El jefe de Gobierno, Martí Batres, anunció el retiro de las propuestas del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) y el Plan General de Desarrollo, con el objetivo de incorporar un capítulo para el combate de la corrupción inmobiliaria, esto a un día de que se venciera el plazo para la votación en el Congreso capitalino, lo que ocasionó confusión en el Legislativo ante la duda de cuáles son las facultades para hacerlo.
En conferencia de prensa, el mandatario capitalino aseveró que los proyectos que se enviaron al Congreso local “no tienen impacto negativo” en la Ciudad, además de que recogen varias de las demandas de la comunidad. Sin embargo, precisó que se incluirá un conjunto de candados y medidas para evitar que prolifere la corrupción inmobiliaria y los aspectos negativos que esta implica.
“En estos meses ha surgido un tema muy importante, que es el tema de la corrupción inmobiliaria, el tema del Cártel Inmobiliario, este es un tema muy relevante, muy importante y nos parece que no podríamos dar paso a elementos de planificación a largo plazo sin establecer un conjunto de candados y medidas que impidan que prolifere la corrupción inmobiliaria”, dijo.
Batres Guadarrama sostuvo que los proyectos que se enviaron al Congreso recogen varias demandas de la comunidad, por ejemplo, en materia de suelo de conservación, clasificación de suelos urbanos y la incorporación de derechos sociales.
El retiro de los proyectos fue aplaudido por diputados de todos los partidos, pero generó confusión sobre las facultades para hacerlo. Por un lado, legisladores del Frente señalaron que es competencia de las comisiones dictaminadoras el retiro de estos documentos; sin embargo, Morena y aliados comentaron que el jefe de Gobierno está facultado para ello.
El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo, el panista Ricardo Rubio, comentó que la facultad de retirar el PGD y el PGOT no es del jefe de Gobierno, sino del Congreso.
“No es que el jefe de Gobierno tenga atribución alguna para poder retirarlo. Él tendrá el derecho de presentar una solicitud de retiro de ambos proyectos y será el Congreso de la Ciudad el que tiene la última palabra para decir si se retiran o no estos instrumentos, porque lo que dice nuestra Ley Orgánica es que quien tiene derecho a presentar una iniciativa y retirarla son solamente los diputados y las diputadas… no podemos interpretar que eso es extensible a todas las autoridades”, señaló.
En este sentido, aplaudió que el mandatario haya escuchado las voces de la oposición y de la ciudadanía en general, quienes rechazaban estos documentos.
La coordinadora de los diputados de Morena, Martha Ávila, indicó que el mandatario capitalino sí tiene la potestad para el retiro de estos instrumentos de desarrollo urbano.
“Queremos manifestar nuestro respaldo a esta decisión pues, como toda persona o entidad, tiene la facultad para promover instrumentos ante el Congreso y él también goza de la facultad para retirarlos, siempre y cuando no hayan sido dictaminados por las comisiones, como es el caso”, subrayó.
El artículo 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estipula que el derecho a presentar iniciativas también comprende el derecho a retirarlas, antes de que la comisión o comisiones la hayan dictaminado, como en este caso.
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