Entre 2013 y 2024, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 896 investigaciones iniciadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) contra personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM) por diversas irregularidades administrativas. Del total, en 36 casos se aplicó una sanción, de acuerdo con información entregada vía transparencia para este reportaje; 32 funcionarios tenían un cargo directivo o diplomático consular, entre ellos ministros, consejeros y cónsules.
En doce años, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones internas advirtieron pagos indebidos con cargo al presupuesto de la representación diplomática, uso personal de vehículos oficiales, trato preferencial a conocidos o familiares en trámites consulares, falsedades en sus declaraciones patrimoniales, gastos excesivos en menaje de casa y uso indebido de la valija diplomática, el medio de comunicación por el que se administra el envío y recepción de la documentación oficial de la cancillería.
En los documentos obtenidos para esta investigación hay decenas de casos de acoso laboral y hostigamiento sexual. En los escritos se denuncian “acercamientos y contacto físico”. Una mujer dijo haber sufrido amenazas, humillaciones, gritos y discriminación. Una joven del servicio social refirió haber recibido mensajes incómodos de acoso sexual.
El Servicio Exterior Mexicano es la estructura permanente de diplomáticos y personal técnico-administrativo que, bajo la dirección de la SRE, representa a México ante el mundo, negocia tratados internacionales y protege a los millones de connacionales que viven y viajan fuera del territorio nacional.
Entre los investigados había 24 embajadores y cónsules: 14 casos concluyeron sin sanción, dos fueron castigados con una amonestación y otro más con amonestación y sanción económica; el resto sigue sin sentencia firme.
Todos estos expedientes pasaron por el ojo del presidente de México. Según la Ley del Servicio Exterior, “en caso de embajadores y cónsules generales, se deberá recabar la opinión del Presidente de la República” antes de someter la resolución a la consideración del secretario.
Para este trabajo se realizaron más de 300 solicitudes de información a instancias federales, pero el nivel de testado en las respuestas no permitió conocer la mayoría de las valoraciones presidenciales.
El 98% de las 896 investigaciones fueron consideradas “no graves”. Solo un caso derivó en una destitución.
Al consultar sobre el tema a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la institución afirmó, a través de un posicionamiento por escrito, que “se instruyó a todas las personas funcionarias responsables a atender con prontitud las denuncias, abatir rezagos en las investigaciones y revisar a profundidad los procedimientos para identificar mejoras y reducir los tiempos de resolución”. El posicionamiento completo puede leerlo al final de este trabajo.
Andrés Manuel López Obrador conoció de 13 investigaciones contra altos mandos del SEM. Respaldó la sanción contra tres de ellos. Crédito de foto: Gobierno de México.
Denuncias desde Rusia
En el Consulado de Rusia hubo denuncias de acoso sexual y violencia machista repetido durante el periodo del cónsul Gustavo Alfredo Sosa Peralta (2018-2024).
Tres cartas de denuncia en poder de este equipo periodístico describen la dinámica laboral del titular de la sección consular, a quien describen como un señor amable pero ansioso por el contacto físico con las jóvenes de nacionalidad rusa que trabajaban con él. Los testimonios relatan cómo buscaba pretextos para tocarles las manos, acariciarles la espalda, abrazarlas y besarlas.
“Me invitó a su oficina para hablar de trabajo, pero de repente se levantó, se me acercó, me abrazó fuerte y me besó en los labios. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Él empezó a hablar de tareas laborales como si no hubiera pasado nada”, detalló una de las mujeres de nacionalidad rusa.
“Me gustas mucho, quiero estar contigo todo el tiempo. Sé que no es normal”, le dijo a otra trabajadora, de acuerdo con su testimonio. En su escrito, esta mujer dibuja el acercamiento del cónsul: le tocó el rostro, los hombros y la espalda; luego preguntó si podía besarla. Ella estaba en shock. Él la besó en la mejilla.
Otra denunciante narró que, tras un festejo del Día Internacional de la Mujer, en marzo de 2023, el cónsul le insistió para que bebiese vino a solas en su oficina. Peralta solía hacerle comentarios sobre su cuerpo. En otras ocasiones la abrazó, intentó besarla en el cuello y, sin su consentimiento, le dio un beso a la comisura de la boca. Ella siempre lo rechazó.
Las tres denunciantes enviaron cartas narrando el acoso sistemático del cónsul en mayo de 2024, casi un año después de que Alicia Bárcena, entonces titular de la SRE, refrendara el cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual.
Tras realizar la investigación, nueve funcionarios de la dependencia concluyeron que las conductas denunciadas contra Sosa Peralta podrían constituir actos de hostigamiento o acoso sexual.
Sin embargo, los miembros del Comité de Ética no pudieron sancionar porque no tienen facultades para ello. Solo emiten por escrito “opiniones y recomendaciones no vinculantes”, aclaró la SRE en respuesta a una solicitud de información. Éstas consisten en acciones de capacitación, sensibilización y difusión de principios, valores y reglas de integridad.
“Había más chicas que no denunciaron”, dijo una persona que trabajó cerca del cónsul en el periodo de las denuncias. La fuente que solicitó el anonimato por temor a represalias recalca que a estos casos no se les da el seguimiento ni la importancia necesaria. “(Los diplomáticos perpetradores) tienen el poder de controlar sus sueldos, sus posiciones (de las mujeres que viven estas situaciones)”.
En el caso de Sosa Peralta no ha habido una sanción. A través de diversas respuestas de transparencia se confirmó que el Comité de Ética notificó a la Comisión de Personal de la SRE sobre el comportamiento del cónsul, pero no se obtuvo la confirmación de que se haya iniciado una investigación contra él ante el OIC, quien se negó a pronunciarse sobre este caso argumentando la presunción de inocencia del acusado. Tiempo después, el cónsul fue asignado a la Embajada de la Santa Sede, en la ciudad del Vaticano, como encargado de asuntos administrativos.
Aunque el Comité de Ética encontró sustentadas las acusaciones en contra de Sosa Peralta e informó a la Comisión de Personal, no se obtuvo el registro de que se haya iniciado una investigación ante el OIC. La dependencia entregó la información testada, pero se comprobó que la resolución correspondía a los folios de las denuncias previamente confirmadas.
A principios de 2020, México emitió la Declaración sobre Política Exterior Feminista, que planteaba una cancillería paritaria, igualitaria y libre de violencia, con una política de perspectiva de género.
“Con estas acciones, México se convierte en el primer país de América Latina en adoptar una política exterior feminista a la par de países como Francia, Canadá, Noruega y Suecia”, se destacó en un comunicado.
Pero esta política no se ha reflejado en acciones contundentes ni en una justicia efectiva para las mujeres del servicio exterior que han denunciado haber sido víctimas de acoso u hostigamiento sexual: aunque hay 56 denuncias entre enero de 2012 y finales de 2024 contra personal adscrito en embajadas y consulados por diversos actos de violencia machista, todos los casos han quedado sin castigo.
Las quejas y denuncias eran de oficinas diplomáticas en Berlín, Costa Rica, Irán, Ecuador, Filipinas, Alemania, Hungría, Chile y Rusia, así como de consulados en San Francisco, Phoenix, Calexico, El Paso, Presidio, Little Rock, Salt Lake City y Austin, todas en Estados Unidos.
Alicia Bárcena, entonces titular de la SRE, junto a Olga Sánchez Cordero, entonces senadora, durante la clausura de la III Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas en julio de 2024.
Otra víctima fue Andrea, de quien se omite su verdadero nombre por temor a represalias. Ella padeció acoso sexual y laboral en un consulado de Estados Unidos, pero a pesar de la denuncia, no hubo castigo para el perpetrador, un cónsul, según cuenta en entrevista.
"Es un problema sistemático; si el mecanismo de sanciones funcionara sería más fácil de identificar cómo proceder para lograr una sanción", explica.
El modelo
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano cuentan con un sistema disciplinario propio. Aunque las investigaciones las realiza el Órgano Interno de Control, que depende de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), el desahogo del procedimiento y la sanción queda en manos de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios (SAD) y la Comisión de Personal que forman parte de la SRE y que atienden asuntos exclusivos del SEM. Para el resto de los servidores públicos federales es el OIC quien determina e impone la sanción.
Las dos instancias principales que reciben las quejas y denuncias son el Órgano Interno de Control, de la SABG, y el Comité de Ética, una instancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores que investiga actos contrarios o violatorios del código de conducta en la función pública, y que sólo puede emitir recomendaciones.
Si el Comité de Ética se da cuenta que los hechos denunciados pueden constituir una responsabilidad administrativa debe de avisar al Área de Especialidad de Quejas, Denuncias e Investigaciones del OIC.
El OIC también puede recibir denuncias contra los integrantes del cuerpo diplomático e iniciar investigaciones de oficio, tras la presentación de una queja o derivado de auditorías.
Después de concluir sus diligencias, el OIC debe emitir un Informe de resultados de investigación que remite al pleno de la subcomisión. Esta instancia de la SRE, revisa los hechos y determina si existen irregularidades. Posteriormente las califica como graves o no graves.
Una vez que la subcomisión determina las irregularidades, debe presentar los casos ante la Comisión de Personal de la SRE, la cual decide si se inicia o no el procedimiento sancionador.
La Comisión de Personal está conformada por tres miembros del SEM, un subdirector de área y un jefe de departamento. Para revisar los casos funciona como una instancia colegiada, donde también participa el responsable del OIC con voz, pero sin voto.
En los casos en que se considera que sí hay una posible comisión de faltas administrativas catalogadas como no graves son turnados al secretario de Relaciones Exteriores, quien determina si la sanción se impone o no. Si la falta se considera grave los expedientes son remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en quien recae la resolución final.
En 2023, tras una auditoría del Área Especializada en Fiscalización del ramo Relaciones Exteriores del Órgano Interno de Control, se encontraron irregularidades en los procedimientos disciplinarios seguidos contra personal diplomático. Como parte de la revisión, el OIC analizó 170 procedimientos disciplinarios que la Comisión de Personal integró en 2022. Al menos 39 de ellos eran por conductas de acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual.
Tras estudiar cada uno de estos expedientes, los auditores encontraron que en 23 de ellos había un retraso injustificado por parte de la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios que omitió analizar los hechos dentro de los plazos establecidos.
Además, ninguno de los 39 expedientes fue atendido con perspectiva de género, ya que carecía del lenguaje, de las figuras jurídicas, de las preventivas y de la terminología requerida por las leyes en materia de igualdad y del protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual (HAS).
Los auditores recomendaron evitar estereotipos o prejuicios de género y adoptar medidas de protección desde el momento en que se presenta la denuncia, tal como lo establece el protocolo HAS.
Pero esta recomendación no se ha visto reflejada: “No se localizaron expedientes de investigación que hayan pasado por la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios, investigados y sustanciados con perspectiva de género”, respondió ante una solicitud de información la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos (DGSERH), la encargada de guardar y custodiar los expedientes integrados con motivo del procedimiento disciplinario.
Imagen de la auditoría del Área Especializada en Fiscalización del Órgano Interno de Control.
Entre agosto de 2022 y agosto de 2025, el titular de la Comisión de Personal fue el embajador Juan Carlos Lara Armienta, quien también presidió la Subcomisión. En ese periodo la Comisión que lideraba tuvo conocimiento de denuncias por acoso e incumplimiento del código de conducta que ocurrieron dentro de la misma oficina encargada de vigilar a los diplomáticos, y que fueron reportadas ante el Comité de Ética.
Antes de convertirse en el vigilante del Servicio Exterior, también presidió la Dirección General de Protocolo (2016-2021) donde hubo tres denuncias por acoso laboral en un solo año.
Los sancionados
Durante su sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto fue notificado de seis casos de los 24 embajadores y cónsules investigados, aunque no hay registro de alguna sanción impuesta después de que el mandatario emitiera su opinión. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se recibieron 13 expedientes que resultaron en tres amonestaciones. Hay cinco casos más que fueron enviados al Ejecutivo, pero no se precisó la fecha del envío en respuesta a una solicitud de información.
Uno de los sancionados fue José Omar Hurtado Contreras, quien se desempeñaba como titular del Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras. El caso se originó porque hizo uso indebido de un vehículo oficial asignado a las oficinas consulares.
Según el expediente, el 17 de noviembre de 2015, con motivo del encuentro de futbol entre las selecciones de México y Honduras, el consulado convocó a la comunidad mexicana a reunirse en un restaurante para presenciar dicho partido.
Al concluir la celebración, Hurtado Contreras solicitó a su esposa que condujera el automóvil oficial, el cual posteriormente se vio involucrado en un choque. Después de casi cuatro años, en octubre de 2019 y ya en el gobierno de López Obrador, llegó el castigo: una amonestación privada, es decir, un regaño a puerta cerrada.
El embajador dijo a este medio que el caso se resolvió cuatro años después del incidente. "Es un asunto muy viejo, incluso, la normativa yo creo que ya no se aplica de la misma manera".
Otro caso que inició con Peña y concluyó con López Obrador fue el de Carlos Ignacio Giralt Cabrales, quien se desempeñó como cónsul general en Guangzhou, China, y fue investigado por haber maltratado a una colombiana.
La investigación inició en marzo de 2017, tras un altercado físico y verbal, donde el funcionario presuntamente maltrató a la mujer y la sacó por la fuerza de las instalaciones diplomáticas. Unas semanas después del altercado que derivó en una denuncia fue ascendido al rango de embajador por el entonces presidente Peña Nieto.
Como parte de sus argumentos de defensa, Giralt Cabrales proporcionó numerosos reconocimientos profesionales para respaldar su amplia carrera diplomática. El 2 de marzo de 2020 se le impuso una amonestación pública. En julio de 2022 fue asignado al consulado de México en Little Rock, donde es el titular.
La mayoría de las sanciones en contra de altos mandos del SEM son amonestaciones, regaños que quedan en lo privado, lejos del escrutinio público, como se logró acreditar en la documentación obtenida por transparencia.
El único caso en el que consta una sanción económica a un embajador es el de Rubén Alberto Beltrán Guerrero. El procedimiento disciplinario se inició después de una investigación interna que detectó una irregularidad administrativa y una falla en la supervisión de recursos financieros durante su gestión en la Embajada de México en Rusia.
El 4 de enero de 2019, el presidente López Obrador, a través de la Consejería Jurídica, remitió las observaciones y pidió a la Comisión de Personal del Servicio Exterior “analizar nuevamente” las sanciones aplicables en el procedimiento disciplinario.
Imagen de la respuesta que emitió el presidente López Obrador a una sanción contra un embajador.
Finalmente, en octubre de 2019, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dictó como sanción una amonestación privada y una multa de 2 mil 183 pesos.
En entrevista, el embajador dijo que cuando tomó el cargo había un desorden administrativo que reportó al OIC. Según explicó, se investigó y, finalmente, no pudo comprobar un monto de unos mil pesos, producto de lo que se determinó “una falta de supervisión”.
"Apechugué y acepté la sanción. Tengo las manos absolutamente limpias. Es algo que me duele mucho", dijo en una llamada telefónica.
Las anomalías del personal diplomático también han estado bajo el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El 19 de julio de 2022, el OIC en Relaciones Exteriores fue alertado por la UIF de presuntas irregularidades cometidas por una persona embajadora de la que no se brindó su nombre ni género. Según informó en respuesta a una solicitud de información tras el reporte de inteligencia, el OIC inició una investigación por “falsedad de información en la declaración patrimonial y de intereses de una persona embajadora”.
El 31 de enero de 2023, el informe de investigación fue turnado por el órgano fiscalizador a la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios, donde quedó archivado sin sanción, después de que esta instancia sobreseyó el expediente.
Durante su administración, Enrique Peña Nieto otorgó opinión sobre las denuncias en contra de seis embajadores y cónsules señalados por faltas administrativas. Crédito de fotografía: Gobierno de México.
Visas y regalos
La Ley del Servicio Exterior Mexicano obliga a los funcionarios diplomáticos a representar al Estado mexicano con dignidad, decoro y profesionalismo. Su actuar, dice la norma, va más allá del horario de oficina: deben mantener una conducta ética y ejemplar, incluso en su vida privada. Sin embargo, esto no siempre sucede.
En el Consulado de Nueva York, Estados Unidos, una agregada administrativa expidió y autorizó “de manera arbitraria” un pasaporte con vigencia de 10 años en favor de su pareja sin acreditar su identidad ni su nacionalidad. En el expediente 1004/22-RA1-01-2, se relata cómo, al verse descubierta, acudió ante su superior a “implorarle de rodillas que no dé parte a las autoridades, pues eso ‘acabaría con su vida’”.
A pesar de las pruebas recabadas y de que la funcionaria no brindó justificación alguna sobre la emisión irregular del documento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se abstuvo de imponer una sanción porque la agregada devolvió voluntariamente el pasaporte. También se desestimaron los señalamientos de conflicto de interés derivados de su parentesco con el beneficiario al no haberse localizado un acta de matrimonio que acreditara la relación.
El personal del SEM tiene la oportunidad de impugnar las sanciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En el consulado de San Pedro Sula, Honduras, una integrante del SEM fue acusada de expedir visas de manera irregular y de perder 54 expedientes vinculados a su labor. Por ello, el secretario de Relaciones Exteriores determinó que “actuó con deslealtad al país y a sus instituciones”, según se estableció en el expediente CPSEM 019/2013. Esta misma persona emitió otras 24 visas con documentación apócrifa a cambio de regalos, según el expediente CPSEM 04/2014.
Las indagatorias internas tardaron aproximadamente dos años y, finalmente, el titular de la SRE —que en 2015 era José Antonio Meade Kuribreña, y en 2016 Claudia Ruiz Massieu— la encontró responsable y le impuso como sanción la destitución del Servicio Exterior Mexicano. Sin embargo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa terminó por anular la sanción porque consideró que los procedimientos del SEM violaron su derecho a una defensa adecuada, o fueron llevados a cabo por autoridades incompetentes para investigar las faltas.
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la SRE admitió haber presentado sólo una denuncia penal entre 2013 y 2024 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito, la cual continúa en trámite. En su respuesta no entregó nombre o cargo del señalado bajo el argumento de la presunción de inocencia.
De acuerdo con el Reglamento Interior de la Cancillería, esta dirección tiene la obligación de denunciar los posibles delitos que afecten a la Secretaría o que hayan sido cometidos por sus servidores públicos en el desempeño de sus funciones. También debe aportar los datos de prueba necesarios para integrar las carpetas de investigación y, en los casos procedentes, solicitar la reparación del daño.
El año pasado, la FGR respondió en una solicitud de información que, desde enero de 2013, localizó tres indagatorias iniciadas por la “probable comisión de hechos que la Ley considera delitos en los que posiblemente participaron servidores públicos del Servicio Exterior Mexicano”.
Este trabajo periodístico se construyó con información que se solicitó por transparencia a la SRE, a la Presidencia de la República, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la FGR y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en un periodo de 10 meses. En ese proceso, la información frecuentemente se entregó a cuentagotas, se negó, se otorgó testada o incompleta, incluida información estadística. Aun con el ordenamiento del organismo de transparencia de otorgar la información al tratarse de servidores públicos en casos ya cerrados, se mantuvo una constante negación a entregar información que involucra a personal del Servicio Exterior Mexicano.
Imágenes de documentos disciplinarios que fueron entregados testados.
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