Presentan amparo ante demora en solicitud de Alerta de Género en Coahuila; buscan que se garantice a mujeres una vida libre de violencia

La Asamblea de Mujeres que luchan por mujeres y Feministas independientes de la Laguna, interpusieron un amparo debido a la dilación del gobierno federal para designar a la persona encargada de los trabajos de la Alerta de Género en el estado, solicitud que fue admitida desde el 31 de julio de 2024.

“A pesar de que se admitió la Alerta de Género para Coahuila, su implementación sigue detenida debido a la falta de nombramientos clave”, comentaron los colectivos en un comunicado.

La Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres establece que una vez admitida la solicitud, como ocurrió en el acuerdo del 30 de julio de 2024, se conformará un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, mismo que tendrá 30 días naturales para realizar un análisis sobre los hechos de violencia señalados en la solicitud.

El tiempo entre la admisión de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y la Declaratoria no podrá exceder los 45 días naturales, según la Ley, sin embargo, a siete meses de admitirse, no hay avances.

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(ARCHIVO EL UNIVERSAL)

Los colectivos que presentaron el amparo, mencionaron que no pueden seguir esperando a que el gobierno decida actuar, por lo que la presentación del recurso legal busca que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“La justicia no se pide, se exige. Exhortamos a las autoridades federales a que, de manera inmediata, designen a la persona responsable de coordinar los esfuerzos de la Alerta de Género en Coahuila y garanticen que su implementación sea efectiva y con resultados reales. Exigimos justicia. Exigimos seguridad. Exigimos nuestro derecho a vivir”, dijeron a través de un comunicado.

La Alerta de Violencia de Género es un mecanismo jurídico legal que contempla la Ley General para el Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres y en ella se establece que deberá ser pronto y expedito, atendiendo a la situación de urgencia de los hechos documentados que motiva su solicitud y al territorio especificado en la misma, así como al principio de debida diligencia.

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