Cuernavaca.— Al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Raúl Israel Hernández Cruz, no le queda duda: el ataque a balazos perpetrado en contra del edificio de la institución tiene tintes políticos.
“No tengo enemigos en lo personal, tengo relaciones con empresarios. Por descarte yo diría que en todo caso esto tendría una intencionalidad de índole política”, dijo.
El ombudsperson, identificado como parte de los funcionarios vinculados al exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, se coloca en una ruta similar a la del fiscal Uriel Carmona Gándara y aunque subraya que, de manera personal, no tiene enemistad con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, existe una serie de actos en su contra para presuntamente deponerlo del cargo, cuya intención ha sido anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante la obtención de amparos.
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El martes, Blanco Bravo se refirió al ataque contra el edificio de la CDHM, perpetrado la madrugada del lunes, y lo consideró un hecho grave que debe ser investigado para encontrar a los responsables.
“Ahora resulta que se quiere echar la culpa al gobierno del estado. Yo no soy ni un perseguidor ni un asesino, ni llego a ese grado de salvajada como a lo mejor el anterior [gobernador] lo hacía, pero nosotros no llegamos a esos grados, porque gracias a Dios tenemos una familia que nos educó”, respondió el gobernador a pregunta expresa.
El comisionado informó por su parte que, conforme a las diligencias ministeriales, el resultado de los servicios periciales arrojó nueve impactos de bala de grueso calibre en el área ocupada por los visitadores de la comisión.
“Eran como 12:30 de la noche. La comisión nunca cierra, tenemos guardias. Pudo haber lesionados y por fortuna no fue así, pero desde luego que existe consternación, preocupación, miedo y coraje.
“Es la evidencia incontrovertible de que vivimos en un estado de ingobernabilidad”, acusó.
Intervención
Hernández Cruz —abogado de profesión— contó que su intervención en el caso Ariadna se dio cuando las fiscalías de la Ciudad de México y Morelos confrontaron opiniones respecto a las causas que provocaron la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue encontrado a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en territorio morelense.
La necropsia de la fiscalía de Morelos estableció que Ariadna murió asfixiada por su propio vómito, tras sufrir una intoxicación alcohólica, mientras que su homóloga de la Ciudad de México concluyó que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que la causa de su muerte fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal.
Entonces, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos presentó una queja de oficio ante los señalamientos de la fiscalía capitalina.
Alertó riesgo a órganos autónomos
Cercano al fiscal Uriel Carmona Gándara, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal salió en su defensa y sostuvo que su aprehensión sentó un precedente de alto riesgo para los organismos autónomos del país.
Explicó que en el caso del fiscal se violaron artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la vía del exhorto para ejecutar una orden de aprehensión en otra entidad, pero antes el juez responsable debe revisar que efectivamente se trata de un delito, que sea un servidor público de la Ciudad de México, revisar si el servidor público tiene fuero o no y, en todo caso, verificar que se le haya retirado a nivel federal, en los casos de delito de ese ámbito y de fuero local.
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Todo está relacionado, sostuvo, con los artículos 40 y 121 de la Constitución General de la República, que requiere la soberanía de los estados y el segundo que limita la eficacia de las leyes de un estado para que surtan efecto en otro.