Bruselas.- Eran alrededor de las 5 de la mañana del domingo 21 de noviembre, cuando el doctor David Armando Suayfeta Méndez , fue asesinado en el estacionamiento de la clínica número 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en .

Al llegar a su vehículo un grupo de hombres armados abrió fuego y lanzó bombas molotov hasta incendiar la unidad con el doctor en su interior. El médico acababa de terminar su turno de guardia cuando falleció.

“No está claro si el médico fue asesinado primero o si murió cuando los perpetradores prendieron fuego al vehículo”.

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Con la narración del asesinato y calcinación del médico , la organización Safeguarding Health in Conflict Coalition arranca su informe sobre violencia y obstrucción del trabajo de sanitarios en México durante el 2020.

La red compuesta por 40 organizaciones, entre otras, el Consejo Internacional de Enfermeras, reporta el asesinato de 185 trabajadores de la salud en todo el mundo en 2020, por arriba de los 167 y 150 contabilizados en 2018 y 2019, respectivamente.

“Las razones de la violencia son diversas y a veces complejas, más no la explicación de la permanente impunidad: los Estados no han cumplido con sus compromisos de tomar medidas, individualmente o como parte de un esfuerzo internacional, para prevenir la violencia contra los trabajadores médicos o detener a los responsables”, escribe en forma de introducción el titular de la Coalición, Len Rubenstein.

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Siete sanitarios fueron asesinados en México el año pasado, tres de ellos mujeres, una paramédico, una directora de hospital y una más sin identificar. Todas fallecieron por disparos efectuados desde vehículos en Guerrero y Veracruz.

Las otras tres víctimas correspondieron a un médico naval encontrado sin vida en Guerrero, un trabajador sanitario transgénero identificado a un costado de una carretera de Morelos y el médico Jesús Torres Martínez del Distrito 1 de Tuxtla, Chiapas, cuyo cuerpo fue descubierto al interior un tinaco y envuelto en una sábana.

El número de sanitarios secuestrados ascendió a 14, todos estuvieron asociados a un incidente que tuvo lugar en mayo; habrían estado privados de su libertad en dos hoteles ubicados en Tacubaya y rescatados por las autoridades.

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“Los trabajadores de la salud, quienes habrían acudido en respuesta a casos de Covid-19 , fueron amenazados por teléfono o videollamada . Las personas afirmaban tener el control de las cámaras de vigilancia del hotel y amenazaban con violencia si intentaban salir”.

En total fueron reportados 28 incidentes relacionados con los servicios sanitarios del país, 16 de ellos fueron violentos o dirigidos a obstruir el ejercicio médico. Guerrero contabilizó cuatro, el mayor número, seguido por Morelos, Veracruz y Ciudad de México con dos respectivamente. Baja California, Michoacán, Chihuahua, Chiapas y Sonora conforman el resto de la lista; una entidad no está identificada en el reporte.

“En 2020, los proveedores nacionales de salud se llevaron la peor carga del impacto negativo de la violencia o la obstrucción de la atención médica en México. Casi la mitad de los incidentes (violentos) reportados, involucraron a médicos, enfermeras y paramédicos asesinados a tiros”.

“En algunos casos, sus cuerpos fueron abandonados a un costado de la carretera”, indica el informe. Tan solo en junio, los cuerpos de tres sanitarios fueron descubiertos en Guerrero, Morelos y Veracruz, puntualiza.

Sostiene que el personal sanitario tanto femenino como masculino se ve afectado por un conflicto caracterizado por el uso de fuerza armada por parte de organizaciones no estatales.

Señala que el Conflict Data Program (UCDP) desarrollado por la Universidad sueca Uppsala, contabilizó el año pasado 14 conflictos no estatales en México, tres más que en 2019.

Asegura que algunos cárteles, como Jalisco Nueva Generación, están envueltos en choques con siete distintos grupos y cada una de las rivalidades ha resultado en la muerte de miles de personas.

“Los principales responsables de la violencia o de la obstrucción de la atención médica en México fueron grupos armados anónimos no estatales”.

Señala que la afiliación de los perpetradores rara vez es aclarada, aunque se presume que los responsables están asociados a grupos delictivos o autodefensas.

También hubo incidentes en Guerrero, Sonora y Veracruz en los que agresores irrumpieron en hospitales para asesinar a pacientes. “No es claro si las víctimas eran miembros de bandas rivales o si fueron asesinados para silenciarlos”.

La red humanitaria afirma que las cifras expuestas en el informe son sólo una estimación mínima del daño causado por la violencia en la atención de la salud . Sostiene que la gravedad del problema probablemente es mucho mayor, debido a que muchos de los incidentes no son reportados.

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