Chihuahua.— La contienda electoral por la gubernatura del estado está definida por una serie de confrontaciones políticas y judiciales que bien podrían trazar un final incierto para lo que se definirá el 6 de junio próximo.
Actualmente, Chihuahua es gobernada por el panista Javier Corral Jurado y la mayoría del Congreso local sigue siendo de Acción Nacional, por lo que, tras los múltiples enfrentamientos entre el mandatario local y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la entidad norteña se ha convertido en una de las joyas más deseadas para Morena, pero no tan fácil de conseguir, de acuerdo con analistas.
El pasado 24 de enero, el PAN realizó una elección interna en Chihuahua en la que María Eugenia Campos Galván, actual alcaldesa con licencia de la capital del estado, se impuso al senador Gustavo Madero Muñoz, obteniendo con ello la candidatura.
No obstante, se generó una división entre los simpatizantes de ambos grupos por las versiones del supuesto respaldo que tuvo Campos Galván por parte de Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.
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Campos Galván ha sido señalada como presunta beneficiaria de la nómina secreta del exgobernador César Duarte, por lo que tiene abierta una investigación.
Para Francisco Ortiz Bello, analista político en Ciudad Juárez, Campos Galván tiene hoy una clara ventaja sobre su adversario más cercano, el exdelegado federal de los programas de Bienestar en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien compite con el cobijo de Morena.
“En este momento hay coincidencia en que la ganadora sería Maru Campos. Evidentemente, las campañas cambian o pueden cambiar el escenario, pero hay otro elemento que no debemos pasar por alto y esto es el proceso penal contra Maru. Independientemente de las opiniones vertidas de ambas partes, lo cierto es que el proceso existe y hay una carpeta de investigación, documentos y testimonios”.
Señaló que, de no ejecutarse una orden de aprehensión antes del proceso electoral, Chihuahua estaría ante un hecho inédito en el que una candidata realice campaña siendo indiciada en un proceso penal e incluso mencionó que este tema deberá resolverse en los juzgados; sin embargo, puede eventualmente llegar a obstaculizar un proceso normal de campaña política.
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“Tampoco se puede dejar de considerar que, en cualquier momento, una resolución judicial podría cambiar todo el escenario de la elección”, precisó.
Agregó que es de llamar la atención el hecho de que la sociedad cobije a una persona que está en esta situación, toda vez que sigue encabezando las encuestas de preferencia.
En referencia al abanderado de Morena, dijo que “Juan Carlos Loera es un candidato débil, con una propensión a confrontarse con la gente, lo cual es un sinsentido en una campaña”.
No obstante, Loera de la Rosa podría verse beneficiado si la candidata del PAN fuese retirada de la contienda debido al proceso penal que enfrenta.
Por otro lado, Ortiz Bello consideró que el norte nunca ha sido escenario favorable para la izquierda o para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Señaló que, aunque en las pasadas elecciones tuvieron triunfos relevantes, no fueron arrasadores e incluso perdieron en las ciudades más importantes.
“No podemos sobredimensionar el efecto López Obrador, quien además esta vez no estará en la boleta y Chihuahua es la entidad donde menor aprobación tiene. Sin duda, Chihuahua es el estado que más castiga a López Obrador”, afirmó.
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Finalmente, aseguró que contendientes como Graciela Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Alfredo Lozoya Santillán, de Movimiento Ciudadano (MC), jugarán un papel testimonial de la elección, pues la gubernatura exige una estructura operativa y trabajo territorial muy grande que difícilmente lograrían estos candidatos.