Identificación de cuerpos en Jalisco, proceso lento y sin protocolos

Familiares de víctimas denuncian que proceso de identificación de cuerpos por parte de las autoridades se mantiene lento y se realiza sin protocolos

Sobrepasan a Jalisco crisis forense y desapariciones
Ilustración: Dante de la Vega
Estados 17/09/2021 02:00 Actualizada 13:01
Guardando favorito...

Guadalajara.— En Jalisco hay 14 mil 13 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras del gobierno federal, y la violencia en la entidad superó la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para la identificación de cuerpos.

A tres años de que un tráiler lleno de cadáveres en descomposición deambulara por la Zona Metropolitana de Guadalajara —porque la dependencia no sabía qué hacer con ellos—, poco ha cambiado la situación, mientras que los procesos de búsqueda y reconocimiento de personas fallecidas sin identificar (PFSI) siguen siendo una tortura para las familias, considera Guadalupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).

Los datos dan cuenta de la tragedia que continúa: en septiembre de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentó que en el IJCF se acumularon 605 cuerpos no identificados que no se procesaron correctamente; 322 de ellos fueron colocados, sin seguir ningún protocolo, en un par de cajas de tráiler con refrigeración, provocando una crisis en la institución.

Información obtenida a través de Transparencia señala que, a septiembre de 2021, en las instalaciones del instituto yacen 541 cadáveres no identificados; 2 mil 674 segmentos humanos, de los que aún se desconoce a cuántas personas corresponden, y las osamentas de 328 más.

“En realidad no hemos visto mejorías en el resultado. Hemos visto que arreglaron el edificio, que pusieron un área de búsqueda más decente, pero resultados, no tenemos, porque a diario aumentan los desaparecidos y seguimos padeciendo el hecho de que tienen miles y miles de cuerpos ahí, pero no hay resultados, no los entregan.

“Y cuando ya tenemos cuerpos identificados, o semi-identificados, en lugar de avocarse a entregarlos, la burocracia lo hace más largo”, señala Aguilar.

Desde octubre del año pasado, el colectivo Fundej instaló un módulo a las afueras del IJCF para orientar a las familias que llegan a buscar a algún desaparecido y ha documentado casos en los que se han tardado hasta dos años en lograr identificar todas las partes de un cuerpo para entregarlo a quien lo reclama.

“No puede ser esto, habría que decirle al director del instituto [Gustavo Quezada Esparza] que con voluntad no van a sacar los cuerpos. El director tiene voluntad, pero le hace falta más autoridad y decirle a todos los trabajadores que deben tener resultados, porque sin resultados de nada sirve ir de aquí para allá haciendo acuerdos, porque a nosotros, como ciudadanos afectados, no nos interesa que haga acuerdos, nos interesa que entregue cuerpos”, subraya la integrante de Fundej, quien desde 2011 busca a su hijo desaparecido, José Luis Arana Aguilar.

Unos días después del 16 de septiembre de 2018, cuando se hizo pública la forma en que el IJCF guardaba los cuerpos en los tráileres, el gobierno estatal —entonces encabezado por el priista Aristóteles Sandoval— integró una comisión que, para desahogar los descansos del Servicio Médico Forense, autorizaría la inhumación de cuerpos de personas fallecidas sin identificar en distintos panteones de la ciudad, después de integrar el archivo de identificación de cada una.

Desde entonces y a la fecha se han inhumado mil 174 cadáveres que se encuentran a disposición de la fiscalía del estado para ser identificados.

De acuerdo con la Dirección del Servicio Médico Forense, desde el 16 de septiembre de 2018 al 2 de septiembre de 2021 se ha logrado identificar los cuerpos de mil 989 personas que ingresaron como personas fallecidas sin identificar.

Aún no hay responsables

En el informe especial que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizó por el caso de los tráileres se señala como responsables al entonces fiscal del estado, Raúl Sánchez Jiménez; a Maricela Gómez Cobos, entonces fiscal Central; Fausto Mancilla Martínez, exfiscal Regional; José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito de la fiscalía; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la fiscalía; Bernardo Arzate Rábago, coordinador General de Administración y Profesionalización de la fiscalía; Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector General del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, quien era director del Servicio Médico Forense, así como a Francisco Javier Ortega Vázquez, entonces coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del IJCF.

En 2018, Sánchez Jiménez y Cotero Bernal fueron removidos de sus cargos tras los hechos y se inició un proceso penal por uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de quien fuera coordinadora de Administración de la fiscalía, Yolanda Salomé Santiago Villela.

El pasado 13 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción imputó por este caso a Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del IJCF, y lo acusó de abuso de autoridad.

El miércoles, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió dos recomendaciones por desapariciones de personas en Jalisco. En ellas se pide al IJCF agilizar los procesos de identificación de cuerpos, puesto que hay casos de familias que llevan más de año y medio esperando dictámenes de genética.

Lee también:  Suman 245 cuerpos rescatados de 18 fosas clandestinas en Jalisco

Guardando favorito...

Noticias según tus intereses

Comentarios