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“Ser indígena aumenta el riesgo de violencia”: defensoras de mujeres en Nuevo León

En una comunidad originaria sube el riesgo de sufrir violencia por las costumbres que se tienen; gobierno, rebasado para atender situación, dicen

“Ser indígena aumenta el riesgo de violencia”: defensoras de mujeres en Nuevo León
En la foto: Zihuakali. Centro de atención integral a mujeres indígenas víctimas de violencia. Foto: Emilio Vasquez. EL UNIVERSAL

Monterrey.— En Nuevo León, un estado que destaca en encuestas de la Conapred y el Inegi por discriminar a los foráneos, a la comunidad LGBTTI+ y población indígena, además de liderar las estadísticas de feminicidios, trabaja desde 2008 Zihuakali, un centro de atención integral a mujeres indígenas víctimas de violencia, doblemente discriminadas y violentadas, por ser mujeres y por ser indígenas.  

La población indígena de la región fue prácticamente eliminada durante la época colonial y el siglo XIX; sin embargo,  en las últimas décadas ha tenido lugar una  migración desde comunidades indígenas del centro y sur del país hacia esta zona metropolitana; en su mayoría, llegan huyendo de la pobreza o de la violencia del narcotráfico.

Hoy, unas 500 mil personas se asumen indígenas en una población que rebasa los 5.2 millones de habitantes. 

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Zaida Itzel Hernández Maya, mujer náhuatl nacida en Monterrey en segunda generación, atiende el área sicológica de Zihuakali; Isabel Muñiz Loera, afromexicana, está al frente del área administrativa, y Luisa Fernanda Guzmán Chávarri se encarga del equipo jurídico del centro de atención integral. 

Señalan la importancia del trabajo de Zihuakali ante los problemas que enfrentan las mujeres indígenas migrantes.  

Su labor inició con 25 integrantes de comunidades, como la náhuatl, mixteca, otomí, entre otras, para abordar problemáticas sobre salud sexual y reproductiva, derechos humanos y por una vida libre de violencia.  

¿Cómo se da el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en Nuevo León? 

—Luisa: La violencia hacia las mujeres se da en todos los estratos sociales. El delito no discrimina, la población de Nuevo León sí. Son delitos que generan en las mujeres un sentimiento de abandono, esa sensación de no querer denunciar. Si lo dejamos crecer, puede devenir en feminicidio. 

Esa violencia inicia con pequeños gestos, por una lucha de poder que refleja la educación machista y se genera porque los hombres generalmente tienen el poder, el control. Con el empoderamiento femenino surge esta lucha que no debería existir. 

En la comunidad indígena se da mucho esa “superioridad” machista. Aquí las mujeres estamos en riesgo por el sólo hecho de vivir en un estado con graves índices de violencia. 

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Pertenecer a una comunidad indígena aumenta el riesgo, las costumbres limitan a la mujer para actuar y defenderse. 

Se suman eslabones de vulnerabilidad porque se  es mujer,  indígena, no se tiene estudios, no se habla español o se tiene una dependencia económica directa de su agresor. 

¿Cómo abordan las autoridades locales el problema? 

—Luisa: Están en el tema, atacan los delitos, pero falta prevención. No se dan abasto, en Juárez hay un caso desde mayo y no hay, no digamos resultados, ni siquiera acciones, están rebasados por los altos índices de violencia. 

Hay carpetas [de investigación]  en el abandono, muchas veces porque las personas no tienen abogados particulares que estén atrás de los fiscales. 
Necesitan quizás [más]  personal o cambiar esquemas para dar respuesta y sensibilizarse desde la denuncia.

En ocasiones,  llegan mujeres que dicen: “Sí denuncié”,  pero buscamos y no hay denuncia. Una mujer vino para que le ayudáramos, no le tomaron la denuncia porque no tenía correo electrónico, ella ni siquiera comprendió que lo requería, tenía meses creyendo que las autoridades estaban actuando. 

¿Cómo afecta a la sociedad la violencia de género? 

—Isabel: Afecta en todos los ámbitos,  social, cultural, económico, por la violencia del capitalismo neoliberal en la que vivimos.

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Como mujeres debemos impulsar una sociedad más amorosa, de mucho respeto desde la familia. Debemos hablar con un lenguaje entendible a nuestros hijos, con  base en  la tolerancia, el respeto, la convivencia. 

Se han implementado  políticas públicas contra la violencia, ¿han servido de algo?

—Luisa: Hay evolución, antes no teníamos la ley para una vida libre de violencia. El feminicidio tiene una pena, pero debe permear una nueva visión. 

Antes la gente decía: “Si a ella le pegan, es su asunto”. No es sólo trabajo de las mujeres, es de la sociedad. Si  alguien sufre violencia,  la queremos ayudar, canalizar, socialmente hemos evolucionado. Antes nos hacíamos de la vista gorda si alguien era agredida, decíamos: “Es su problema”, ahora decimos: “¿Qué pasó?” 

Ya se legisló contra la violencia digital con la Ley Olimpia, se tipificaron delitos contra la intimidad personal, amenazas de connotación sexual, la divulgación no autorizada de fotografías. Igual pasa, pero por lo menos las mujeres saben que hay un procedimiento para que no quede impune. Se sienten tranquilas. 

—Isabel: Nuevo León es un estado que discrimina, pero también es impulsor de políticas públicas,  no sólo de la mujer, también de la comunidad indígena.

Este año se realizaron foros de consulta indígena para permitir acciones afirmativas en las que se solicite la inclusión de personas indígenas en las planillas para alcaldes y que pueden llegar a diputaciones locales.  Luchamos desde Zihuakali para eso.

¿La pandemia ha incrementado los casos de violencia? 

—Isabel: Nuestra gente se vio muy afectada por la pandemia. Atendimos unas 150 familias proporcionándoles insumos para que pudieran alimentarse durante el confinamiento. 

Situaciones de violencia contra mujeres, se han atendido 150 casos; Zihuakali no ha cerrado.  

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—Luisa: La mayoría de los casos que atendimos son de violencia de género, económica, sicoemocional, sexual. 

Hay tres tentativas de feminicidio y un feminicidio consumado, pero falta que  se castigue. Muchas mujeres no denuncian por miedo  o  porque dicen: “¿Qué va a pensar mi familia?”, la cuestión “cultural” las limita, aceptan situaciones que no deberían, a veces viven 15 años de violencia, es un cuadro difícil en lo jurídico, pero más en lo sicológico. 

¿Cómo apoyan  esos casos? 

—Luisa: La fiscalía ofrece la opción de refugios y nosotros hacemos esa canalización. Incluso,  les decimos: “Quédate en mi casa mientras resolvemos”. Buscamos sacarlas del entorno violento y no abandonarlas.

 La situación económica dificulta [la situación], por lo que estamos diseñando proyectos de emprendimiento con asociaciones que nos apoyan. 

—Isabel: Ellas dicen: “Es que sólo sé cocinar”, pero es lo que más les gusta y las tranquiliza.  Se les apoya con los primeros insumos para que generen su venta. 

También hacen tejidos, bordados, artesanías, cubrebocas, blusas, faldas, llaveros, tienen imaginación muy amplia, eso les da confianza, es  un gran impulso contra la violencia que puedan tener una vida digna.

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