Paula tenía tres años cuando su padre cruzó la frontera entre México y Estados Unidos. 14 cuando su madre y tres hermanos siguieron sus pasos. Y 16 cuando ella decidió alcanzarlos.
Su familia contrató a unos muchachos como guías de su travesía. Paula no los conocía, ni siquiera recuerda sus nombres. Pero fue con su orientación que viajó desde su estado natal, Veracruz, en el sureste del país, a la Ciudad de México, donde tomó un avión para llegar a Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los puntos fronterizos más transitados. Desde esa ciudad, para ella desconocida, cruzó a Texas, en Estados Unidos, a través de un túnel clandestino, según relató.
Pero su intento de viajar sola para reunirse con su familia no dio resultado. Fue devuelta a México por las autoridades estadounidenses y, así, pasó a formar parte de los miles de menores de edad mexicanos no acompañados que son devueltos al país y quedan bajo el resguardo del Estado mexicano, en proceso de volver al hogar que dejaron buscando calidad de vida, reunificación familiar o por desplazamiento forzado.
“Tenía 15 días que me habían regresado a México. Lo volví a intentar y me volvió a detener migración. Me sentí triste porque ya era mi segunda vez”, dice en entrevista por videollamada. La adolescente recuerda que la subieron a un camión junto a otras personas y que, al término del trayecto, la ingresaron a lo que describe como una bodega, donde había niños, jóvenes y adultos. No da muchos detalles, pero recuerda que diversas autoridades de ambos países le hicieron preguntas. Desde el 9 de noviembre de este año, permanece bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado de Chihuahua. En México, sólo tiene a su abuela, aunque no se ha comunicado con ella, además de que vive en Veracruz, uno de los estados con mayor índice de inseguridad para personas jóvenes.
Entre 2015 y septiembre de 2025, el Instituto Nacional de Migración (Inami) ha registrado 126 mil 392 eventos de devolución de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) migrantes mexicanos no acompañados que llegaron a Estados Unidos, fueron detenidos y devueltos por las autoridades de ese país. La autoridad los registra como eventos y no como personas, pues una misma niña o niño pudo haber atravesado este proceso en varias ocasiones, como lo hizo Paula.
Aunque el Estado mexicano, a través de los DIF nacional, estatales y municipales, están encargados del resguardo de los menores no acompañados y de su posterior reintegración a sus hogares y comunidades de manera segura, lo cierto es que su protección es un reto cada vez más difícil que, a decir de especialistas consultados, no termina por garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, como los de vivir en familia, en condiciones de bienestar y libres de violencia.
“En México, a pesar de los mecanismos existentes, se quedan desprotegidos. Es frustrante que en tu país las autoridades no vean por ti”, señala Maru Cortázar, directora ejecutiva de la organización Appleseed México, que ofrece asesoría legal a poblaciones vulnerables, incluidas personas migrantes. De acuerdo con la organización Appleseed, el 98% de los menores de edad no acompañados mexicanos son devueltos, en comparación con otras nacionalidades, que tienen la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo y que sus casos sean analizados con calma por las autoridades. En México, la falta de cumplimiento de la normativa postdevolución representa un desafío crítico para las autoridades mexicanas y una vulnerabilidad mayor para las infancias y adolescencias.
Un sistema criminal
Cruzar la frontera hoy no es igual que hace 30 años. “Ya no existen los ‘coyotes’, ya no es una sola persona la que hace el cruce: es toda una industria”, explica Óscar Misael Hernández, doctor en antropología social e investigador enfocado en migración en El Colegio de la Frontera Norte.
Según detalla el especialista, se trata de un conjunto de operadores que forman parte de una organización criminal y que tienen roles asignados en la maquinaria, un riesgo para la seguridad nacional de ambos países. Están aquellos que trabajan desde el lugar de origen y que enganchan a quienes buscan un mejor futuro. Están los que los acompañan durante el trayecto hasta la frontera. En ese punto, aparecen los contactos que los guían hacia un nuevo destino, alguna casa de seguridad que puede ser literalmente una casa abandonada o, bien, una bodega, un motel o cualquier infraestructura que pueda escapar de la sospecha de la autoridad, explica Hernández. Ahí trabajan halcones que vigilan la actividad de las autoridades fronterizas y determinan el momento propicio para cruzar. Están los brincadores, lancheros o guías que, en lugares como Tamaulipas, ayudan a cruzar el Río Bravo. Finalmente, participan quienes recogen a los migrantes en vehículos para llevarlos a los lugares de destino en Estados Unidos.
En medio de esa industria, miles de menores de edad no acompañados que están expuestos a extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y otras violencias por parte de estos mismos grupos delictivos y otros agentes que se encuentran en la ruta. Los más vulnerables son aquellos que emprenden el viaje sin ningún adulto familiar como un tío o un primo. “En esta frontera, como ocurre en otras fronteras del mundo, el control lo tienen grupos delictivos. Aquí no pasa ni una sola hoja por la frontera si no paga”, señala el investigador. Es por eso que, ante la vulnerabilidad económica, pueden terminar trabajando para estas organizaciones para pagar por los servicios que pueden llegar a costar 20 mil dólares (unos 360 mil pesos mexicanos).
Ellas y ellos vienen huyendo de otro infierno. Los datos del Inami revelan cambios en las dinámicas migratorias de los menores de edad no acompañados del país. Los estados de Chiapas, Chihuahua y Veracruz, por ejemplo, pasaron de ser lugares con bajos índices de migración de menores de edad no acompañados a moverse a los primeros sitios.
En 2015, se registraron apenas 487 eventos de devolución de menores que se identificaron originarios de Chiapas, pero para 2023 y 2024 se triplicaron: mil 860 y mil 620 eventos de devolución, respectivamente. Este estado ha tenido un incremento en la violencia en los últimos tres años, particularmente por la disputa por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes en la frontera sur entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2024, el estado rompió récord en desapariciones y homicidios, lo cual ha desatado una crisis humanitaria y provocado desplazamiento forzado.
En Chihuahua, los datos son similares. En 2015, en sólo 611 de los eventos de devolución de niñas, niños y adolescentes, éstos se identificaron como originarios de este estado. Una década después, la cifra es tres veces mayor: mil 839 devoluciones en 2024. “El desplazamiento forzado interno es lo que estamos viviendo en el estado”, señala Omar Velázquez Ortega, procurador de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chihuahua (PNNA). Es un cóctel de factores, detalla el procurador. Por un lado, la delincuencia obliga a dejar los hogares porque amenaza con reclutar a los niños y jóvenes. Por el otro, las condiciones económicas que en ciertos lugares del estado y del país obstaculizan el desarrollo de un mejor futuro.
Veracruz, en cambio, pasó de registrar 373 eventos en 2015 a tener 707 en 2024. La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) ha señalado que la violencia familiar, sexual y el trabajo infantil en la entidad son problemas serios, mientras que entre 2023 y 2024 aumentó el número de personas menores de edad que murieron por homicidio, particularmente con un arma de fuego.
En ese cóctel, los estados que históricamente han expulsado a sus infancias: Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca. Territorios que están sumidos en la violencia o que acarrean el abandono histórico de las autoridades en servicios básicos, educación, salud y vivienda.
A decir de especialistas consultados, la migración de menores de edad sí se debe a cuestiones de reunificación familiar, pero el fondo de esto es la precariedad económica y la violencia en nuestro país. “En la retórica se culpa a otros gobiernos, pero aquí (México) no se ha sabido controlar la violencia. Hay mucha responsabilidad de nuestras autoridades que no reconocen el desplazamiento forzado, el homicidio de jóvenes, el reclutamiento. Ante esto, los padres o ellos mismos huyen para salvar la vida”, señala Hernández.
El retorno obligado
Estados Unidos tiene una política de país contiguo que, a diferencia de lo que ocurre con niños de otras nacionalidades, los mexicanos son devueltos de manera inmediata. Aunque existe la Ley William Wilberforce (TVPRA de 2008), la mayoría de los menores no acompañados mexicanos no tienen la oportunidad de que sus casos sean analizados a profundidad, dada la complejidad administrativa para procesar el alto volumen de casos bajo esta normativa. Esta ley, enfocada en combatir la trata de personas, es crucial para la protección de niños migrantes no acompañados en la frontera y suele asegurar su acceso a procedimientos de asilo y cuidado. Sólo el equivalente a un quinto de los menores de edad no acompañados mexicanos que son devueltos son atendidos bajo esta normativa que los categoriza como posibles víctimas de trata (26,509), según información obtenida por transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Todos aquellos que no quedan bajo la protección del gobierno estadounidense vuelven a México y son resguardados por el DIF y las Procuradurías de Protección a NNA de los estados fronterizos. Son estas instituciones las encargadas de iniciar el procedimiento administrativo que tiene como objetivo ubicar a las familias de esos menores y regresarlos a través de una especie de cadena de custodia, en colaboración con las oficinas de protección de sus estados y municipios de origen.
Los datos del Instituto Nacional de Migración revelan que a partir de 2021 el número de devoluciones de menores de edad mexicanos por parte del gobierno estadounidense a México prácticamente duplicó los casos desde 2015. Aquel año, bajo el gobierno de Joe Biden, hubo 18 mil 321 devoluciones de niñas, niños y adolescentes mexicanos, mientras que en 2020 sólo se registraron nueve mil 431.
En los albergues fronterizos hay historias que revelan el nivel de la crisis, menores de edad que han sido devueltos hasta 30 veces desde Estados Unidos. Niños que llegan a los 14 años y que son entregados una y otra y otra vez a sus padres, tíos, tías y otros tantos diversos familiares hasta que el Estado asume la custodia porque es reincidente, en muchos casos ya reclutados de manera forzada por el crimen organizado para formar parte de la industria de la migración. En otros casos, la situación en sus lugares de origen imposibilita su retorno o están amenazados por el crimen o no hay familiares que quieran hacerse cargo de ellos.
“Lo complejo de este procedimiento es que no siempre se garantiza una mejora en lo social o en lo individual hacia el interior de la familia, lo cual queda a cargo de las instituciones de sus estados y municipios, para que no reincidan en la voluntad de intentar otro ingreso a Estados Unidos”, detalla Omar Velázquez, procurador de protección de NNA en Chihuahua.
El problema, advierte Maru Cortazar, es que el gobierno mexicano está rebasado. “Debería haber una evaluación y coordinación entre las autoridades. No se hace un seguimiento por niño, no se sabe cuándo se internó, cuántos cruces ha tenido, cuándo regresó, si se mantuvo en la comunidad de origen, si volvió a la escuela, si está bien”, critica.
A pesar de que los datos preliminares de este 2025 apuntan a un descenso en el número de devoluciones producto del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, Cortazar advierte que esto sólo puede ser un síntoma de que se estén internando por lugares más peligrosos, que estén más vinculados con el crimen organizado y estén evadiendo los puntos de detección.
“Si las autoridades mexicanas no actúan, generan más presupuesto y apoyo para las instituciones de protección, ellos van a seguir rebasados. Lo primordial debe ser visibilizar a la niñez migrante mexicana que requiere, más que nunca, de nuestra protección”.
Se solicitó una entrevista sobre el tema al Instituto Nacional de Migración, pero sólo otorgó una ficha informativa con el procedimiento que siguen en caso de devolución de menores de edad. Esta ficha puede consultarse al dar clic aquí.