Con la iniciativa de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para reformar el manejo del presupuesto participativo 2020 y 2021, las 16 alcaldías podrán decidir su gasto, sin necesidad de consultar a los vecinos, mientras que ese recurso será postergado únicamente para los 48 pueblos y barrios, cuyo caso sigue sin resolverse, así como de 11 colonias que no han elegido sus proyectos.
El titular de la Consejería Jurídica, Néstor Vargas Solano, precisó que la propuesta considera que ya debe aplicarse ese recurso “debido a que está etiquetado, pero como en algunas colonias aún no designan a sus comités de Vigilancia y Ejecución, la alcaldía podrá tomar de ese dinero para reponer a su presupuesto lo que haya gastado en otras obras”, afirmó.
Para dichos ejercicios fiscales, el Congreso capitalino aprobó mil 395 millones 575 mil 576 pesos para 2020 y mil 420 millones 830 mil 825 pesos para el presente año, los cuales podrán gastar los ediles.
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A través de una iniciativa con proyecto de decreto que envió Sheinbaum Pardo al Congreso local para reformar los artículos 21 y 22 de la Ley de Participación Ciudadana, ahora, en consecuencia, debe modificarse el Presupuesto de Egresos 2021.
En su exposición de motivos, la jefa de Gobierno dijo que “apenas están en proceso las convocatorias a las asambleas de información y selección, así como la conformación de los comités de Ejecución y Vigilancia y, por tanto, la ejecución de los proyectos”, sostuvo, cuando en algunas de las mil 785 colonias está por iniciar la aplicación de ese recurso.
Recordó que la Ley de Participación Ciudadana local establece que los retrasos en la ejecución del presupuesto participativo únicamente podrán justificarse por factores externos a la administración de los proyectos o acciones, “lo cual es del conocimiento de todos, se actualiza en el contexto de la pandemia por Covid-19”, explicó.
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Destacó que dadas las condiciones sanitarias que prevalecieron durante 2020, así como las circunstancias de índole legal y por usos y costumbres que ha impedido la conformación de las Comisiones de Participación Comunitaria, “se propone que los recursos considerados para el ejercicio fiscal 2021 puedan reorientarse a las finalidades y atribuciones que mandata la Constitución local y la Ley Orgánica de las Alcaldías”.
La propuesta del Gobierno capitalino es adicionar dos artículos transitorios 21 y 22 a la Ley de Participación Ciudadana, donde establece que en caso de que exista alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo de los años 2020 y 2021.
Aunque para su ejecución será postergada y, por lo tanto, la responsabilidad de ejercer esos recursos para proyectos recaerá directamente en las alcaldías.
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De ocurrir esta situación, la demarcación podrá destinar el recurso del proyecto a acciones que tengan como finalidad el fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social.
Certidumbre
El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, explicó que la iniciativa enviada al Congreso capitalino tiene el propósito de darle certidumbre a los recursos, pues algunos proyectos ya fueron realizados con dinero de las alcaldías.