Por desaparición forzada piden hasta 50 años de prisión en Michoacán

En un contexto en el que en Michoacán la violencia ha repuntado recientemente, ayer le dieron en el pleno del Congreso del estado la primera lectura a la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas.

La iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la diputada local Mary Carmen Bernal Martínez, contempla penas de entre 30 y 50 años de cárcel a servidores públicos o a algún particular que cometan este ilícito.

El documento destaca que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la detención o privación de la libertad de una persona y omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha detención o privación de libertad.

Además, es sancionable el servidor público que oculte o mantenga dolosamente la ubicación del sujeto pasivo; se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre el hecho o sobre el paradero de la víctima; o dolosamente proporcione información falsa o rinda informe falso.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que en Michoacán, como en muchos otros estados del país, hay un vacío normativo en torno al tema de la desaparición forzada de personas.

Indicó que ante este panorama crítico era necesario crear una ley especial que regule lo relativo a la desaparición forzada de personas, por la importancia que reviste y que sirva para prevenir, sancionar y erradicar este ilícito en el estado.

Lamentó que ninguna autoridad tenga cifras oficiales referentes al tema y que los únicos registros que existen se refieren a víctimas de secuestro o privación ilegal de la libertad, sin especificar si se trata de una desaparición forzada.

Atestiguan víctimas. Mientras la diputada pedía a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estado poner énfasis a su propuesta, en la parte alta del salón de sesiones escuchaba atenta una michoacana, familiar de víctimas de desaparición forzada.

Laura María Orozco Medina y su mamá padecieron la desaparición forzada de su papá en 2008, y posteriormente de dos de sus hermanos en los años 2009 y 2012, respectivamente.

Laura María afirma que la cogobernabilidad del crimen organizado, en complicidad con autoridades de los tres órdenes de gobierno, les arrebataron a sus seres queridos.

Con mirada firme, pero con el dolor reflejado en el apretar de sus manos, Laura Orozco responsabiliza de los “levantones” de sus familiares cercanos a grupos armados del crimen organizado, elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como a personal militar.

Narra que los hechos ocurrieron en la comunidad de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, donde el 3 de julio de 2008 civiles armados que se identificaron como policías ministeriales federales ingresaron a su casa y sacaron con violencia a su padre, Leonel Orozco Ortiz.

El 18 de abril del 2009, tras atestiguar la “detención” de uno de sus hermanos, Leonel Orozco Medina, de 17 años, el menor de esa familia fue subido a un vehículo no rotulado por personas que se identificaron como elementos de la desaparecida AFI y desde entonces, asegura, nada se sabe de él.

Laura recuerda que como resultado de haber denunciado y exigir a las autoridades investigaciones serias, también se llevaron a su otro hermano, Moisés Orozco Medina, el 22 de mayo de 2012.

A partir de ese momento, Laura se volvió activista en una organización no gubernamental de búsqueda de personas no localizadas, bajo la figura de desaparición forzada y exige el regreso con vida de sus familiares; actualmente estudia un posgrado en Derecho en Morelia.