Diputada del PAN presenta iniciativa para armonizar Programa y Ley de Ordenamiento; pretende evitar duplicidades y confusiones

La presidenta de la Comisión de Planeación del Congreso capitalino, la panista Olivia Garza, presentó una iniciativa para armonizar el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) con la Ley de Ordenamiento Territorial para evitar que se expidan dos leyes que regulen la misma materia.

Su propuesta busca modificar el Artículo 15 constitucional para que el PGOT se sujete al Plan General de Desarrollo y a la ley de la materia, que tendría que ser aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones, previa consulta a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

Asimismo, de acuerdo con la legisladora panista, la propuesta busca suprimir el carácter de ley para el Programa General, a fin de evitar conflictos normativos al momentos de la expedición de ambos marcos jurídicos.

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“Si el Programa General de Ordenamiento Territorial tendrá carácter de ley, entonces será la Ley General de Ordenamiento Territorial, lo que generará conflictos legislativos ante la creación de la Ley de Ordenamiento Territorial que se estipula en la Ley del Sistema de Planeación”, detalló.

Señaló que con estas modificaciones, la Ley de Ordenamiento Territorial proporcionará las directrices y las líneas generales de acción. En tanto, el Programa General de Ordenamiento Territorial será el encargado de establecer las acciones específicas a ejecutar.

También argumentó que en el ámbito federal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial.

“En este caso, a diferencia de lo que nuestra constitución local establece respecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no se le otorga el carácter de ley. No se trata de debilitar el programa, sino de dar certeza jurídica a cada marco normativos y así eliminar toda posibilidad de contraposiciones o de sobrelegislación en materia de planeación”, añadió.

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