En poco más de dos meses, la Secretaría de Salud federal ha discrepado con el Gobierno capitalino sobre el color del semáforo epidemiológico Covid-19. Primero, el 18 de junio, la Federación regresó a la capital al amarillo, cuando había permanecido dos semanas en verde, ahí, la administración de Claudia Sheinbaum aseveró que había niveles mínimos históricos sobre la pandemia y no hicieron ajustes a las actividades. Ahora, un nuevo choque ocurre, incluso con una nueva metodología del instrumento de medición. Salud coloca a la CDMX otra vez en color rojo por los contagios, pero esto no modificó la postura de doña Claudia, ni antes ni después del anuncio, pues dijo que la Ciudad está en naranja y no hay restricciones porque la pandemia está estable. Más allá de diferencias técnicas, nos dicen, las discrepancias causan confusión entre la población.

Una tarea más para el secretario de Obras

En este espacio le hemos platicado que el actual secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva, ha acumulado muchas tareas más allá de las propias de la dependencia, como es coordinar la rehabilitación de la Línea 12 del Metro, tras el colapso de hace tres meses. Ahora, en víspera de la apertura de la segunda línea del Cablebús, en Iztapalapa, don Jesús fungió como entrevistador de los líderes de la empresa constructora para hablar sobre la seguridad del sistema elevado de transporte, mientras estaban en una cabina. Nos dicen que esperan que con tantas chambas, las obras no sufran retrasos en su entrega y entrada en operación.

Prisión a quien venda alcohol a menores

Los diputados del Congreso del Estado de México de la 60 Legislatura finalmente descongelaron la iniciativa del legislador morenista Gabriel Gutiérrez, de que haya una penalidad de hasta ocho años de prisión a quienes vendan bebidas alcohólicas a menores. El documento ingresó al Poder Legislativo hace dos años, al parecer, el ímpetu de diputados por sacar temas antes que termine su periodo ayudó a que esa reforma pasara. Lo que sigue es que la publique el gobierno estatal para que esté vigente y veremos cómo se instrumenta para revisar su efectividad.

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