Cancún.- Su nombre es Leydy Aracely Pech Martín , defensora del territorio en la Península de Yucatán y ha sido galardonada con el premio otorgado por la Fundación Goldman, considerado el “Nobel del medioambiente”, por su trabajo colectivo en defensa del agua, la selva, las semillas nativas, la apicultura y otros medios de vida de las comunidades mayas de la zona de Hopelchén, en Campeche.
Nacida en aquella localidad, hace 55 años e integrante de la asociación Muuch Kambal, Leydy Pech -conocida como “guardiana de las abejas” en la Península- fue una de las seis activistas ambientales que recibiron el premio ambiental más importante del mundo, nominación que le fue notificada entre febrero y marzo de este año.
La ceremonia se programó para abril pero se suspendió por la pandemia del coronavirus, se postergó para julio y finalmente las y los ganadores fueron anunciados este lunes.
Pech Martin es la primera mujer indígena en obtener este galardón, otorgado por la Fundación Goldman por su defensa del territorio, específicamente, por haber frenado -legalmente- la siembra de semillas genéticamente modificadas por Monsanto en el sur de México.
“Considero que esto es un logro, especialmente para las mujeres indígenas, pues reconoce nuestro papel en la defensa de los bienes de vida, ante los impactos de actividades o megaproyectos que nos son impuestos y que afectan a las comunidades.
Foto: Cortesía de Muuch Kambal
“Es también un reconocimiento a la suma de esfuerzos que integra a organizaciones civiles, de universidades, de investigadores que nos han acompañado en esta defensa, que va más allá del pueblo maya, pues abarca todo lo que estamos atravesando las y los indígenas en contra de un modelo de desarrollo impuesto que busca avasallar y confrontar. Este premio nos permite visibilizar ante el mundo nuestra situación”, dice Leydy.
En entrevista para EL UNIVERSAL la defensora de derechos humanos subraya que, pese a que legalmente no se pueden sembrar semillas transgénicas en la Península de Yucatán, la actividad -sumada a la deforestación y las fumigaciones con agroquímicos- continúa en franco desacato a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la revocación de los permisos de 2017 y 2020.
Recordó que, en 2012, la organización Muuch Kambal y el entonces Colectivo Apícola de los Chenes -hoy Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes-promovió dos amparos ante Juzgados federales en contra de permisos que el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa hoy Sader), otorgó a Monsanto para la siembre en 235 mil 500 hectáreas de soya genéticamente modificada.
Estos permisos provocarían graves afectaciones en territorio maya, impactando a 15 mil familias campesinas indígenas que viven de la apicultura.
En 2015 el asunto escaló a la SCJN, máximo tribunal del país, que el cuatro de noviembre de ese año resolvió siete amparos en revisión, respecto a tres juicios de amparo promovidos por comunidades y asociaciones de apicultores de Campeche y Yucatán,
La Corte dictaminó que el gobierno violó los derechos humanos de los mayas y suspendió la siembra de transgénicos, hasta en tanto se realizara una Consulta Indígena, es decir, un proceso llevado por las comunidades, de principio a fin, bajo sus reglas.
A partir del 31 de marzo de 2016 el gobierno mexicano, a través de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pretendió realizar la consulta a su modo, con un Protocolo elaborado bajo sus estándares -relata Leydy- desconociendo el Protocolo de trabajo y lineamientos presentados por los pueblos originarios.
Después de siete sesiones de trabajo y de presentar evidencias que confirmaban el desacato a la sentencia de la Corte y, a la continuidad de la siembra de soya transgénica, tolerada por las autoridades, el proceso se paralizó.
“No hubo acuerdo. Se frenó la consulta. En 2018 y 2019 hubo nuevos acercamientos, pero no trascendió tampoco”, sostiene.
Pech Martín mencionó que en septiembre de 2017 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revocó el permiso de Monsanto para cultivar la soya transgénica en siete estados. Y en agosto de 2020 -dijo- hubo una nueva revocación.
“Hemos visto una gran simulación. Hay desacato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia; la consulta no ha reunido los principios de informada, libre y culturalmente adecuada. Con (Enrique) Peña se revocó un primer permiso a Monsanto; en agosto se acaba de revocar otro, por violaciones al principio precautorio, y la soya transgénica se sigue sembrando en un marco de total ilegalidad”, reprochó.
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