Se registran 466 homicidios dolosos en Nuevo León en lo que va del año

Monterrey, NL, 30 de abril- Nuevo León cerró el mes de abril con 131 homicidios dolosos, sumando 466 casos en el primer cuatrimestre, cifra que supera el total para el mismo periodo en una década. Incluso, la suma de este tipo de delitos durante los primeros cuatro meses de 2024, ya superan el total anual de 2015 cuando hubo 451 casos.

La entidad sufrió los índices más altos de violencia por las disputas entre las bandas del crimen organizado, entre 2011 y 2012, cuando se contabilizaron dos mil 003 y mil 459 homicidios dolosos, respectivamente.

A partir de 2013, en coincidencia con la creación de la Policía Estatal Fuerza Civil, empezaron a disminuir los delitos de ese tipo, pues ese año hubo 719 casos, en 2014 se redujeron 490 y en 2015 disminuyó la incidencia a 451 casos, cifra anual que fue superada en apenas los primeros cuatro meses de 2024, con 466 homicidios dolosos. En 2016 cuando se registraron 644 casos, se inició una tendencia en ascenso que se mantiene hasta este año, pues en 2017 hubo 656; en 2018 se disparó hasta 825 y para el 2019 se registraron 956 homicidios dolosos y en 2020 se registró una ligera baja al contabilizarse 914 delitos de ese tipo.

Después que desde 2011 y 2012 (con dos mil 003 y mil 459 casos), no se había vuelto a superar la cifra de mil homicidios dolosos en un año, en 2021 se rebasó otra vez la cifra al contabilizarse mil 069 delitos de ese tipo, en 2022 se llegó a mil 430, en 2023 hubo mil 411 y cuando apenas van cuatro meses de 2024, ya se acumularon 466 casos, cifra que supera en violencia el primer cuatrimestre de los últimos doce años. Sólo como ejemplo en comparación con los años que van de 2020 a la fecha, los más violentos de la última década, cabe mencionar que durante los primeros cuatro meses de 2021 hubo 324 homicidios dolosos, en el mismo periodo de 2022 hubo 398, en el primer cuatrimestre de 2023 se contabilizaron 432 y en el periodo enero-abril de 2024 ya se registraron 466 delitos de este tipo, 15 más que los 451 que hubo en los doce meses de 2015.

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la suma de este tipo de delitos durante los primeros cuatro meses de 2024, ya superan el total anual de 2015 cuando hubo 451 casos. Foto: Archivo

Desde febrero de 2023, cuando hubo 90 homicidios dolosos, van 14 meses consecutivos en los que se han contabilizado más de cien de esos delitos de alto impacto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base a los reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado.Esta racha de violencia inició en marzo de 2023 con 102 homicidios dolosos, abril con 128, mayo con 113, junio con 112, julio con 120, agosto siguió con 115, en septiembre se llegó a 140, en octubre se contabilizaron 118, en noviembre hubo 132, en diciembre 129, enero de 2024 cerró con 117, febrero con 115, marzo con 103 y abril registró 131 homicidios dolosos. Durante el mes de abril, Nuevo León lideró a los estados del país con más homicidios dolosos en tres ocasiones. El 15 de abril con 9 casos, seguido por Chihuahua con 8 y en tercer lugar Jalisco y Estado de México que sumaron 7 cada uno.

El día 20 de abril volvió a encabezar la lista de estados con más violencia en el país con 9 homicidios dolosos empatado con Michoacán, seguidos por Guanajuato con 8 y Tabasco con 7 casos. Finalmente el 29 de abril al empatar en 12 homicidios dolosos con el Estado de México, seguidos por Morelos con 7 y Guanajuato con 6 delitos de ese tipo.

El coordinador del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente Flores, señaló que la crisis de inseguridad que sufre Nuevo León, es porque el gobernador Samuel García Sepúlveda está más preocupado en hacer campaña para ganar el próximo Congreso y los ayuntamientos para su partido Movimiento Ciudadano, que en gobernar para todos.

Además -expresó- el mandatario estatal no tiene estrategia, y en lugar de hacer equipo con otras autoridades, se la pasa peleando con los alcaldes y los organismos autónomos, entre ellos la Fiscalía General de Justicia, a quienes castiga con la retención de partidas presupuestales para sus nóminas y gastos de operación, incluso para las policías municipales y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

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