Chilpanchingo.— Los matrimonios forzados de niñas en algunos pueblos de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero son un problema antiquísimo que en 2021 se puso en el debate nacional al llegar a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades. Puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos indígenas”, dijo López Obrador el pasado 26 de octubre.
Pese a eso, en pueblos de La Montaña y la Costa Chica los matrimonios forzados de niñas se mantienen como parte de los llamados “usos y costumbres”.
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Este año, además de la relevancia mediática que tuvo esta situación, algunas niñas y adolescentes expusieron sus casos, lo que deja ver que quedan decenas más silenciados por las familias.
Se supo de mujeres que cuando eran niñas se negaron a ser vendidas o de otras que ya en “matrimonio” decidieron concluirlo. En ambos casos, sufrieron las consecuencias.
Pese a que las denuncias de matrimonio forzado no son nada nuevo, este año se develó lo brutal que puede resultar esta práctica para las niñas: encarcelamiento, hostigamiento y hasta el exilio.
La pobreza, el fondo del problema
Neil Arias es abogada del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y en los últimos siete años ha documentado más de 50 casos de venta de niñas.
Explica que los matrimonios forzados continúan por dos factores: el desinterés de las autoridades y la pobreza que prevalece en esos pueblos.
Los ayuntamientos, que son la autoridad más cercana, no mueven un dedo para evitar la venta de niñas y, cuando una mujer ya no quiere seguir en la relación, siempre le dan el lado al que paga.
El otro problema es estructural: la pobreza.
Muchas veces con la venta de las niñas las familias se quitan una boca de encima, es un gasto menos, pero, agrega Arias, igual de pobres son los que pagan por las niñas.
La abogada afirma que la pobreza va acompañada de la falta de escuelas, de hospitales y de caminos. “Estas niñas, niños y jóvenes no tienen alternativas para un futuro”, dice.
Muchas veces, las familias pagan por una esposa para sus hijos para que no se vayan solos de jornaleros. Por lo regular, para pagarlas se endeudan, venden sus animales o se van a trabajar largo tiempo para juntar ese dinero. Al final saben que es una inversión, porque la mujer por la que pagaron trabajará —de una u otra forma— para recuperar el dinero.
La historia de Angélica
El 15 de diciembre, Angélica, una adolescente de 15 años, intentó regresar a su pueblo, Joya Real en Cochoapa El Grande, en La Montaña de Guerrero. No pudo. La comisión que la acompañó determinó que el lugar era hostil para ella: la puerta de su casa la hallaron macheteada.
Angélica fue obligada a casarse cuando tenía 12 años con un joven que no conocía, por 110 mil pesos. En cuanto se concretó el “matrimonio”, el “esposo” se fue a Estados Unidos a trabajar por la falta de empleos en la región. Angélica se quedó viviendo en la casa del “esposo”.
Su “suegro” la intentó violar en distintas ocasiones hasta que Angélica escapó el 29 de septiembre.
El “suegro” pidió a la Policía Comunitaria del pueblo que la detuvieran y la encarcelaran hasta que devolviera 210 mil pesos, el doble de lo que pagaron por ella.
Los comunitarios la detuvieron y se la llevaron junto con su tía, una mujer de 70 años, y sus tres hermanas: una de ocho años y las otras dos de seis.
Tanto Angélica como sus tres hermanas pasaron 11 días encarceladas. A su tía, días antes la dejaron en libertad.
El caso de Angélica llegó a conocerse porque su madre, Concepción, lo denunció el 9 de octubre en un hospital, en el municipio de Ometepec.
Ese día, Concepción llevó comida a la comisaría para sus tres hijas. Discutió con los comunitarios y uno de ellos la golpeó.
Concepción estaba embarazada de trillizos. La agresión le provocó el aborto: se desangró en el pasillo de la comisaría.
Como el caso tuvo difusión nacional, se tomaron medidas contra los agresores.
Sin embargo, para que Angélica regrese a su pueblo los pobladores pusieron condiciones: que se libere al “suegro”, que está preso por el delito de violación, y también pidieron la liberación de los dos policías comunitarios que la encarcelaron.
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El escape de Anayeli
Eran las 8 de la mañana del lunes 22 de noviembre cuando Anayeli, de 15 años de edad, escapó de su casa en la comunidad Joya Real, en Cochoapa El Grande. Ese día debía casarse con un adolescente de 16 años que no conocía.
Todo estaba listo. El viernes y el domingo, la familia del joven ofreció una fiesta para acordar el matrimonio. Mataron una vaca, hubo cervezas, refrescos, música de banda. El casamiento se pactó para el lunes.
La madre de Anayeli acordó casarla por 200 mil pesos.
Ese lunes, muy temprano, Anayeli escapó. Se refugió en la casa de un amigo, otro menor de 15 años. Las dos familias, la de Anayeli y la del “novio”, dieron aviso a la comisaría del pueblo. Los policías salieron a buscarla hasta que la hallaron. La encerraron en la comisaría, junto con el joven que la refugió.
Para liberarla exigieron a Anayeli que se casara, pero, sobre todo, que su familia regresara los 56 mil pesos que gastaron en las fiestas que ofrecieron porque ya los había “ofendido”.
Los 200 mil pesos serían entregados en la fiesta.
Un día después, muy temprano, a las oficinas del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, entró una llamada telefónica anónima denunciando que en la comisaría de Joya Real tenían encarcelada a Nayeli por negarse a casarse.
Anayeli y el otro menor fueron liberados y están en custodia del DIF estatal.
Una estrategia sin estrategia
Este año fue la primera vez que el gobierno de Guerrero anunció una estrategia para prevenir, combatir y erradicar los matrimonios forzados.
El 10 de noviembre, la gobernadora Evelyn Salgado firmó un convenio con dependencias federales y con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hasta el momento, la estrategia no es clara. Se firmó el acuerdo, pero no se anunció cuál será el presupuesto para implementarla ni tampoco quién será el encargado de encabezarla.
El anuncio de la gobernadora fue criticado, de entrada, por la falta de presupuesto y precisión de la estrategia, pero también por la falta de cercanía que ha mostrado la morenista: del acuerdo quedaron excluidos los pueblos de La Montaña, la Costa Chica y sus mujeres.
“[La gobernadora] tiene que recorrer las comunidades, explicarles a los pueblos directamente que vender a una niña es un delito”, dijeron mujeres de Cochoapa El Grande en conferencia en Chilpancingo.
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