La propuesta de reforma del Gobierno de la al Código Fiscal para gravar con 2% de impuesto a las aplicaciones utilizadas para el reparto de comida y productos dividió opiniones entre los involucrados.

Mientras que una parte del sector empresarial está a favor del impuesto porque la capital no recibe ganancias de lo que pagan estas compañías al gobierno federal, los repartidores consideran que dejarán de obtener aproximadamente cuatro pesos por viaje; algunas organizaciones adelantan que afectará directamente a usuarios y repartidores, y amagaron con impugnar esta reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Quintero pidió al Congreso local discutir la propuesta en favor de los usuarios y pequeñas empresas para que no resulten afectadas por este gravamen.

“Espero que el Congreso pueda reconsiderar [el impuesto], pero por supuesto que los recursos judiciales como la Suprema Corte son una opción para todas las empresas y es una valoración que se tendrá que hacer en el momento de su aprobación, ya que este impuesto es inconstitucional”, dijo a EL UNIVERSAL.

Aseguró que la propuesta no es un impuesto digital, sino por usar las calles de la capital para la entrega de mercancías y perjudica a toda una cadena de personas, usuarios, restaurantes, locales, trabajadores y las plataformas.

“Si dejan de pedir, no hay trabajo”

Cuatro pesos menos estiman que dejarán de ganar por viaje 250 repartidores que conforman el colectivo Ni un Repartidor Menos, en caso de aprobarse la reforma en el Congreso local.

Saúl Gómez, quien trabaja para Uber Eats y DiDi Food y es fundador del colectivo, afirmó que no cuentan con prestaciones de ningún tipo y ganan en promedio por orden entre 17 y 23 pesos, y ese 2% se traduce en cuatro pesos menos de ganancias.

Empresarios defienden iniciativa

El presidente de Canaco CDMX, Nathan Poplawsky, afirmó que el sector empresarial a su cargo está a favor de que el Gobierno de la Ciudad de México cobre 2% a las plataformas de reparto de alimentos o productos, ya que es un asunto de elemental justicia debido que la capital no recibe ganancias de los impuestos que los negocios pagan a la Federación.

Precisó que la secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena González, y el procurador Fiscal, Salvador Juárez, les explicaron que el incremento será alrededor de 50 centavos por entrega, gasto que pueden absorber las aplicaciones sin problema.

Expuso que estas empresas se quedan con la mayor parte de la utilidad, entre 20% y 30%, pese a que son los negocios quienes absorben los riesgos e invierten y tienen ganancias del orden de 10% a 15%.

“Es un aprovechamiento”

El procurador Salvador Juárez afirmó que el gravamen no se trata de un impuesto, sino de un aprovechamiento por el uso de la infraestructura de la capital del país, y negó que se cobre por el uso de las calles.

Aseguró que en la propuesta del Código Fiscal está definido que el cobro sólo será para las empresas intermediarias, por lo que no se debe trasladar a establecimientos ni a repartidores.

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