, refiere, en entrevista con EL UNIVERSAL, Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred).
“En las mesas de trabajo que hemos hecho se han encontrado varias prácticas discriminatorias de la comunidad, tenemos quejas, por ejemplo, desde que se presentan en la puerta para poner una denuncia hasta cómo avanzaba la carpeta, errores en las medidas de protección, omisiones y prácticas erróneas basadas en estereotipos, y eso complicaba el acceso a la justicia, minimizan la violencia familiar o la de las parejas, les cuestionaban que si eran hombres, [y de ser así], pues que se defendiera, o si eran casos de mujeres, pues que no pasaban de unos rasguños”, expone.
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Una situación así vivió Martina Villanueva, su expareja la maltrataba física y sicológicamente; a pesar de los golpes que en algunos casos alcanzó a grabar con su teléfono celular, nunca la “tomaron en serio”.
“Vivimos en un limbo legal en todos los sentidos, no somos reconocidas, no tenemos acceso a la justicia y falta mucho para que la misma sociedad y las autoridades nos tomen en serio”, lamenta la entrevistada, quien pertenece a la comunidad muxe del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
“Cuando me acercaba a denunciar, me decían que cómo era posible que me dejara golpear, con los vecinos era igual, se reían cuando pedía ayuda y eso de verdad no puede ser posible. Qué bueno que ya se abra la justicia hacia la comunidad”, dice.
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